Aleardo Laría.
El sistema democrático, tal como lo conocemos en la actualidad, nunca gozó de demasiada salud. La democracia política ha convivido con el sistema capitalista en una suerte de matrimonio de conveniencia, soportándose recíprocamente y tratando cada uno, a su manera, de imponer condiciones al otro. En opinión de Joseph Stiglitz, el capitalismo actual puede ser definido como “asistencialismo corporativo”: se emplea el poder del Estado para proteger a los ricos y poderosos en lugar de a los más desfavorecidos y a la sociedad en general. En forma paralela, líderes autoritarios intentan vaciar de contenido a la democracia, usando las instituciones en su propio beneficio. El resultado de todas estas presiones que se abaten sobre la democracia es que, sin que nos demos cuenta, la van destruyendo lentamente, tornándola irreconocible.
Los profesores norteamericanos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt acaban de publicar un ensayo bajo el título “Como mueren las democracias” (Editorial Ariel), en el que muestran cómo han desaparecido diversas democracias y qué podemos hacer para salvar las actuales. Como relatan, en la actualidad las democracias no terminan con un golpe militar sino mediante el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales: “Así es como mueren las democracias hoy en día. Las dictaduras flagrantes, en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar, prácticamente han desaparecido del panorama. Desde el final de la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas no las han provocado generales y soldados, sino los propios gobiernos electos”. Añaden que “el enfoque comparativo revela asimismo cómo autócratas electos de distintas partes del mundo emplean estrategias asombrosamente similares para subvertir las instituciones democráticas”.
La investigación de los profesores Levitsky y Ziblatt es una sugerente invitación a colocar el foco de atención en la situación actual de la democracia argentina gobernada por el presidente Mauricio Macri. Para hacer este recorrido es conveniente partir de la descripción que los profesores citados hacen sobre los modos en que los autócratas electos subvierten la democracia para verificar a continuación si en Argentina se cumplen esos presupuestos.
“Los autócratas electos subvierten la democracia….llenado de personas afines las instituciones del Estado y otros organismos neutrales”. En Argentina existe una tradición consistente en llenar los puestos de la administración pública con los propios partidarios. Es el denominado spoil system que en los Estados Unidos fue eliminado hace la friolera de 123 años mediante la Ley Pendleton dictada en 1893 que instituyó el civil service, y permitió una administración absolutamente profesional y despolitizada. El presidente Macri no solo cubrió numerosos puestos públicos con militantes de su partido, sino que toleró que sus ministros colocaran a familiares y amigos, como ha sido el conocido caso del ex ministro de Trabajo Jorge Triaca. Además colocó en puestos estratégicos de control gubernamental a personas incondicionales: Gustavo Arribas en la AFI; Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción; y a Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro, quien se ha destacado recientemente por el descollante papel en la labor de encubrimiento del fiscal declarado en rebeldía, Carlos Stornelli. Saravia Frías sustituyó al anterior procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien luego de elaborar un informe en el que advertía sobre las escandalosas maniobras que se habían puesto en práctica en el concurso del Correo Argentino, fue invitado por el gobierno a abandonar su cargo.
“Los autócratas electos subvierten la democracia…reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario”. Hemos asistido al malabarismo político de dictar decretos para modificar las reglas electorales prohibiendo las listas “colectoras” y al mismo tiempo, casi sin solución de continuidad, al propósito de anular el decreto al constatar que los cálculos preelectorales habían sido erróneos. Con el mismo desparpajo se lanzó el globo de ensayo de eliminar las PASO, medida que finalmente no se adoptó al constar que no iba a encontrar respaldo en la justicia electoral.
“Los autócratas electos subvierten la democracia…poniendo obstáculos a los medios de comunicación que no son afines”. Los grandes medios de prensa (Clarín y La Nación) vienen liderando una campaña mediática dirigida a filtrar todas las informaciones que provienen de la AFI o de las propias oficinas gubernamentales buscando dañar la imagen de la ex presidenta Cristina Fernández. De modo que en esta ocasión el gobierno no necesita silenciar la prensa puesto que la tiene incondicionalmente a su servicio. Sin embargo, cuando ha aparecido un medio crítico como C5N, se buscó armar una causa judicial contra los propietarios, dirigida a provocar la disolución del Grupo Indalo.
“Los autócratas electos subvierten la democracia…instrumentalizando a los tribunales de justicia”. En este rubro se registra el mayor atentado a la democracia cometido por el gobierno de Mauricio Macri. No se registran antecedentes de un gobierno que hubiera llevado a tales extremos los modos de intervenir en el Poder Judicial provocando el cese de los jueces que el gobierno considera hostiles y promocionando otros que el gobierno confía seguirán sus dictados. En esta labor de apartar a los jueces incómodos, han jugado un rol importante los servicios de información del Estado, que acumulan información comprometedora para conseguir violentar voluntades. También se ha utilizado la AFI para armar causas judiciales contra políticos de la oposición o para filtrar escuchas ilegales a través de periodistas inescrupulosos que han olvidado los códigos deontológicos de su profesión.
“El armado de causas contra los opositores políticos”. Las numerosas causas armadas contra la ex presidente CFK son inconsistentes y arbitrarias si nos referimos a la pretensión de juzgar actos de gobierno, tal como acontece en la causa Memorándum y la causa Banco Central. Las causas por supuestos actos de corrupción han sido multiplicadas por el trozamiento arbitrario practicado por Bonadío y la teoría de asignar responsabilidad al presidente de la República por los episodios de corrupción detectados en los renglones inferiores de la Administración, convirtiéndolo en jefe de numerosas asociaciones ilícitas, es un absurdo desde toda lógica jurídica. Paralelamente, los numerosos delitos cometidos indiciariamente por los empresarios amigos del presidente Macri han sido ignorados u ocultados por los medios afines al gobierno. Todos los delitos de cohecho investigados (causa cuadernos, causa Odebrecht, etc.) tienen una estructura bilateral -no hay cohecho pasivo sin cohecho activo-. Pero pasados por el tamiz de la prensa adicta, han dejado de ser graves delitos de empresarios de la obra pública para aparecer en los medios como casos de “corrupción K”.
“El encubrimiento de la corrupción que afecta a los amigos del poder”. Las notables maniobras del gobierno para ocultar la corrupción que emerge de sus propias filas, muestra a las claras la hipocresía de alentar una caza de brujas contra los “enemigos” poniendo bien a salvo a los “amigos”. El modo en que se ha intentando enmascarar los sobornos recibidos por el jefe de la AFI Gustavo Arribas; las dilaciones para que lleguen de Brasil las pruebas que comprometen a las empresas asociadas a Odebrecht en tres grandes obras públicas asignadas a un consorcio en el que participa Iecsa, la empresa constructora de la familia presidencial; las maniobras dirigidas a apartar a la fiscal Boquín que investiga el fraude procesal en el concurso de acreedores del Correo Argentino, son todas muestras elocuentes del enorme desparpajo de estos cínicos cruzados en la lucha por la corrupción.
A todos esos elocuentes datos cabe añadir una observación de Levitsky y Ziblatt, apropiada para aplicar a la realidad Argentina. En opinión de estos profesores, las democracias fuertes están apuntaladas con normas democráticas no escritas. Citando el caso de los Estados Unidos, señalan que dos normas básicas han reforzado los mecanismos democráticos en ese país: la tolerancia mutua, es decir el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales. En Argentina hemos asistido a una campaña colosal, dirigida desde la Agencia Federal de Inteligencia, y acompañada por una coalición mediática y judicial, destinada a acrecentar la grieta entre los argentinos, convirtiendo a las diferencias políticas en grietas morales. Una fabulosa estafa que pretende ocultar los propios errores y condicionar la voluntad política de los ciudadanos, para hacerles optar entre el Mal y el Bien. La paradoja trágica de esta senda hacia el autoritarismo es que los verdugos de la democracia legitiman estas maniobras invocando los principios republicanos. Una suerte de remake de la Revolución Libertadora cuando el oscuro “enemigo” se llamaba entonces Juan D. Perón. Esta compulsión obsesiva a la repetición de errores históricos -que es la señal de identidad del gobierno de Mauricio Macri- es uno de los obstáculos que impiden que el debate político escale en altura y atienda los problemas que mantienen a la Argentina sumida en el atraso y la desesperanza.
