Aleardo Laría.
Charles Lynch fue un plantador de Virginia que en la Guerra de Independencia estadounidense (1775-1783) alcanzó el grado de coronel y una desafortunada fama por detener, juzgar y colgar a ciudadanos sospechados de ser leales a la corona británica. De su apellido deriva la palabra “linchamiento” para referirse a esa forma de actuar en la que un grupo de ciudadanos castiga con la muerte a un supuesto delincuente que no ha sido juzgado en un proceso regular.
El linchamiento es justamente el castigo que recibió el joven de 24 años Brian González, que en septiembre de 2016, conduciendo una moto en la que trasladaba a un amigo que acababa de asaltar una carnicería, fue atropellado y aplastado contra una columna por el auto del carnicero Daniel “Billy” Oyarzún que lo perseguía. El joven delincuente, ya desfalleciente, fue rodeado por un grupo de vecinos que comenzaron a golpearlo junto con Oyarzún que lo insultaba y golpeaba con un palo. Esta escena fue registrada en un video que pudo visualizarse en el transcurso del juicio, de modo que sobre los hechos acontecidos pocas dudas existen.
A pesar de la terrible escena que había visualizado, el jurado popular, integrado por doce vecinos de Zárate y Campana, declaró al carnicero inocente. El fiscal había defendido la tesis de que se trataba de un caso de “exceso de legítima defensa”, mientras que para el abogado de la familia de Brian González el hecho debía tipificarse como “homicidio simple”. Por su parte, el abogado defensor del carnicero “Billy” consideró que actuó en ejercicio del derecho a la legítima defensa y pidió la absolución, tesis que finalmente fue acogida favorablemente por el jurado popular en un voto unánime. Esta decisión fue recibida con gritos de júbilo por un grupo de vecinos que al inicio del juicio había cantado “se siente, se siente, Billy es inocente”.
Para la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri “Daniel Oyarzún, el carnicero de Zárate, está en libertad tras un histórico juicio popular. Su absolución es un verdadero acto de justicia”. Estas palabras reflejan la escasa sensibilidad del actual gobierno por los derechos humanos que amparan a todos los ciudadanos, inclusive a aquellos que delinquen. Defender la ley de Lynch en el siglo XXI no es solo una aberración jurídica sino también un incalificable acto de torpeza política.
Desde la perspectiva técnica, la institución de la legítima defensa exige una serie de condiciones para que la eximente pueda prosperar. A los más conocidos de respuesta ante una agresión ilegítima y proporcionalidad del medio empleado, la doctrina exige que la agresión ilegítima sea actual, es decir que entre el hecho desencadenante y la respuesta debe existir una solución de continuidad tal que permita establecer que la acción defensiva se realiza para impedir o repeler la agresión injusta. De modo que la acción de el carnicero “Billy” se asemeja al caso del ingeniero Santos que tanto dio que hablar en Argentina de los noventa. En 1994 el ingeniero fue condenado a 12 años de prisión por haber perseguido y disparado ocasionando la muerte a dos delincuentes que le habían robado un pasacasete. Luego la Cámara Penal redujo la pena a tres años en suspenso por considerar que el ingeniero había actuado en exceso de legítima defensa.
La decisión de absolver al carnicero de Zárate suscita algunos interrogantes sobre la institución del jurado popular. ¿Está capacitado un ciudadano que carece de formación jurídica para distinguir entre un caso de legítima defensa y otro de exceso en la legítima defensa o de simple homicidio? ¿Puede la justicia convertirse en una suerte de campo de fútbol, donde se gritan consignas para ganarse el favor del jurado? Muchos juristas progresistas han defendido la institución del jurado popular en Argentina como una fórmula para arrebatar algunos casos a jueces conservadores considerados proclives a utilizar criterios de clase para emitir sus fallos. Sin embargo, es difícil defender la idea de que la justicia quede en manos de personas legas que hacen uso de su intuición personal para resolver casos complejos o, como probablemente ha sucedido en el caso del carnicero “Billy”, son arrastradas por una demanda social de mano dura.
La justicia popular no es justicia y el populismo de la mano dura, promovido por los partidos conservadores de derecha, no resuelve ningún problema. Esa demanda también puede provenir de sectores populares que tienen una percepción muy limitada de lo que separa lo justo de lo injusto. Como señala Steven Pinker en su libro “En defensa de la Ilustración”, desde una perspectiva humanista, ese enfoque es inaceptable: “el castigo a los criminales no es un mandato para implementar la justicia cósmica, sino parte de una estructura de incentivos que disuade de cometer actos antisociales sin causar más sufrimiento del que impide”.
