La gran estafa

Aleardo Laría.

El presidente Mauricio Macri, al presentar su gabinete, el 2 de diciembre de 2015, prometió que “la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) estará al servicio de la seguridad nacional, y no como en los últimos años, que se usó para hostigar y espiar a los ciudadanos«. Sin embargo, el presidente no solo no cumplió lo prometido sino que ha utilizado la AFI para disciplinar el Poder Judicial de un modo desconocido hasta ahora en un gobierno democrático. Este inaudito desborde institucional, por parte de un gobierno que se había envuelto en la bandera republicana para ganar las elecciones, es la prueba más elocuente del daño mayor inferido a la democracia: una gran estafa a las expectativas de cambio de millones de ciudadanos argentinos.

Comenzaré esta nota por un testimonio personal. Corría el año 1964 y estaba al frente del Gobierno el radical Arturo Illía, un médico cordobés que se caracterizaba por su aparente bonhomía. El 1 de enero inicié mi período de servicio militar en la Policía Federal Argentina, una opción muy conveniente para los estudiantes universitarios porque luego de prestar 7 horas de servicio, los conscriptos se podían marchar a sus domicilios. Fui destinado durante tres meses a la Delegación de la Policía Federal de La Plata, ciudad en la que residía y estudiaba derecho. En la última planta de la enorme casa señorial situada en la calle 49 operaba una delegación de los servicios de información. Yo integraba una brigada de 6 conscriptos que, como correspondía a aquella época, éramos “colimbas” (corre, limpia, barre). Al limpiar las oficinas del servicio de información pude leer en varias ocasiones las copias de la correspondencia de militantes del PC que eran interceptadas en el Correo Argentino. También pude observar la infiltración en las asambleas universitarias de un joven oficial de la Policía Federal que se había inscripto en la Facultad de Arquitectura como estudiante. En mi ingenuidad adolescente, quedé muy sorprendido al comprobar los métodos que se usaban en plena democracia y esta experiencia contribuyó luego a mi radicalización política.

Nada ha cambiado en Argentina desde hace 55 años. Los servicios de información del Estado campean a sus anchas y continúa el uso del espionaje interno para obtener información sensible que permita luego extorsionar a integrantes del Poder Judicial o ser utilizada para enlodar a políticos de la oposición. Esta última labor no sería posible si no existiera un “periodismo de filtración”, es decir que bajo la cobertura de hacer periodismo de investigación, algunos periodistas filtran los informes o las conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente que pueden servir para descalificar a los dirigentes opositores. En esta labor se han destacado en los últimos años periodistas como Luis Majul, Daniel Santoro y Jorge Lanata, que llevados por sus obsesiones ideológicas o por los simples deseos de obtener alguna otra ventaja, se han adscripto a este periodismo de trinchera que está absolutamente reñido con la ética periodística que exige separar los hechos –que son sagrados- de las opiniones que son siempre controvertidas. La difusión de fake news, a partir de datos suministrados por los servicios de información, que se distribuyen luego a través de las redes sociales, y la confección de causas judiciales a partir de informaciones capturadas por esos servicios y filtrada luego por periodistas afines, es tal vez la novedad más impactante de esta década.

La existencia de un sistema de espionaje utilizado discrecionalmente por el Gobierno y que el politólogo italiano Norberto Bobbio caracterizara como el “sottogoverno” de la democracia, no es ninguna novedad y ha sido reconocida por periodistas más amigos de los principios deontológicos de la profesión como Carlos Pagni y Hugo Alconada Mon. En una nota publicada hace más de un año bajo el significativo título de “El pestilente círculo negro del espionaje” Carlos Pagni denunció a “este círculo de personas instaladas en las entrañas del poder, que utilizan fondos e instrumentos asignados por el Estado para perseguir o extorsionar, fuera de cualquier marco legal”. Añadió que “el problema de Macri es que ese pestilente «círculo negro», que se extiende bajo sus pies, ha comenzado a descomponerse y está fuera de control”.

En el capítulo 10 del ensayo “La raíz de todos los males”, Hugo Alconada Mon ha relatado los métodos operativos de los servicios de informaciones del Estado. Señala, por ejemplo, el método de armar investigaciones falsas para ordenar las intercepciones de las comunicaciones telefónicas. “Por eso se destituyó, a dos jueces en Misiones, José Luis Rey y Horacio Gallardo, dentro de la investigación por escuchas ilegales que incluyó el procesamiento del entonces jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, sobreseído cuando ya era Presidente, de la mano del operador Javier Fernández”. Añade que “tampoco resultan tranquilizadores los motivos que esgrimió el presidente Mauricio Macri para nombrar a Gustavo Arribas al frente de la AFI: «Yo pensé de todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esa cosa de las trampas?». Añade que “peor, sin embargo, es la caracterización de Arribas por Roberto Digón, el veterano dirigente del club Boca Juniors que trabajó y lidió durante años con el actual Presidente y su «Señor Cinco». «Son íntimos amigos. Hicieron muchos negocios juntos, no tengo dudas de que Arribas era un testaferro de Macri», algo que hasta ahora nadie demostró”. Finalmente, añade el periodista, que Macri dispuso con el decreto 656 / 2016 que todo el presupuesto de la AFI volviera a quedar en las sombras. Es decir, más de 6.000 millones de pesos en la actualidad, una inmensa caja negra para pagar espías “free lance”.

Debemos ser imparciales para que quede en evidencia el carácter estructural del problema. La presencia de personajes siniestros al frente de los servicios de inteligencia del Estado no es una práctica que afecte solo al actual gobierno de Cambiemos. En 2004, el entonces ministro de Justicia, Gustavo Béliz, acusó a Jaime Stiuso de manejar fondos millonarios y ofrecer al presidente Néstor Kirchner información falsa sobre el atentado de la AMIA. Béliz enseñó por primera vez una imagen del espía en la tele y dijo: “La SIDE la maneja un señor al que todo el mundo le tiene miedo porque dicen que es peligroso y te puede mandar a matar. Ese hombre participó de todos los Gobiernos y se llama Jaime Stiusso”. Después de ese programa, Néstor Kichner le pidió la renuncia a Béliz y éste declaró: “Es el costo de decir la verdad; me metí con el aparato más oscuro de la Argentina, que es la SIDE”.

El uso de “carpetas” con información sensible en manos de la AFI ha sido utilizada por el Gobierno de Macri para intimidar a unos jueces y provocar el desplazamiento de otros considerados “kirchneristas”, una etiqueta que se usa livianamente para caracterizar a los jueces que no se someten a los dictados del Poder Ejecutivo. Tal lo acontecido con los intentos de desplazamiento del juez Daniel Rafecas o con la operación exitosa de desplazamiento de los jueces que integraban la Cámara de Apelaciones en lo Federal, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. La causa determinante de la separación de estos jueces se ha pretendido enmascarar con diversas acusaciones no fundadas en sentencias de los tribunales sino en mera información periodística. El motivo desencadenante ha sido el contenido de una razonada resolución garantista por la que se disponía la libertad provisional de Cristóbal López. Un motivo no mencionado es que estos tres jueces desplazados son los que confirmaron en su momento el procesamiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje a la pareja de su hermana.

La consecuencia de esos desplazamientos forzados, ha permitido su sustitución por jueces afines al Gobierno utilizando un sistema de traslados que ha evitado el concurso para cubrir esas plazas. De este modo, muchas de las resoluciones que adoptan ahora los tribunales de alzada federales van siempre dirigidas a confirmar las resoluciones de los jueces inferiores que libran la guerra judicial contra los empresarios o funcionarios vinculados al ex gobierno kirchnerista, en especial las más arbitrarias del juez Carlos Bonadío. Otra manifestación elocuente del éxito de estas maniobras de disciplinamiento judicial se observa ahora con las resoluciones de los tribunales orales que deben juzgar los denominados casos “Los Sauces” y “Hotesur”. Nadie quiere hacerse cargo de esta “papa caliente” por el temor a que una eventual sentencia absolutoria, fundada en derecho, puede significar el fin de la carrera judicial de los signatarios de la resolución.

Gracias a las últimas investigaciones del juez Alejo Ramos Padilla se ha podido confirmar una operación de la que se tenía noticias, pero que todavía nadie había probado. Mauricio Macri ganó las elecciones de 2015 de un modo irregular, con la ayuda invalorable de una fake news difundida por los diarios afines por las que se vinculaba al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, con el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina. La Procuración General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, acaba de desplazar de su cargo y denunciar al fiscal de delitos complejos de Mercedes, Juan Bidone, que había intervenido en ese caso. Ahora se sabe que el fiscal había intercambiado información con el falso abogado Marcelo D’Alessio, integrante de la red de espionaje interno descubierta por las actuaciones del juez de Dolores, Ramos Padilla. En la operación de captura del acusado como instigador de ese crimen, Ibar Pérez Corradi, escondido en la Triple Frontera, habría tenido también un rol relevante el versátil agente Marcelo D’Alessio.

Las reacciones casi infantiles del Gobierno, pidiendo la destitución del juez que investiga la trama de espionaje ilegal descubierta a raíz de la detención del agente encubierto Marcelo D’Alessio, son escandalosas pero no pueden sorprender a nadie. Es la reacción natural de todo aquel que urde cualquier excusa cuando ha sido descubierto con las manos en la masa. Que lo acompañe en esta cruzada republicana Elisa Carrió, tampoco pude sorprender, dado los actos precedentes. La preocupación de Carrió por los efectos colaterales sobre la “causa de los cuadernos” es comprensible. Según el relato del juez Ramos Padilla“uno de los diversos modus operandi que utilizó la organización habría sido la recopilación, procesamiento, análisis y sistematización de información, obtenidos mediante investigaciones ilícitas -llevadas a cabo de manera previa o paralela a las causas judiciales-, que eran puestas a disposición de autoridades judiciales competentes a través de mecanismos que les daban apariencia legal, con múltiples finalidades también ilícitas”. La denominada «causa de los cuadernos» se basa en unos cuadernos entregados a un periodista por un ex militar que aparece vinculado a la ex SIDE y han sido confeccionados de un modo extraño por un chófer que luego los ha incinerado. Todos indicios concurrentes que alimentan todo tipo de suspicacias. Consideraciones que no se debe interpretar como un deseo de que la causa que ha sacado a la luz la cartelización de la obra pública por parte de empresarios inescrupulosos acabe en una vía muerta. Lo que en el fondo se desea es que esa investigación sea escrupulosamente objetiva y dirigida por un juez imparcial, justamente, para evitar que termine en un sonoro fracaso.

El maestro italiano Norberto Bobbio ha sido quien ha analizado a fondo los problemas de la democracia realmente existente y, en especial, las dificultades que impiden reducir al máximo el poder invisible. Sostiene que la democracia real se ve condicionada por fenómenos recientes, como la manipulación de la opinión pública a través de las noticias falsas o de fenómenos como el sottogoverno que limita las posibilidades de hacer transparente y erradicar las prácticas ocultas del poder estatal. Cuando los gobiernos son insensibles al uso de metodologías extorsivas que utilizan información obtenida ilegalmente para disciplinar al Poder Judicial, es la legitimidad del sistema democrático en su conjunto la que se fe afectada.

Comentarios

comentarios

Sé el primero en comentar

Deja un comentario