La discusión sobre el gas natural

Opinión Publicada

Un emblema de muchos desencuentros en una Argentina que parece imposible.

Por Lic. Roberto Kozulj

(Vicerrector Sede Andina UNRN) 

La escasez de gas natural en Argentina, que comenzó a manifestarse desde 2004 ha sido uno de los mayores problemas vinculados con la inestabilidad macroeconómica del país. La razón es muy sencilla: dicha escasez ha obligado a requerir sustitutos más caros, hayan sido estos el gas importado de Bolivia, el GNL, el Fuel Oil o bien el Gas Oil o, más recientemente, la explotación de gas no convencional de mayor costo. Bajo distintos escenarios de precios internacionales de la energía ello ha implicado dos cosas: a) erogar más divisas, siempre escasas; b-) incrementar los costos de la electricidad y del gas distribuido, con la subsiguiente cuestión de quien debe pagar por dichos aumentos. Hasta 2015 la respuesta frente a esta última cuestión fue afrontarlo desde las cuentas públicas a fin de evitar un impacto sobre la caída de la demanda agregada. Es decir, una forma que pretendía evitar entrar en recesión toda vez que menores ingresos disponibles para otros gastos por parte de los usuarios implicaban impactar sobre la venta de productos de una industria que en su mayor parte depende del mercado interno. A su vez una menor actividad industrial impactaría en el nivel general de empleo. Claro que esta opción tuvo sus impactos debido a la magnitud que alcanzaron los subsidios dentro del gasto público con la subsecuente cuestión de cómo financiarlo sin provocar inflación, escasez de divisas y, a la larga, también una recesión. En diciembre de 2015 el Instituto Argentino de Energía “General Mosconi” (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) produjeron un informe donde señalaban que los subsidios a la energía habían trepado desde el 2,3% del gasto público primario en 2006, al 5,6% en 2009 y al 12,3% en 2014.

Con el cambio de gobierno el criterio fue el opuesto. El mayor costo de la energía debían pagarlo los usuarios. De allí toda la discusión en torno a los “tarifazos”, cómo manejar una gradualidad y resguardar a los sectores vulnerables. Las hipótesis en torno a su impacto inflacionario y- peor aún-, sobre el impacto de las sucesivas devaluaciones sobre precios y tarifas incrementados y dolarizados, parece haber sido minimizado. Pero este impacto revelaría otra interesante faceta de nuestra imposibilidad de lograr consensos en qué es o no un subsidio, cuando y como focalizarlo; quien tiene derecho a qué y como dirimir diferencias acerca del modelo de país deseable y posible. El informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) de diciembre de 2018 es un excelente instrumento para tratar el tema. Por una parte, nos indica que ahora el nivel de subsidios a la energía continúa representando el 6,75% del gasto público primario (a pesar de que el precio medio de la electricidad en el mercado eléctrico mayorista subió más de 11 veces entre 2015 y 2018), pero también que los intereses -pagados para evitar nuevas corridas cambiarias-, han alcanzado ya el 16,3% del gasto público total o el equivalente al 19,5% del gasto público primario. Es claro que el ahogo financiero de fines de 2015 conducía a una muy crítica escasez de divisas, pero también es claro que el costo de obtener financiamiento externo -y simultáneamente evitar una fuga de divisas-, es altísimo. Una especie de subsidio para poder disponer de dólares para todo fin y uso, algo tan esencial como la energía para que la economía argentina funcione.

Como si este cuadro no fuera suficientemente revelador de nuestras enormes contradicciones como sociedad, se nos presenta ahora la disputa respecto a qué valor debe pagar el gobierno por el gas no convencional y qué consecuencias tendrá ello sobre el gasto, auditado por el FMI.

A tal efecto conviene resaltar que cada plan de estímulo a la producción de gas (que con distintos nombres se implementaron desde 2008 al menos) no ha sido suficiente para reducir significativamente las importaciones que, entre 2013 y 2017 rondaron los 30 a 33 millones de metros cúbicos día (MMCD), mientras que en 2018 se las logró bajar a 26,8 MMCD, cifra que supera aún las de años anteriores a 2010-2012. Claro está que esta sustitución de importaciones tuvo entre sus protagonistas a Tecpetrol con el desarrollo de Fortín de Piedra aportando 8 MMCD en promedio durante 2018 llegando a 14,5 MMCD en diciembre de 2018. Pero la discusión por el precio del gas en el caso del desarrollo Fortín de Piedra y sus consecuencias tiene una arista más en torno al modelo de país, al desarrollo industrial y su viabilidad tema que toda sociedad superó a comienzos del siglo pasado o a fines del XIX. Imaginar que a “las necesarias reformas estructurales”-léase disminuir el gasto público-, le seguirá una época de prosperidad a partir de la iniciativa privada es o ingenuo o perverso, como lo es decir que se puede vivir solo exportando soja, o duplicar la producción de petróleo y gas en solo 5 años. La Argentina no es tan rica para que haya tantos lujos, ni tan pobre para que haya tantos pobres, ni institucionalmente fuerte para dirimir conflictos con justicia social mínima. A pesar de ello el debate político lo ignora como si no fuera necesario pensar en una Argentina integrada socialmente, pero también a un mundo cada vez más complejo.

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minería y ENARGAS.

 

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