Caso “cuadernos quemados”. Algunos cabos sueltos

Aleardo Laría.

En la década del 70, los servicios de inteligencia de la dictadura militar, montaron en Madrid una operación mediática, ofreciendo una conferencia de prensa de un “montonero” supuestamente arrepentido. La trama quedó al descubierto cuando, en un despiste, el supuesto “montonero” utilizó la expresión “subversivos” – un calificativo de la jerga militar- para referirse a sus supuestos compañeros. Desde entonces, los servicios de inteligencia argentinos han fraguado numerosas operaciones con tan dispares resultados, que ha llevado a pensar a no pocas personas sin aún se puede seguir usando la expresión “inteligencia” para caracterizarlos.

En el caso que acaba de abrir el juez federal Claudio Bonadío, basado en las fotocopias de unos cuadernos que habría escrito el chófer de Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación del ministro Julio De Vido, se abren algunos interrogantes. Dado el llamativo itinerario recorrido por los famosos cuadernos, se generan inevitables suspicacias sobre si no ha existido una intervención preparatoria de los servicios de inteligencia del Estado. La escabrosa historia del espionaje argentino obliga a una actitud de prudencia: si en una investigación penal aparecen atisbos de manipulación, hay que evitar comprar hipótesis falsas para no ser víctima ingenua de estas operaciones políticas.

En el escándalo judicial y mediático que se ha desatado a raíz de los “cuadernos” del suboficial del Ejército Oscar Centeno –en los que se hace un relato minucioso de los viajes en los que supuestamente trasladaba a despachos oficiales la recaudación ilegal obtenida de las empresas del “club de la obra pública”- hay muchos cabos sueltos. El más relevante es que los famosos “cuadernos” de los que todo el mundo habla, no obran en el expediente judicial y solo existen unas fotocopias de escaso valor como prueba en un juicio penal. Según propia confesión, Centeno los quemó en una parrilla de su casa pensando que podrían servir para incriminarlos, pero curiosamente, meses antes se los había entregado a otro ex policía y remisero amigo quien a su vez se los entregó a un periodista conocido “sin haberlos leído”. Demasiadas acciones contrarias al sentido común, dado que cualquier persona atemorizada hubiera quemado los cuadernos antes que entregarlos en préstamo a un amigo.

Antes de continuar adelante con el desarrollo del tema, conviene hacer algunas precisiones. En Argentina existe un fenómeno de corrupción estructural que viene, al menos, de la época del gobierno de Carlos Menem. El hecho de que los empresarios de la obra pública entreguen a políticos del Gobierno o a los funcionarios que licitan esas obras, una suerte de “impuesto revolucionario” con el propósito de financiar la actividad política, no es ninguna novedad. En este caso estaríamos ante un caso de financiación ilegal de partidos políticos y no necesariamente de sobornos. De allí que según relata La Política Online, el juez Claudio Bonadío se enojó con los primeros testimonios del empresario “arrepentido”, ex CEO de Isolux, Juan Carlos Goycochea. “Los primeros testimonios de Goycochea, según afirmaron a LPO fuentes judiciales, hicieron enojar a Bonadío. Es que el empresario habría minimizado los montos que figuran en la causa como supuestos pagos de coimas al kirchnerismo y dijo que se trataban de “aportes de campaña”. Ese testimonio eventualmente podría desengancharlo de la causa que instruye Bonadío y obligar a abrir otra paralela, vinculada al financiamiento de la campaña”.

Los medios periodísticos hablan de “corrupción” y de “coimas” como hechos genéricos pero estas palabras pueden referirse a hechos jurídicamente muy diferentes. Los delitos de cohecho y tráfico de influencias vienen regulados en el artículo 256 y siguientes del Código Penal Argentino. Requieren la prueba endiablada de que el funcionario ha recibido un dinero a cambio de una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. En cambio la financiación irregular de los partidos políticos está tipificada en figuras que contempla la Ley 26.215 de Financiación de Partidos Políticos. El artículo 15 de esa ley establece la pérdida del derecho a recibir aportes por haber recibido donaciones, aportes o contribuciones prohibidas. Por otra parte, son infracciones de competencia de la Cámara Electoral y no de los juzgados federales. Es decir que si como Hugo Alconada Mon y Diego Cabot titulan en La Nación que “la Justicia sospecha que Cristina Kirchner ordenó pedir coimas para hacer campaña” (edición del 5 de agosto 2018) la competencia para determinar si tal cosa sucedió no la tendría el inefable Claudio Bonadío sino la Cámara Nacional Electoral.

Distintos autores han abordado el fenómeno de la financiación ilegal de los partidos en Argentina que comenzó como una simple picardía pero que luego ha derivado en un descarado acto de apropiación directa de los fondos para los bolsillos de quienes cumplían la labor de recaudación. Horacio Verbitsky en su libro “Robo para la Corona” o Jorge Asís en “La marroquinería política” relataron esta práctica consuetudinaria. El caso del Lava Jato en Brasil ha permitido conocer el modus operandi de estas tramas de corrupción que vinculan a empresarios con políticos. De modo que el relato que aparece en las fotocopias de unos cuadernos escritos por el chófer de un alto funcionario kirchnerista que actuaba como recaudador, es bastante verosímil. Nuestra opinión expresada en forma intuitiva, sin que hasta el momento haya sido confirmada por sentencia alguna, es que Néstor Kirchner había organizado un aceitado sistema de recaudación de “impuesto revolucionario” que cobraba a los empresarios vinculados a la obra pública y que trataba de evitar desvíos, controlando que el total de lo recaudado llegara a sus manos. Es probable que le hubiera asignado a Oscar Centeno esa misión de control lo que explica el minucioso relato que contienen las fotocopias de los cuadernos del chofer del recaudador Baratta.

No obstante lo expresado anteriormente, lo cierto que viendo las cosas desde la perspectiva jurídica, en el caso que impulsa con entusiasmo el juez Claudio Bonadío, existen varios cabos sueltos. Por ejemplo, dice el diario “La Nación”:“En cuanto a los ocho cuadernos, los investigadores no lograron acceder a los originales. Lo que tienen son fotocopias de todo su contenido. Se los dio “La Nación”, que sí los tuvo en su poder y los devolvió antes de darle copias a la Justicia. También aportó más de 40 videos y fotos.” Como reconoce el periodista Diego Cabot, recibió una caja de madera con los cuadernos de un ex policía y remisero, Jorge J. Bacigalupo, y luego de estudiarlos durante dos meses, se los devolvió sin hacerlos llegar a los tribunales de justicia, como es la práctica usual cuando un periodista obtiene pruebas de un delito.

Si no están los originales no se puede hacer la prueba caligráfica para determinar si la letra es de Centeno y las pruebas sobre la tinta para establecer la fecha en que las anotaciones fueron efectuadas. Es decir que es posible aceptar que tales cuadernos existieron y fueron un registro de viajes de un chófer de un alto funcionario, pero ya no se puede establecer si el contenido que muestran las fotocopias se corresponde con el contenido original de los cuadernos. Con esos antecedentes es una prueba que un tribunal imparcial probablemente declararía nula en un juicio plenario.

Debe añadirse a lo anterior, que según afirma el periodista Carlos Pagni, falta un cuaderno. Lo cual acelera la sospecha de manipulación de esa prueba o al menos que fue preparada por alguien antes de que las fotocopias entraran en manos de la Justicia. Dice Pagni; “Falta un cuaderno. ¿Quién decidió que ese cuaderno no aparezca? ¿Habrá nombres que se deben cuidar? ¿Quién cuida la información de ese cuaderno?” Entre el 1 de noviembre de 2013 y el 2 de junio de 2015 no hay registros o, mejor dicho, fotocopias de los registros. Tampoco queda claro el motivo por el que esas fotocopias fueron entregadas en el juzgado de Claudio Bonadío probablemente para eludir que la nueva causa fuera objeto de sorteo.

Otra cuestión opinable es si esas fotocopias son suficientes para sustentar la eventual responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en esta supuesta trama. Por ejemplo, Carlos Pagni opina que “hay un halo de que Cristina no estaba en la misma línea que Néstor Kirchner. ¿Cuál es el rol de Cristina Kirchner en todo esto? Centeno entraba a Olivos, ¿alguna vez se vio con Néstor o Cristina?”. Néstor Kirchner murió el 27 de octubre de 2010 y a partir de allí se interrumpe el relato de Centeno, lo cual es un indicio de que CFK no estaba al tanto de la maniobra, o si lo estaba, le puso término. Luego se reanuda “el valijero” el 6 de mayo de 2013. Allí Centeno afirma que esa iniciativa se debió a “una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la presidenta CFK, en la cual se instruyó para que sigan recaudando de las empresas para la próxima campaña”. Como obviamente Centeno no estuvo en esa reunión no está claro si CFK realmente autorizó reanudar la recaudación; o si fue una decisión autónoma de De Vido y Baratta sin conocimiento de CFK; o si es una frase dictada por un servicio de inteligencia. Pero aún si otorgamos verosimilitud a lo expresado por Centeno estaríamos ante una infracción de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y no ante casos de cohecho.

Las referencias anteriores merecen ser contrastados con otra reciente nota del periodista Alconada Mon en la que afirma lo siguiente: “Faria explicó que Odebrecht pagó esas coimas y que “andaba todo bien”, sin que el ministro Julio de Vido o su lugarteniente en el Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, se quejaran. Hasta que murió Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010, y todo cambió. “Lo primero que decidimos hacer es dejar de pagar”.
En definitiva, y dicho todo en forma provisional hasta que se obtengan nuevas pruebas, es plausible pensar que Néstor Kirchner centralizó un sistema de recaudación de “impuesto revolucionario” que hasta entonces estaba disperso. Pero aparentemente todavía no hay pruebas que incriminen a CFK en la continuación de esa operatoria. Lógicamente, no es Claudio Bonadío el juez probo que nos permita garantizar una investigación imparcial. Como señala Edi Zunino en Perfil, “el juez y el fiscal no son confiables. Sobre todo el primero, Claudio Bonadío, parece obsesionado con CFK y la propia Cámara Federal debió llamarlo a recato en un par de causas. Ambos son personajes influyentes en la dirigencia política, sobre todo peronista”.

En cuanto a los contenidos de los cuadernos, ya sea un relato verídico o unos textos manipulados por los servicios de inteligencia del Estado, lo cierto es que aparentemente reflejan una realidad estructural que se remonta a la época del menemismo. La detención de empresarios vinculados al poder parece ofrecer la posibilidad de que el este sistema instalado de financiación irregular deje de operar. Sin embargo, el uso político de las investigaciones penales por jueces políticos como Bonadío, no ofrecen garantías de que estos procesos lleguen a buen fin.

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