La corrupción estructural

Aleardo Laría.

El periodista Hugo Alconada Mon acaba de publicar un ensayo titulado “La raíz de todos los males” en el que ofrece una radiografía completa del fenómeno de corrupción estructural que afecta a la República Argentina. La publicación de esta investigación resulta oportuna en momentos en que los grandes medios de prensa se hacen eco de la investigación que lleva el juez federal Claudio Bonadío basada en las revelaciones de los cuadernos del ex suboficial Oscar Centeno. La lectura del ensayo de Alconada permite obtener una visión equilibrada y no partidista de un fenómeno complejo que no debiera ser usado como arma arrojadiza de la política si se desea verdaderamente erradicarlo.

La forma poco ortodoxa con la que el juez Bonadío dirige la investigación de los cuadernos, filtrando diariamente a la prensa las declaraciones de algún “arrepentido”, y la forma en que esta información es recogida por los medios, está dirigida centralmente a crear la imagen de que la corrupción ha sido un fenómeno excepcional que caracterizó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El trabajo de Alconada Mon sale al paso de esa imagen deformada para señalar que lejos de ser un fenómeno ocasional y atribuible al kirchnerismo, la corrupción está firmemente arraigada en nuestra sociedad, afecta a muchos estamentos sociales y ha sido históricamente transversal a todos los partidos políticos. Como es obvio, el reconocimiento de la intensidad y extensión de este fenómeno no busca atenuar la responsabilidad de los gobiernos kirchneristas, sino que es la manera inteligente de aprovechar esta ventana de oportunidad que se ha abierto y evitar que se cierre por el manejo sesgado de una investigación que no respeta la imparcialidad que debe presidir cualquier actuación de la Justicia.

De los riesgos de que la causa judicial abierta por la cartelización de la obra pública quede en un mero hecho testimonial es consciente el propio Alconada Mon cuando señala que “el truco pasa por denunciar la vieja política, prometer la depuración o incluso la regeneración institucional, rodearse de jóvenes, mostrarse como un ciudadano más, pero con dotes de liderazgo, utilizar las nuevas tecnologías y declamar el “cambio”. La premisa de fondo, sin embargo, es promover el cambio para que nada cambie en realidad. Gatopardismo”. Y añade, para que no queden dudas, de que el auténtico ataque a la corrupción debe respetar la premisa que expuso uno de los más grandes estudiosos del fenómeno, Robert Klitgaard: “Hay que freír unos cuantos peces grandes. Dado que demasiado a menudo las campañas anticorrupción se convierten en campañas contra la oposición, los primeros peces grandes deberían ser del partido en el poder”.

Esta preocupación por la utilización partidista del fenómeno de la corrupción ha sido también expuesta recientemente por el analista Sergio Bernsztein, en una nota de opinión en la que señala que “sería muy injusto ignorar que los problemas de corrupción, ineficacia de los controles estatales y colusión con el sector privado son efectivamente de larga data. Gobiernos militares como civiles fracasaron en promover prácticas de transparencia. El Estado fue históricamente el socio bobo en muchos emprendimientos, y los contribuyentes, las pasivas víctimas que pagaron las consecuencias. Las fallas institucionales de la Argentina son estructurales. Ningún debate serio se ha dado al respecto. Ignorando ese disfuncionamiento, nada serio, estable, mucho menos «normal», puede pretender construirse” (https://www.lanacion.com.ar/2160920-las-cloacas-de-la-politica-al-descubierto).

Todas estas consideraciones se ven ampliamente respaldadas por la laboriosa investigación de Alconada Mon quien va describiendo minuciosamente los fenómenos de corrupción que anidan en distintas esferas institucionales y de la sociedad civil argentina. De este modo va desgranando la corrupción que se deriva de la financiación de la política; la que afecta a los aparatos del Estado como la Agencia Federal de Inteligencia; en los sindicatos; en las comisarías de policía -que se “subastan” para ponerlas en manos de los oficiales que garanticen la mayor recaudación- y en el Poder Judicial, en especial en la justicia federal, que tiene competencia sobre las causas que afectan a funcionarios; en la comercial, que interviene en las convocatorias de acreedores de las grandes empresas y en el fuero penal-económico que recibe las denuncias de la AFIP. The last but not the least Alconada cita también la corrupción que anida en el periodismo, cuando “se compra el silencio de muchos periodistas y de ciertos medios de comunicación”.

De manera que en Argentina, si atendemos la descripción de Alconada Mon, “los fiscales no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control no controlan, los sindicalistas no representan a sus trabajadores, los empresarios no compiten, la policía no reprime el delito y los periodistas no informan. Con excepciones en todos los campos, por supuesto, y muy dignas, por cierto. Pero así fue diseñado y así funciona un sistema de corrupción e impunidad donde reina la hipocresía, que premia a los que se adaptan, expulsa o encapsula a los elementos sanos (que son muchos), y castiga a los que intentan rebelarse (que no son tantos)”. Añade que el caso tan mencionado últimamente de la cartelización de la obra pública no es una construcción novedosa de la última década. Funcionaba ya durante el menemismo, cuando el ministro Roberto Dromi conformó una “comisión vial” en la que incorporó a los ejecutivos de las grandes empresas de la “patria contratista”, como el Grupo Macri, Techint y Pérez Companc para repartirse las licitaciones en las que solo ellos participaban.

En opinión de Alconada Mon, el pecado original está en el financiamiento irregular de los partidos políticos. “Cualquier candidato que quiera competir hoy por la Presidencia de la Nación Argentina (con pretensiones reales de ganar) necesita al menos 100 millones de dólares. Eso cuesta llegar a la Casa Rosada”. De allí que el periodista ponga en boca del presidente Macri el siguiente diálogo mantenido con un contribuyente de su campaña: “- Quiero el 1 % de tu patrimonio”. El que pide no es cualquiera. Es Mauricio Macri. — Quiero el 1 % de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano normalizaremos el país y el 99 % restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más.” A este diálogo añade la siguiente pregunta. “¿Cambiemos financió parte de la campaña de Florencio Randazzo en 2017, como sospechan los kirchneristas, para que el ex ministro del Interior le mordiera votos a Cristina Fernández de Kirchner en su puja con Esteban Bullrich por una banca en el Senado nacional? Acaso por eso, Macri no solo planteó que quería “el 1 % del patrimonio” de cada empresario grande que visitó. En reuniones con hasta 25 interlocutores llegó a decir otra frase explosiva: “En blanco, nada”.

El efecto corrosivo que la corrupción tiene sobre el funcionamiento general de la administración pública ha sido señalado por múltiples especialistas del fenómeno. Al notable aumento del gasto público por la sobrefacturación de la obra pública se suma el riesgo de que esas obras no reúnan luego las condiciones exigidas por los pliegos de las licitaciones. Ese sobrecoste resiente las partidas presupuestarias que deben financiar los servicios públicos de educación y sanidad en la cantidad y calidad necesaria. Las cantidades dedicadas a pagar los sobornos no se pueden destinar a otro tipo de actividades y la Administración pública, al no cumplir con eficacia su labor, incentiva el incumplimiento tributario. Por otra parte, la corrupción distorsiona lo que deben ser los mecanismos ordinarios de toma de decisiones en el plano económico y genera actuaciones administrativas inadecuadas y medidas macroeconómicas incorrectas. La consecuencia es la ineficiencia y falta de productividad del sistema económico en su conjunto. En el plano político, establece una desnivelación del terreno de juego favorable al partido que detenta el control del Poder Ejecutivo, con lo que se afecta la posibilidad de alternancia al tiempo que se daña la legitimación del Estado frente a sus ciudadanos. Por consiguiente, el abordaje de una cuestión tan compleja debiera hacerse desde el Parlamento, con participación de todas las fuerzas políticas, para garantizar un diagnóstico imparcial y profundo, que dibuje las políticas de Estado que deben instrumentarse en el esfuerzo por acotar el fenómeno.

. El sottogoverno

Afirma Alconada Mon en su libro que “el sistema argentino de poder real está montado para fomentar la corrupción y garantizar la impunidad del “círculo rojo”, de la “casta”, que controla las riendas del país”. Un sistema que para el periodista conforma la raíz de todos los males que afronta la Argentina y, en especial, durante las últimas décadas. “¿Qué es este sistema de los sótanos? Una estructura de poder y de negocios (y que por tanto excede al sistema político en sí) que impera en la Argentina desde hace décadas y que ha ido in crescendo para beneficio del “círculo rojo”(…) como un circuito cerrado que permite acumular poder, enriquecerse, ascender de clase social y perdurar impune a aquellos que acaten las reglas espurias que lo regulan”.

Fue el filósofo italiano Norberto Bobbio (1909-2004) quien hizo el análisis más profundo del “sottogoverno”, una expresión que utiliza para referirse a un poder subyacente que discurre por las alcantarillas del moderno Estado de derecho. Una excrecencia del sistema capitalista que se produce cuando el mismo Estado se convierte en una inmensa empresa privada cuyos gigantescos recursos se usan para favorecer a ciertos grupos de poder en lugar de otros o, a través de la legitimación que se obtiene en las urnas, para gobernar mediante la preservación y el aumento de la propia clientela. “El gobierno pasa, pero el subgobierno permanece” afirma Bobbio. Si la transparencia, y el respeto al rol de cada institución es la característica de la democracia, el sottogoverno “es opaco, ambiguo, permite la entrada de verdades a medias -o alguna mentira útil- y propaga mucho ruido de fondo para distraer la atención y confundir la razón”. Para Bobbio, un «gobierno democrático ideal» debería apoyarse en el funcionamiento perfecto del principio de la mayoría, en la derrota del gobierno invisible y en la centralidad del Parlamento. Pero, ¿cómo es posible derrotar a un poder invisible que se regenera año tras año?

Para Bobbio, una de las promesas que la democracia no ha cumplido y que probablemente sea también la más difícil de remediar, es la transparencia del poder. En la realidad nos enfrentamos a un “doble Estado”: el visible, gobernado por las leyes de la democracia que prescriben la transparencia, y el invisible en el que actores ocultos diseñan políticas para favorecer su expansión. Arriba opera el fenómeno del “enmascaramiento”, tanto en sentido real como en sentido metafórico. “En sentido real el acto de ponerse la máscara convierte al político en actor, la escena en escenario, la acción política en representación”. Añade que la idea de la política como espectáculo no tiene nada de nueva: “cuando Hobbes introduce el discurso en el tema de la representación establece una analogía inmediata entre representación política y teatral”. Termina Bobbio señalando que si el poder que gobierna “abajo” permanece oculto y el que está “arriba” es solo un teatro de marionetas, la democracia que queda es pobre y raquítica.

. El desafío

En opinión de Alconada Mon “el desafío es, pues, cómo reformar el sistema de corrupción estructural e impunidad para que la sociedad funcione de manera virtuosa, aunque la pregunta resultante es obvia. ¿Por qué habrían de querer cambiarlo aquellos que se benefician con sus prestaciones, acumulan poder espurio, gozan de fortunas ilícitas y encima quedan impunes?”

Esta pregunta retórica encuentra en el libro de Alconada Mon una respuesta indirecta cuando a lo largo de su obra va intercalando referencias sobre las variadas y múltiples causas judiciales que tuvieron por protagonista al actual presidente Mauricio Macri y al “grupete del mundo Boca”. De este modo el periodista recuerda la causa por el contrabando de autos de la empresa Sevel a Uruguay, donde se sobornaron a agentes de aduana de Concepción del Uruguay; el concurso del Correo Argentino, donde el Meinz Bank –banco utilizado por Odebrecht para canalizar los sobornos- compró los créditos de los principales acreedores a lo que se debe añadir el tortuoso recorrido del eterno expediente judicial que lleva más de 15 años; la corrupción en la red cloacal de Morón en los tiempos del intendente Rousselot; la integración en el “club de la obra pública” organizado por Roberto Dromi, ministro de Menem; el caso de los pagos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires al periodista Fernando Niembro; el caso de las escuchas ilegales al cuñado de Mauricio Macri; los sobornos de Odebrecht y la empresa IECSA (vendida al primo Ángelo Calcaterra en el 2007) que están subjudice en tres juzgados federales; las revelaciones de los Panama Papers y la operación de blanqueo de 67 millones de dólares por Gianfranco Macri, hermano del presidente.

Como muestra del peso del “sottogoverno” en nuestro país, conviene recordar la estrecha relación del presidente Macri con el hombre que puso al frente de la ex SIDE, actualmente denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Macri reconoció ante la periodista Laura Di Marco que había designado al escribano Gustavo Arribas por la amistad que los vinculaba: “- De todos mis amigos ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas?”. Cuando Macri era presidente de Boca, Gustavo Arribas había quedado bajo la lupa de la justicia a raíz del polémico pase de Tévez al Corinthias, hecho que dio lugar a denuncias por coimas y evasión de impuestos. Luego Arribas montó un club de fútbol en Uruguay, el Deportivo Maldonado, para triangular jugadores que se vendían a Europa y eludir así el pago de impuestos.

El episodio que casi frustra la designación de Arribas merece una consideración especial porque todavía da coletazos en los tribunales. El periodista Alconada Mon, que investigaba el Lava Jato, obtuvo la declaración ante los jueces brasileños de uno de los doleiros (cambistas) que operaban en Brasil para hacer las transferencias de las coimas de Odebrecht. Según el cambista Leonardo Meirelles, Gustavo Arribas habría recibido de la constructora brasileña 594.518 dólares en cinco pagos consecutivos que se hicieron a una cuenta suya en Suiza. Arribas solo reconoció una de las transferencias “por venta de muebles”. El jefe de los espías argentinos fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien no tuvo la paciencia de esperar el resultado de un oficio enviado por vía diplomática a Suiza al banco Credit Suisse. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento y consideró el caso cerrado al tiempo que rechazó un pedido de la Procuraduría para que el fallo sea revisado por la Corte Suprema.
Sin embargo el episodio no terminó allí. El cambista Leonardo Meirelles fue interrogado por skype por el fiscal Federico Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez en otra de las investigaciones sobre los sobornos pagados por Odebrecht. Ante ellos el cambista amplió la información y reveló que eran 14 las transferencias bancarias desde un banco de Hong Kong a una cuenta a nombre de Arribas por un monto total de 850.000 dólares en concepto de “acuerdos de sobornos” para conseguir la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Gustavo Arribas contraatacó formulando una denuncia por falso testimonio contra Meirelles, que por obra de la casualidad recayó en el juzgado de Claudio Bonadío. El juez tuvo la inusual deferencia de viajar a Suiza para acceder a la información in situ, y le dio la razón a Arribas disponiendo la busca y captura internacional de Meirelles, algo inusual tratándose de un caso de falso testimonio. Pero no solo eso, Bonadío además denunció al fiscal Federico Delgado y a Sergio Rodríguez por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” porque no habían tomado juramento al testigo Leonardo Meirelles antes de su declaración.

La denuncia de Bonadío era tan estrafalaria que el juez federal Daniel Rafecas, que había salido sorteado, decidió archivarla. Sin embargo Arribas apeló y la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzún (que votó en disidencia) y los nuevos jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens designados a pedido del gobierno de Macri, anularon la decisión de Rafecas por “prematura” y le exigieron al juez que profundizara la investigación. El episodio es tan grotesco que según la periodista Emilia Delfino de Perfil, existe una gran preocupación en los juzgados de Comodoro Py de que “las denuncias penales contra los funcionarios que investigan al poder de turno se extiendan como práctica de “apriete”- Temen que si prospera el caso contra Delgado y Rodríguez se instale como una medida ejemplificadora. Una pulseada que Cambiemos ya demostró querer ganar en otros casos como en el Correo Argentino”.

Cabe aquí añadir que esta vocación del juez Claudio Bonadío por salir en amparo de los amigos acusados de corrupción no es novedosa. En el año 2000 Bonadío procesó al periodista Marcelo Bonelli por el delito de violación del secreto fiscal, debido a una nota donde se detallaban inconsistencias en la declaración jurada del ex interventor del PAMI, Víctor Alderete. Su arbitraria decisión fue luego revocada por la Cámara Federal de Apelaciones. Más adelante fue separado de la investigación sobre los sobornos pagados por el juez Galeano en la causa AMIA por mantenerla “cajoneada”. Otra queja por el desempeño de Bonadío la formuló ante el Consejo de la Magistratura en el año 2006 el abogado Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano. Un abogado del despacho de Wortman había presentado -siguiendo las instrucciones de un cliente- una denuncia por sobornos contra el juez federal Jorge Urso –también integrante del grupo de la servilleta-. Bonadío, como forma de intimidación, dispuso el allanamiento del despacho de Wortman avalando una denuncia que Urso había interpuesto contra el cliente del estudio por “falso testimonio”.

Solo resta ahora hacer una consideración final para poner fin a este análisis. En el apéndice del libro de Alconada Mon se recogen varias entrevistas que ha mantenido con el ex fiscal italiano Antonio Di Pietro y otros conocidos protagonistas de la lucha anticorrupción. Di Pietro afirma en relación con la operación mani pulite que “la lección, o más bien la moraleja, que dejó aquella investigación es que solo un Poder Judicial verdaderamente independiente puede tener la fuerza y la capacidad para llevar a cabo investigaciones que afectan a los “grandes poderes”. Un país es realmente democrático solo si basa sus reglas en la independencia total de jueces e investigadores de los otros poderes del Estado”. Añade que en aquella famosa investigación “fue clave la independencia de la magistratura. En Italia, los jueces y fiscales éramos independientes del poder político. Solo podían pararnos de una sola manera: matándonos. Sí. Es vital que los fiscales sean estables e independientes del poder político, para lo cual es esencial que también el procurador general no tenga dependencia alguna del Poder Ejecutivo. Quien tiene que ser controlado no puede elegir al que lo va a controlar. Si no, se pone en riesgo el sistema democrático”.

¿Existe ese Poder Judicial independiente en Argentina? Alconada Mon señala rotundamente que no, cuando afirma que “los jueces federal no responden al Gobierno sino a la SIDE”. Esto explica la causa por la que el presidente Macri puso al frente de la Agencia Federal de Inteligencia a un gran amigo; dejó la Oficina Anticorrupción en manos de una notoria militante de su partido y designó Procurador General de la Nación a un ex abogado de su grupo familiar. De igual modo, con diversas maniobras se ha conseguido la sustitución de los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal por otros jueces más confiables. Con estos antecedentes, resulta difícil asignarle el rol de adalid de la lucha contra la corrupción al presidente Mauricio Macri si sus escuderos son su amigo Gustavo Arribas y del juez Claudio Bonadío. No obstante, es todavía pronto para sacar conclusiones definitivas. Esta historia recién empieza, y no es la primera vez que los acontecimientos escapan a la voluntad de los que sacaron al genio de la lámpara.

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