Por una modernización reflexiva

Aleardo Laría.

       Es todavía pronto para establecer las causas que dieron origen a la pandemia del coronavirus. Es muy probable que el factor más relevante esté vinculado a la alteración global de los ecosistemas debido a la crisis  climática que padecemos. La deforestación del Sudeste Asiático y los cambios en los usos de la tierra; la urbanización desmedida; la destrucción de la biodiversidad; el crecimiento desmedido de las agroindustrias; la transmisión de enfermedades entre especies animales hacinadas que luego pasan virus a los humanos; la alimentación que incluye animales salvajes; el crecimiento del turismo y el uso masivo de los medios aéreos; la debilidad y mercantilización de los sistemas de salud pública, son seguramente factores que se han entrelazado para dar lugar al explosivo fenómeno. Surge entonces la cuestión de si podemos seguir expoliando impunemente a la naturaleza como si fuera un elemento inerte, destruyendo las bases ecológicas y naturales de la vida.

            Fue el sociólogo alemán Ulrich Beck quien en un ensayo escrito en el año 1989  al calor del desastre ecológico provocado por la central nuclear de Chernóbil, alertó sobre los riesgos que acompañan al proceso de industrialización acelerado por la globalización. Según el pensador alemán, en la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Estamos frente a un nuevo paradigma que nos obliga a pensar cómo evitar o minimizar los riesgos que se producen de modo sistemático en el proceso de globalización, que deja liberadas fuerzas destructivas que no siempre podemos prever y dominar. Beck hizo un llamado a iniciar un proceso de “modernización crítica reflexiva” para colocar el desarrollo científico tecnológico bajo el rol protagónico de “lo político” como orientador de esa tarea. Afirmaba que debemos poner la salud y el interés de la humanidad en la conservación del planeta como objetivos estratégicos que permitan garantizar el futuro a las próximas generaciones.

            Según la comunidad científica ya es tarde para evitar un calentamiento global de 1,5 grados en la temperatura de la Tierra. Los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático afirman que deberíamos reducir un 45% nuestras emisiones de gases de combustibles fósiles antes de 2030 para evitar que el calentamiento global supere los 2 grados. En una reciente nota, Alieto Guadagni ha reivindicado la necesidad de reducir las emisiones contaminantes en Argentina no solo para cumplir con los objetivos de la ONU de alcanzar  cero emisiones netas en 2050 y limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, sino también para reducir las muertes prematuras que están relacionadas con la contaminación del aire.

            Según la Organización Mundial de la Salud  se calcula que en el mundo son 1,3 millones las personas que mueren  prematuramente cada año a causa de la contaminación atmosférica urbana. La contaminación del aire representa un grave problema de higiene del medio que afecta a los habitantes de los países en desarrollo y desarrollados. Los residentes de las ciudades, donde hay niveles elevados de contaminación atmosférica, padecen más enfermedades cardiacas, problemas respiratorios y cánceres del pulmón que quienes viven en zonas  donde el aire es más limpio.  El sector transporte es la mayor fuente de emisiones contaminantes y para reducir su impacto sería necesaria la electrificación del transporte y el uso más frecuente del transporte público y no motorizado.

            Para paliar estos efectos negativos de la contaminación atmosférica sobre la salud, La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) –integrada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 54 países, entre otros agentes- han puesto en marcha la iniciativa Breath the Life (Respira la vida). Se trata de un programa que pretende “movilizar a ciudades y particulares para proteger nuestra salud y nuestro planeta de los efectos de la contaminación atmosférica”, y que se ha fijado el objetivo de reducir a la mitad el número de muertes relacionadas con la polución del aire antes de 2030.

            Por otra parte, en un manifiesto difundido en estos días, la Alianza Europea para una Recuperación Verde –integrada por ONG, responsables políticos, sindicatos y directivos de multinacionales- ha afirmado que la lucha contra el cambio climático debe ser el núcleo de la estrategia económica que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada a la pandemia del Covid-19.  Conscientes de que la degradación del medio ambiente y el cambio climático representan una gran amenaza para el mundo, a mediados de diciembre de 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde Europeo como hoja de ruta para conseguir una economía sostenible para la Unión Europea. Es la primera vez que se presenta un plan estratégico para erradicar completamente las emisiones de CO2 provocadas por las energías fósiles. La idea es lograr que Europa sea climáticamente neutra en 2050 y para conseguirlo la UE deberá recortar los gases emitidos en un 40% para el 2030.

            Esta estrategia de la Unión Europea, apostando por las energías limpias, contrasta con las decisiones tomadas en Argentina a favor de las energías fósiles mediante elevadas inversiones en Vaca Muerta.             Argentina es uno de las economías latinoamericanas más importantes y, sin embargo, se encuentra a la zaga de la región en términos de generación de energías limpias, si bien se registran progresos en los últimos años. La matriz energética primaria nacional -dependiente en un 80% de hidrocarburos (de los cuales el gas natural representa el 50%)- posee una participación baja de las energías renovables (alrededor del 8% a finales de 2019). Por el contrario, en Uruguay, las energías renovables cubren ya el 94% de la oferta eléctrica, computando las originadas por aerogeneración, hidroeléctrica, biomasa y paneles solares.

            El comité de la ONU por el Cambio Climático, dejó claro en un reciente informe  que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación total con la fracturación hidráulica de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono, para alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”. En consecuencia, recomienda al Estado argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking” en la región de Vaca Muerta, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones a la luz de los compromisos del Acuerdo de Paris”. Dichos compromisos, asumidos por nuestro país, implican una reducción considerable de emisiones de CO2, algo difícil de lograr si se avanza con Vaca Muerta.

            Según Daniel Montamat con las actuales cotizaciones del barril, la explotación petrolera del fracking en la Argentina se hace inviable para nuevos proyectos. Los existentes operan con costos marginales que en algunos casos superan los actuales precios de referencia internacional. Por retenciones o por precio sostén la Argentina ha estado divorciada de las referencias internacionales desde el 2002 a la fecha. Basta decir que en Estados Unidos, el gas en boca de pozo por millón de BTU cuesta 2,50 dólares, mientras que en el nuestro se reconoce un precio sostén de 7,50 dólares.

            En Estados Unidos desde que la actividad del fracking se inició en forma expandida en 2010 ha obtenido números en rojo, según expone Bethany McLean, en su libro América Saudí. Fue el año donde las financieras y petroleras decidieron imponerla en nuestro país, logradas las condiciones excepcionales con las que cuentan. Por su parte, en un artículo reciente, el Wall Street Journal  informa que “el problema secreto del fracking es que los pozos de petróleo no producen tanto como estaba previsto”. El texto advierte que “miles de pozos shale (producción no convencional, como en Vaca Muerta) perforados en los últimos cinco años están bombeando menos petróleo y gas de lo que sus propietarios pronosticaron a los inversores, lo que plantea dudas sobre la fortaleza y la rentabilidad del auge del shale”.

            Todas estas circunstancias evidencian la necesidad de repensar nuestro modelo energético si queremos ajustarlo a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. No cabe duda de que la única vía de acción contra el cambio climático es global, es decir, con un consenso solidario entre todas las naciones. Igual que para el coronavirus, no hay remedios locales para catástrofes que son globales.  En medio de la crisis sanitaria mundial a causa de la pandemia del coronavirus, un diario tan liberal como el Financial Times ha reconocido que «se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos», analizando que los «gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía». Por lo tanto, la pandemia obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema de decisiones que nos rige. Es evidente que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo.