La Justicia como instrumento de lucha

Opinión Publicada

Federico Delgado*

La palabra del sistema judicial es la política pública que en el marco de una República nos brinda certezas acerca de los prohibido y lo permitido; es decir, es fuente de certezas, de premios y de castigos. Su legitimidad entre los ciudadanos, la claridad de su mensaje y la intensidad del respeto que envuelve a esa palabra, es directamente proporcional a la capacidad de vivir en libertad organizados en base a derechos, sin reconocer otro señorío que el de la ley que condensa los valores que sedimentan ese “nosotros” en el que está anclada la organización social.

Los argentinos naturalizamos un feroz proceso de devaluación de la palabra judicial y, en consecuencia, nuestra vida pública parece estructurada en derredor de la ley, pero esta mediada por múltiples mecanismos que nos alejan de la República, desde que el sistema legal no es el único conjunto de reglas que guía las relaciones sociales. Hay reglas de hecho cuya eficacia es igual o más fuerte que la ley positiva. No es una cuestión de sectores sociales, es un formato de ejercicio del poder que invoca la aplicación de la ley y en la práctica la tuerce o la niega.

En efecto, los más vulnerables desconfían de la justica, los sectores medios y altos también. Aunque por distintos caminos, a veces con razón y a veces sin ella, la mayoría de los ciudadanos intuye que el campo judicial dejó de ser la arena en la que el Estado resuelve los conflictos, porque la justicia se transformó en un instrumento de lucha del que se sirve el poder instituido contra sus adversarios políticos. Probablemente el instituto de la prisión preventiva sea el indicador más fuerte de esa percepción, ya que desde hace mucho tiempo funciona como una pena anticipada. Muchas razones explican esa peculiaridad y no voy a desagregarlas en este momento. Me voy a detener en uno de los muchos costos de ese uso instrumental del aparato judicial. En particular, del uso de la justicia criminal como instrumento de disciplinamiento.

Para empezar, cuando alguien invoca la búsqueda de justicia sustantiva a través del sistema judicial, se enciende el enorme prestigio que genera la palabra justicia en las relaciones sociales. Todos prestamos atención a ella, porque siempre deseamos justicia. Sin embargo, por algunas razones que voy a enumerar brevemente después, quienes ocupan los roles de gobierno invocan la “búsqueda de justicia” para castigar a los que consideran adversarios invocando la ley, aunque en la práctica la ley funciona como una excusa para la venganza. Las manifestaciones de este fenómeno son diversas. No hay un solo modo. Siempre hay un marco. Puede ser una protesta social, puede ser el recorte de hechos para acotar el castigo al enemigo ocasional o directamente se puede armar una causa con pruebas falsas. Luego se aplica la prisión preventiva. Finalmente se utilizan poderosos dispositivos de comunicación para instituir un régimen de verdad capaz de presentar la cuestión como el “resultado del trabajo de la justicia”. Abundan los ejemplos, pero me interesa avanzar un paso más vinculado a enumerar brevemente las razones que permiten pensar las causas de esta mutación de la administración de justicia.

En los orígenes de nuestro estado nacional quizá yace el germen de la cuestión y, en la despolitización de las instituciones, su desarrollo posterior. Hay valiosas contribuciones sobre las consecuencias de la creación del estado en América Latina y la implantación de constituciones liberales, sobre comunidades cuyas concepciones eran diferentes. Muchas veces, como señaló Guillermo O’Donnell, el fracaso en la homogenización legal y política llevó a soluciones de compromiso, que generaron la convivencia de sectores que se adecuaron a las constituciones con tipos de autoridad patrimonialista. Cada trayectoria histórica marcó los rasgos de los países. En el caso argentino, la baja eficacia a la hora de implantar sistemas legales desembocó en una dispar aplicación de la ley. El propio O’Donnell las llamó “zonas marrones”, para identificar los lugares a los que ley estatal no llegaba.

 No me voy a detener mucho más en ello, sólo me interesa remarcar que la diferente intensidad de penetración del sistema legal es una de las fuentes de su ineficacia y de su crónica pérdida de legitimidad. Además, las soluciones de compromiso a la hora organizar el estado afectaron la propia autonomía institucional, porque sus propias condiciones negociadas de nacimiento dejaron enormes vías de comunicación entre la instancia de lo público e intereses particulares. Son esas vías de comunicación las que viabilizan la confusión entre el Estado y el gobierno; es decir, son las que permiten el uso de la justicia como instrumento de venganza, porque hay una cultura institucional de tolera compromisos que en la realidad contradicen la letra de la ley.

Pero hay más. La escasa capacidad de los gobiernos para democratizar el estado y la propia sociedad radicalizó esa legalidad truncada y de alguna manera acotó la legitimidad del castigo público. La distancia entre el país real y el legal es enorme. Los ciudadanos, históricamente perciben al castigo como una expresión de coerción y con una baja credibilidad. Solo se “acepta” la sentencia judicial como política pública. Se produjo así un hiato entre la justicia y la sociedad. La representación social ve a la justicia como un aparato lejano que no pertenece a esa propia sociedad. El sistema de administración de justicia, entonces, carece de esa potencia que dota de energía a las instituciones y que es la política (como actividad de la polis). En cambio, debido a su nacimiento negociado, a sus agujeros y a dicha despolitización, tiende a ser receptiva a intereses de partidos políticos u otro tipo de organizaciones. Esas instituciones despolitizadas que remiten a abstractos modelos ideales, “separadas” de los humores sociales, son sencillas de colonizar y de utilizar en provecho propio bajo el paraguas de la “búsqueda de justicia”.

La eficacia de ese ejercicio anómalo del poder de castigar se ve multiplicado por complejas alianzas entre coaliciones de gobierno y poderosos conglomerados empresarios que alojan los “poderes salvajes” de los que habló Luigi Ferrajoli. Ello es así, entre otras cosas, porque los argentinos nos debemos una discusión muy profunda sobre el significado de algunas cláusulas de la constitución en el siglo que corre, en nombre de las que se justifican acciones incompatibles con la perspectiva republicana que define la libertad como no dominación. En nuestro país, hay una lectura rígida de algunos derechos constitucionales que luego limitan la vida pública y más tarde la posibilidad de desplegar con razonables chances de éxito un proyecto individual y colectivo de vida.

Es que una constitución de innegable cuño liberal y una interpretación que enfatizó demasiado la preponderancia del derecho de propiedad, mantuvo subordinados los fuertes componentes populares propios de las revoluciones modernas y la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Esa combinación de liberalismo y propiedad asocia de manera acrítica dos derechos diferentes. El derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de propiedad a través de la explotación de noticias como mercancía. Son actividades distintas que en el lenguaje de la ley y en la práctica política están asociados.  En el siglo de la revolución comunicacional, este ensamble de derechos diferentes impacta, como dice Gerardo Pisarello, en el pluralismo político. Pero, además, cuando se combina con el uso del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento su efecto sobre la ciudadanía es letal, porque se instauran regímenes de verdad en base al uso anómalo del poder político y su efecto es devastador, por la asimilación de la libertad de prensa con la de empresa que, y esto es lo decisivo, impide cualquier tipo de reacción real y legal de parte de las víctimas. Así se matan los derechos en nombre de los derechos.

Los argentinos tenemos muchas tareas por delante. Entre ellas, debemos ser capaces de re-politizar la vida pública, de construir instituciones autónomas para que nos expresen y que en esa capacidad de expresarse sean relativamente inmunes a intereses particulares. También, tenemos que demostrar la madurez necesaria para discutir el sentido de nuestras reglas de vida, de manera que la libertad reconozca como único límite la ley producida por el Estado que nos expresa a nosotros mismos. De lo contrario, vamos a permanecer sujetos al temor al sistema judicial que, irónicamente, debería ser el lugar que nos proteja de los más fuertes y poderoso mediante la aplicación de la ley.

*Publicado en «Sin Permiso»

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