Inofensivos corderitos frente a voraces lobos políticos

Aleardo Laría.

Según la tesis del juez Claudio Bonadío, aplicada para liberar al “primo” Ángelo Calcaterra, algunos empresarios argentinos, como si fueran inofensivos corderitos, debieron pagar a los desaprensivos lobos políticos aportes para la campaña bajo pena de no cobrar los certificados de las obras públicas. De esta manera, el caso de los “cuadernos de los sobornos”, por arte de birlibirloque de Bonadío, se habría convertido en un caso de “exacciones ilegales de funcionarios públicos”, donde los empresarios pasan a ser víctimas inocentes. Demasiado fácil para creerlo. Sin embargo, hay algo más detrás de este escenario de cartón piedra. ¿Cómo ocultar un elefante en la calle Florida de Buenos Aires? Según la sabiduría popular “cubriendo la calle con una manada de elefantes”. Como argumentaremos a continuación, esta es la clave para entender el hilo conductor que vincula el caso de “los cuadernos de las coimas” con una estrategia dirigida a blindar a los responsables locales de las derivaciones del Lava Jato brasileño.

Antes de avanzar en el desarrollo de nuestra hipótesis, conviene hacer alguna precisión destinada a los lectores de buena fe. En la Argentina de la grieta, solo se puede ser “kirchnerista” o “macrista”: tertium non datur. Sin embargo, también se puede hacer un esfuerzo por enfocar los problemas desde la perspectiva de un observador imparcial que intenta ofrecer una respuesta racional a los interrogantes que van surgiendo. Al carecer de adscripción partidaria, nuestra ubicación ideológica se determina en base a los siguientes principios: 1. El Estado es un bien público que no puede ni debe ser patrimonializado por los ocasionales locatarios del poder. 2. La división de poderes obliga a respetar la independencia de los jueces de igual modo que obliga a los jueces a no hacer política partidista con sus resoluciones. 3. Desde una perspectiva garantista, la prisión preventiva no puede ser usada para encarcelar a los “enemigos” y los jueces deben hacer una aplicación imparcial del Derecho. Esta posición necesariamente da lugar a un sesgo, puesto que la crítica siempre será más dura para quien está haciendo un uso efectivo del poder y no para quien espera en el llano recuperarlo.

Nuestra hipótesis de partida es que el “caso de los cuadernos” está estrechamente vinculado a las derivaciones locales del “Lava Jato”. Sostenemos que se ha querido abrir un nuevo caso resonante de corrupción para que entre tantos elefantes quede difuminado un caso que todavía no se ha abierto pero cuyos autores, y en especial el Gobierno, conocen la dimensión que tiene. La espectacularidad del “caso de los cuadernos” se ha conseguido, con toda probabilidad, gracias al trabajo previo de coordinación de los operadores judiciales del Gobierno. No es fácil coordinar todas las piezas de una operación compleja y de alto riesgo, puesto que al implicar a los empresarios del “círculo rojo”, es difícil hacer un control exacto de daños. Pero los devastadores efectos locales que podría llegar a tener el Lava Jato en Argentina obligaba a una iniciativa audaz y previsora.

. Caso “cuadernos”
En el caso de los “cuadernos” hay dos interrogantes que cualquier lector de novelas policiales desearía develar. El primero es el motivo por el que los famosos cuadernos originales fueron sacados de la escena del crimen y supuestamente “quemados” por el chofer Oscar Centeno, después de habérselos prestado a su amigo Jorge Bacigalupo. Nuestra tesis, de modo provisional, es que los cuadernos realmente existieron, pero para darles espectacularidad había que introducir algunos potenciadores del sabor que impedían presentar los originales ante un juez para soportar las pericias caligráficas y de tinta. De allí la operación de entrega a un periodista para que los escaneara y operar luego con esas copias como si fueran los originales. Como ha señalado el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, la falta de los originales no impide darle valor indiciario a las copias, pero aquí se debe hacer una distinción importante. Las copias pueden servir para comprobar, por ejemplo, que los viajes relatados realmente se hicieron si se confirma con otras evidencias, pero no sirven para acreditar todos los hechos relatados, algunos muy relevantes como, por ejemplo, las cantidades que dicen haber sido transportadas. Esta ausencia de valor probatorio respecto de los contenidos es lo que le ha permitido al inclaudicable juez Claudio Bonadío aceptar la versión del “primo” Ángelo Calcaterra de que su empresa había entregado para campañas electorales alrededor de 200.000 dólares, una suma muy alejada de los 12 millones de dólares que es la cuenta que sale de los cuadernos. Según el propio Calcaterra en declaraciones a La Nación, las cantidades que aparecen en los cuadernos son “disparatadas”. Esa minuciosa descripción de las cantidades que habían sido recaudadas en cada viaje es uno de los motivos que restan credibilidad a esa parte del contenido de los cuadernos. No se puede racionalmente saber que método tenía el chofer Oscar Centeno para contar un dinero que estaba en unos bolsos. Por otra parte, si tomamos como referencia el Lava Jato, los sobornos por cantidades millonarias no se entregan en efectivo porque luego es muy difícil conservarlo bajo resguardo, como pudo comprobar José López con sus 9 millones de dólares arrojados a través de los muros de un convento. Lo “profesional”, en este mundo de bites, es que esos pagos se hagan mediante transferencias a cuentas de sociedades situadas en paraísos fiscales. No obstante, si se acreditara por otros medios que las cantidades trasegadas son las que indican los cuadernos, entonces sería más difícil pensar en contribuciones para la campaña y más natural pensar en sobornos. 

Finalmente, en relación con este tema –en respuesta a los escépticos- habría que decir que si los cuadernos originales hubieran sido presentados al juez, como la lógica indica, todas estas especulaciones estarían de más. Por eso justamente llama tanto la atención esta anomalía. También es llamativo el riesgo asumido por el periodista Diego Cabot al no entregar a un juez la prueba que tuvo en su poder durante dos meses: el artículo 277 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:..b) ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer”.

El segundo interrogante que aún no encuentra respuesta racional es el motivo que llevó a Oscar Centeno a hacer un registro tan minucioso, casi obsesivo, de las visitas efectuadas. Según declaraciones del abogado de Centeno, Gustavo Kollmann, al canal TN, su objetivo no era extorsionar al licenciado Roberto Baratta –como afirmó la mujer del chofer- sino “un poco comenzó como una costumbre, tal vez originada en su pasado castrense, de llevar una especie de bitácora de novedades. Eso sumado a su trabajo de remisero, que llevan una libretita donde anotan sus viajes. Por eso tomaba nota de todo. Pero además, de alguna manera, las cosas que escuchaba y veía lo hicieron ser más minucioso aun como para tener una especie de resguardo. Aunque no lo crean, él tenía miedo de perder su trabajo y un poco también de las consecuencias ulteriores de todo esto”. No parece una explicación convincente. Es más plausible pensar que Centeno hizo este minucioso trabajo por encargo y, en este caso, existen dos posibilidades: o trabajaba como informante de los servicios de inteligencia del Estado o había recibido un encargo de alguien en especial, eventualmente del ex presidente Kirchner. De hecho Centeno reconoce haberse entrevista con Kirchner, lo que no parece un gesto habitual de simple cortesía de un ex presidente con un chofer. En cualquier caso, no sabemos exactamente el motivo de las anotaciones de Centeno, pero cabe pensar que los servicios de inteligencia del Estado no han sido ajenos a esa elaborada información o, al menos, que los cuadernos finalmente llegara a sus manos.

En relación con el destino final de esta causa, deben tenerse presente los tipos penales que están en rivalidad para no dejarse confundir por los grandes medios que utilizan las palabras coimas y sobornos de un modo poco riguroso. El capítulo VIII que regula el cohecho y el tráfico de influencias establece una pena de prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para “el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones” (art. 256). Al mismo tiempo sanciona con igual pena al particular que “directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256”. Es decir que el cohecho (popularmente conocido como coima o soborno) es siempre un delito de doble faz, donde hay un actor pasivo que recibe el cohecho y otro activo que lo ofrece y entrega. La otra figura relacionada con el tema es la que contempla el capítulo IX titulado “exacciones ilegales” y que establece prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, para “el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”. En este caso, al ser el pagador una víctima de un delito, es eximido de toda responsabilidad penal. Finalmente, si se tratara de simples donaciones no declaradas para la campaña política de un partido político, no existen sanciones de prisión en la Ley de Financiación de los Partidos Políticos y solo multas o inhabilitación electoral para el partido que se financió irregularmente o la persona física que hizo los aportes.  Desde la casuística penal, la “causa cuadernos” podría perfectamente encajar en cualquiera de estos tipos penales, pero todo dependerá del resultado de pruebas más consistentes que los cuadernos. Lo que no se puede, evidentemente, es aplicar por los mismos hechos un tipo penal a unos acusados y otro tipo penal a otros.  

Según lo expresado por el fiscal, la intención del juez Bonadío es aplicar a los funcionarios kirchneristas la figura de la asociación ilícita, tipificada en el artículo 210 del Código Penal. Según esta disposición “será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”. En la doctrina penal se discute la constitucionalidad de esta figura por varios motivos. Se trata de un delito de peligro abstracto, ya que no requiere principio de ejecución lo que conculca el principio de lesividad. La doctrina garantista la considera una figura propia de los sistemas inquisitivos, donde basta la mera sospecha o se consagra el derecho penal de autor. En los casos de acusados que integran organizaciones civiles, comerciales o instituciones públicas, sería de automática aplicación por la existencia de un vínculo previo. Por ejemplo, se podría aplicar a los empresarios reunidos en la Cámara de la Construcción por el solo hecho de integrarla o a los componentes de cualquier gobierno de un Estado nacional o provincial por estar incorporados a un organigrama oficial, lo que sería claramente abusivo. No obstante, de un juez que para sostener una acusación de “traición a la Patria” ha argumentado que Argentina estuvo en guerra con Irán, es posible esperar una decisión en cualquier dirección.

En el “caso cuadernos” se han verificado numerosas irregularidades, como el uso arbitrario de la prisión preventiva para conseguir declaraciones acordes con los deseos de su señoría, o la adjudicación del caso a un fiscal elegido por un periodista (fórum shopping). Es evidente que el fiscal Carlos Stornelli no siguió el procedimiento legal de enviar a sorteo la causa y el juez admitió esta irregularidad. Pero donde la audacia del juez Bonadío alcanza mayor vuelo es en la contradictoria decisión que dicta al aplicar la exención de prisión al “primo” Ángelo Calcaterra. Luego de haber tomado un café en el juzgado, el empresario ha sido liberado porque el juez considera verosímil su relato de que fue “víctima” de una extorsión por los funcionarios kirchneristas, mientras paralelamente mantiene en prisión preventiva a los otros empresarios que todavía no se han arrepentido, bajo la figura del cohecho. A ningún juez penal en su sano juicio se le ocurriría aplicar a un mismo supuesto de hecho figuras penales tan contrapuestas.

. El Lava Jato y la figura del arrepentido
El Lava Jato fue una megaoperación anticorrupción llevada adelante por el juez brasileño Sergio Moro, que permitió desbaratar una red de corrupción que giraba alrededor de las contrataciones públicas con la empresa estatal Petrobras. La principal beneficiaria de las contrataciones, luego de pagar generosos sobornos, era la constructora más importante del Brasil y América Latina, la empresa Odebrecht. El juez llevó a cabo una investigación rigurosa, aprovechando las posibilidades que ofrecían los denominados “acuerdos de delación premiada”, regulados por una ley que permite otorgar reducciones de pena e inclusive la prisión domiciliaria a quienes colaboran con la Justicia ofreciendo información precisa que pueda ser contrastada, como números de cuentas bancarias, cantidades transferidas, personas que fueron recepcionistas finales de esas transferencias, etc. El resultado global de la operación, hasta el momento, ha dado lugar a la condena de 123 empresarios y políticos. El principal ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, abandonó la cárcel y quedó bajo prisión domiciliaria luego de cumplir solo dos años y medio de una condena que ascendía a 19 años. Por ese motivo, algunos críticos consideran que los beneficios de la “delación premiada” son desproporcionados.

En Argentina, en octubre de 2016, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que amplía a los casos de corrupción la figura del arrepentido que estaba prevista en el Código Penal solo para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico. La norma establece que “las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los detallados … cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precios, comprobables y verosímiles”. Según el texto, para que una persona «arrepentida» sea beneficiada con una reducción de su pena será necesario “que los datos aportados contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o paradero de autores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, producto o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previos en el presente artículo”. La norma también establece que el acuerdo de colaboración se celebrará exclusivamente entre el fiscal y las personas que brinden información, y no se aplicará para los casos que se investiguen delitos de lesa humanidad. Otro de los artículos que se agregó establece que el arrepentido puede acogerse a ese beneficio sólo en un proceso penal del que es parte, y apuntar a personas con su misma responsabilidad o mayor. Asimismo, la ley señala que sólo podrá referirse a situaciones de las que estuvo involucrado y nunca a declaraciones de terceros. En ese sentido, la ley añade que «será reprimido con prisión de 4 a 10 años y con la pérdida del beneficio concedido al que proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos». Luego de este resumen, no se puede entender como en el juzgado de Bonadío le concedieron al “primo” Ángelo Calcaterra los beneficios de la eximición de prisión y la condición de “arrepentido” en el reducido plazo de seis horas, considerando como suficiente lo que en el fondo es una mera declaración exculpatoria.

. El Lava Jato en Argentina
Los ejecutivos de Odebrecht han admitido prácticas ilícitas en Argentina, Venezuela, Ecuador, México, El Salvador, Colombia, República Dominicana, Panamá y Perú. Es este último país, luego de estar menos de un año y medio en el poder, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fue destituido. La empresa Odebrecht ha firmado 395 acuerdos de cooperación internacional en 50 países que registraron pagos de sobornos. Con Argentina recién en estos días se ha alcanzado un acuerdo, después de innumerables retrasos de todo tipo. El presidente Macri atribuyó los retrasos a la ex Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó, pero está visto que estos continuaron luego del cese de la funcionaria. Los Ministerios Públicos de Brasil y Argentina anunciaron el 16 de julio pasado que llegaron a un acuerdo de cooperación judicial para compartir el uso de pruebas en el caso de corrupción en el que está implicada la constructora Odebrecht. La Fiscalía brasileña informó que con este acuerdo «será posible, por primera vez, acusar a ex empleados (de Odebrecht) envueltos en irregularidades» en la trama corrupta descubierta en Brasil y cuyas investigaciones se han extendido a tres continentes y más de una decena de países. «El objetivo era conseguir que los países llegaran a un entendimiento común sobre los términos de cooperación jurídica. Argentina se resistía a conceder inmunidad a los delatores a cambio de informaciones, pero este punto fue superado gracias a las gestiones de la Secretaría de Cooperación Internacional del Ministerio Público Federal», señaló la Fiscalía brasileña.
Hasta ahora las revelaciones de los “doleiros” brasileños no habían tenido efecto en Argentina. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas en el marco de Lava Jato. En septiembre de 2013 un operador financiero brasileño, condenado por la justicia de Brasil por el caso Lava Jato, transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, que en esa fecha se dedicaba a la actividad privada en Brasil. Arribas recibió casi 600 mil dólares en una cuenta suya en Suiza. El fiscal Delgado pidió al banco suizo Credit Suisse que informara sobre las transferencias registradas entre los días 25 y 27 de septiembre de 2013 en la cuenta perteneciente a Arribas, pero sin contar con esa información Gustavo Arribas fue sobreseído por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral decisión que luego fue ratificada por sentencia firme de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina.

Según información del periodista Hugo Alconada Mon, en los tribunales de Comodoro Py, cuatro jueces acumulan cinco pesquisas sobre Odebrecht que podrían dar un salto cualitativo cuando el material del Lava Jato llegue a Argentina. El primer paso podría darse el 24 de octubre, cuando debe declarar en Buenos Aires un ex ejecutivo de Odebrecht. Se trata de su ex vicepresidente para América Latina Luiz Antonio Mameri, quien fue citado a indagatoria por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por el presunto pago de sobornos a funcionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. Según Alconada Mon, convertido en delator premiado, Mameri ya confesó ante los fiscales brasileños y admitió que autorizó coimas por US$2,9 millones a funcionarios del Ministerio de Planificación y que los canalizaron a través de un ejecutivo de la constructora Iecsa, por entonces de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Iecsa es una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina y hasta 2007 integró el grupo Socma, momento en que Franco Macri, decidió vendérsela a su sobrino, supuestamente para no afectar la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el informe de Alconada Mon se añade que un día después de Mameri, el 25 de octubre, sería el turno de Mauricio Couri Ribeiro para declarar ante el juez federal Martínez de Giorgi, sobre el Sarmiento. Si firma un acuerdo individual de cooperación, podría relatar sus reuniones con un ejecutivo de Iecsa, y también los pagos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Los lectores sagaces pueden ya relacionar el “caso cuadernos” con el Lava Jato “a la Argentina” que vienen preparando los operadores judiciales del presidente Macri. El espectacular montaje del “caso cuadernos” busca realizar una carambola a tres bandas. No solo recortar las posibilidades de reelección a Cristina Fernández de Kirchner y entretener a la opinión pública en medio de la recesión cuando el Gobierno no ofrece resultados positivos en materia económica, sino también brindar impunidad al primo del presidente Macri, rápidamente eximido de prisión por el juez Claudio Bonadío. No sería de extrañar que Bonadío reclamara la competencia en el caso del tren Sarmiento para “unificar” todas las causas en una maniobra similar a la que le permitió reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el Memorándum, inventando un delito de “traición a la Patria”. Luego la nueva Cámara Federal de Casación Penal, en clara sintonía con el Gobierno, se encargaría de bendecir lo actuado. Pronto sabremos si efectivamente, como sospechamos, se ha querido cubrir la calle Florida de elefantes.

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