Guerra preventiva contra la reforma judicial

Aleardo Laría.

Es un clásico de la política. La derecha conservadora, por sistema, siempre se opone a las reformas. El establishment vive confortablemente  instalado en el sistema de poder consolidado por las tradiciones y el tiempo. De modo que cualquier anuncio gubernamental de medidas dirigidas a modernizar las viejas  reglas de juego, desata de inmediato una condena absoluta y una feroz campaña mediática que se lanza preventivamente, antes de conocer siquiera el contenido de las reformas. Sin embargo es normal  en cualquier país del mundo que el presidente que acaba de ganar las elecciones anuncie medidas para corregir las cosas que no han  funcionado bien. En una democracia es un derecho incuestionable del presidente preparar  iniciativas con el máximo rigor técnico para elevarlas al Parlamento. De modo que alarmarse o tildar de “provocación” lo que es un simple acto normal de gobierno solo acontece en la pantanosa ciénaga en que se ha convertido la política argentina.

            Ha bastado que el presidente Alberto Fernández  tomara la iniciativa de designar una comisión de expertos para diseñar las vigas maestras de una eventual reforma judicial, para que enormes titulares se abalanzaran sobre su cabeza: “reforma mal parida”, “reforma que nace enferma”, “el Nunca Más al revés”,  “la comisión Beraldi”, y otros por el estilo. La más notoria disonancia cognitiva provenía de un eximio columnista de La Nación que al inicio de su nota afirmaba: “El enorme desprestigio judicial necesita cambios profundos, sostenidos y consensuados. Pero el presidente busca crear una llave para la impunidad de Cristina”. Es decir que se partía de un reconocimiento sincero y sin ambages de la necesidad de la reforma, pero a continuación bastaba  un  simple juicio de intenciones para despachar el asunto. De modo que con semejante argumentación nuestra democracia queda condenada al inmovilismo y a la parálisis porque en cualquier iniciativa política acecha una diosa maligna, capaz de urdir las trampas más inverosímiles para  cautivar a la pudorosa República que nos ilumina.

            Para esta operación coordinada de arrojar pelotas a la cara de un hombre negro, no hace falta esforzar la mente, y cualquier argumento es fungible. Algunos respetables analistas opinan que en plena pandemia no es conveniente iniciar ninguna reforma. Como lo más previsible es que  la  pandemia y sus inevitables secuelas se prolonguen a lo largo del período presidencial, condenamos al presidente Alberto Fernández a que se prive de gobernar o de tomar iniciativas para no infligir nuevos daños psicológicos a los aguerridos dirigentes de la oposición. Otro de los argumentos se desprende de la ingeniosa broma de llamar “comisión Beraldi” al consejo consultivo creado por el presidente. La impugnación se formula en base a los clientes de algunos de los juristas que integran la comisión. Es un argumento de doble filo y quienes los formulan no han previsto que con los mismos motivos se podría deslegitimar el acceso a la presidencia de la Corte Suprema de cualquier jurista que se hubiere desempeñado en su etapa profesional como abogado de notorias empresas multinacionales.   Es el problema creado por la disfunción visual llamada grieta: vemos la brizna de paja en el ojo de los enemigos pero no percibimos la viga en el ojo de los  amigos.

            La batalla política por la reforma judicial previsiblemente será larga y feroz, y sus resultados inciertos. Ningún analista serio niega que la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires fue parcialmente colonizada por los servicios de inteligencia del Estado y que desde el último gobierno esos servicios se utilizaron para abastecer variadas causas judiciales que afectaban a dirigentes de la oposición, en especial a Cristina Fernández. Ningún analista serio puede negar que algunas causas instruidas contra la ex presidenta, en especial las incoadas por el juez Claudio Bonadío sobre el Memorándum con Irán y los contratos del Banco Nación, carecen de respaldo jurídico porque pretenden judicializar actos de gobierno. Ningún analista serio puede negar la modificación abusiva de los criterios que justifican la prisión preventiva para alcanzar a los ex funcionarios invocando la abstracta  capacidad de entorpecer las investigaciones por sus lazos residuales.  Ningún analista serio dejaría de reconocer que si esa misma teoría se aplicara hoy a las causas que se han abierto contra el  ex presidente Macri y  alguno de sus ministros, los resultados no podrían ser diferentes a los que llevaron a prisión preventiva a Amado Bodou o a Julio de Vido.

            De modo que los argumentos que justifican la necesidad de la reforma judicial son abrumadores. Ahora bien, como las desviaciones cometidas por jueces que se prestaron a la politización de las causas penales deben ser inexcusablemente corregidas, siempre existirán argumentos para aquellos que consideran que lo que Alberto Fernández busca es “la impunidad de Cristina”. En el marco de  una disputa política más emocional que racional, es inevitable el desacuerdo. De allí que la estrategia de Alberto Fernández de buscar una reforma judicial avalada por expertos jurídicos de impecables antecedentes, busca atravesar el estrecho paso resguardado por aquellos irascibles monstruos marinos de la mitología griega. Si consigue que Escila y Caribdis sigan entretenidos en hablar de las formas y olvidarse de los contenidos, puede ser que su azarosa travesía termine coronada por el éxito.

Esta nota se publicó en la edición online de «Río Negro»

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