Republicanos de opereta

Aleardo Laría.

No es fruto de ninguna ironía y debe atribuirse a la simple casualidad que el DNU sobre extinción del dominio de bienes vinculados al narcotráfico y a la corrupción se haya dictado a los pocos días de una nota firmada por Fernán Saguier, subdirector de La Nación, en la que afirma que “son las mejoras en las prácticas democráticas la principal fortaleza de Cambiemos”. Según el articulista, “en materia legislativa (el Gobierno), supo trabajar en minoría en el Congreso y negociar con la oposición mediante el diálogo hasta encontrar consensos. Lejos quedaron los proyectos de ley que se trataban a libro cerrado y casi sin debate en los tres períodos de los Kirchner”. Este daltonismo político, que ve color de rosa todo lo que hace el gobierno de Mauricio Macri, prueba que el afán republicano que inspiraba a tantos venerables liberales en la época kirchnerista, era más bien de opereta, es decir perteneciente a ese género operística de pretensiones modestas, generalmente de carácter frívolo o burlesco.
La agudeza visual le permite afirmar a Saguier, sin el menor sonrojo, que “se terminaron las persecuciones políticas desde los organismos del Estado” y que “hemos dejado de vivir en un clima de conflicto permanente emanado desde lo más alto del poder, sin una crispación tendiente a dividir y reinar”. De modo que el uso de los servicios de inteligencia del Estado para difundir las conversaciones privadas de la ex presidenta Cristina Fernández pareciera haber quedado fuera del área visual del empresario periodístico. El fenómeno de la premeditada polarización con fines electorales, que es objeto de mención diaria por toda clase de comentarista, también ha quedado fuera del radar del sagaz periodista, al igual que la escandalosa manipulación de los procedimientos penales que afectan a los ex funcionarios kirchneristas y en especial a la ex presidenta CFK. Salvo en el período posterior a la Revolución Libertadora tras la caída de Perón, y el nefasto período de la dictadura militar, no se registra en la historia argentina un fenómeno tan escandaloso del uso de la justicia federal para encarcelar a los opositores o proscribir futuras candidaturas electorales.
El DNU de extinción del dominio es tan abrumadoramente anticonstitucional, que para una gran parte de la opinión pública es evidente que responde al propósito del gobierno de Mauricio Macri de utilizarlo en su campaña electoral, agregando otra bandera a la estrategia de “bolsonorización” de la política argentina que lidera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La audacia de la ministra, que ha demostrado ser una persona de ignorancia supina en materia jurídica, dando explicaciones sobre el DNU al lado de un reconocido jurista como es el ministro de Justicia Germán Garavano, no tiene desperdicio. Con la misma estolidez, intentando meter presión sobre los miembros de ambas cámaras, ha afirmado que «no cree que vaya a haber un sólo diputado o senador que vaya a estar en contra de sacarle los bienes a los que les roban a la gente».
El DNU, según lo han puesto de manifiesto ya varios constitucionalistas, es rotundamente anticonstitucional por varios motivos. En primer lugar porque no existe la “necesidad y urgencia” que habilita el uso de un DNU y no hay nada que impida seguir con el procedimiento ordinario para la sanción de una ley que tramita actualmente en el Congreso. En segundo lugar porque la Constitución prohíbe que se dicte un DNU que regule materia penal, directa o indirectamente, como es el caso. Por su contenido la norma es también inconstitucional porque habilita a un juez civil a dictar una resolución cuando todavía no ha recaído una sentencia condenatoria en sede penal. Esto es un absurdo jurídico porque el hecho determinante de la “extinción del dominio” no puede ser otro que la preexistencia de un delito declarado en sede penal. El principio “non bis in idem” no permite tampoco llevar a cabo un proceso paralelo en sede civil con el riesgo de sentencias contradictorias.
Sorprende que una medida de esta naturaleza, violatoria del derecho constitucional a la preservación de la propiedad privada, que es casi un dogma de fe en el círculo liberal que nutre a Cambiemos, haya sido objeto de un tratamiento tan frívolo. Tal vez los autores no han pensado en el peligroso precedente que han ideado. Incurren en un error frecuente en la política argentina. No conciben que los instrumentos que hoy utilizan para escarnio de los enemigos políticos, el día de mañana, cuando cambien las tornas, podrán ser empleadas en su contra.
El presidente Mauricio Macri, cuando adelantó su propósito de firmar el DNU en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en un discurso en tono de campaña, manifestó que “los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Y que sepan que en la Argentina hoy el que las hace, las paga”. Esta cruzada de buenos propósitos, para ser creíble, debería ser acompañado por una solución equitativa del tema aún no cerrado del “caso Correo”, donde sigue pasando el tiempo mientras la inflación licúa la deuda que el Grupo Macri mantiene con el Estado argentino. Como aconseja el refrán “haz lo que yo digo, no lo que hago”.