Asedio a la democracia

Aleardo Laría.

Existen muchas definiciones de la democracia. Desde una concepción minimalista se la ha circunscripto a un simple método que permite la alternancia pacífica de los gobiernos. Por consiguiente los resultados de las elecciones populares, si han tenido lugar sin fraude, otorgan legitimidad a los nuevos dirigentes elegidos. Sin embargo, como hace tiempo advirtiera Max Weber, no basta el cumplimiento formal de los procedimientos para otorgar esa legitimidad y debe añadirse otro factor un tanto subjetivo pero relevante: la creencia compartida en esa legitimidad. Este reconocimiento de la legitimidad de origen asegura a un gobierno la posibilidad de desplegar su  propuesta programática a lo largo de su mandato. Como es obvio, ningún gobierno puede conseguir obtener el reconocimiento de todos y más difícil aún es contar con el de quienes no lo votaron. Pero lo importante es que esa creencia en la legitimidad la comparta un número mayoritario de los ciudadanos, tanto de los que lo votaron como la de los que no lo votaron.  

            Ahora bien, podemos encontrarnos con una oposición recalcitrante que no acepta los resultados electorales. Una oposición de esta naturaleza  puede inferir graves daños al proceso democrático utilizando una estrategia de “cuanto peor, mejor”. Las diferencias entre una oposición constructiva y otra destructiva son evidentes. En el primer caso, la oposición reconoce la legitimidad del gobierno y formula una crítica basada en propuestas alternativas. En el otro, cualquier circunstancia del orden que sea, es aprovechada para deslegitimar al gobierno. De manera que una situación tan anormal como una pandemia, que es un acontecimiento fortuito ajeno al accionar político pero que genera un enorme desasosiego en la población y provoca enormes tensiones en el subsistema económico,  puede ser utilizada de una forma oportunista para desgastar al gobierno. Estas estrategias de la crispación han sido adoptadas en Europa por formaciones de ultraderecha, como Vox en España, que promueven manifestaciones contra la cuarentena en las que la bandera nacional se utiliza como símbolo partidista.

            La estrategia de la crispación opera en Argentina mediante la denuncia permanente y sistemática de toda iniciativa, propuesta o simple opinión proveniente del gobierno para acusarlo de incompetencia, carencia de proyecto, vulneración de la división de poderes, intento de buscar la impunidad en las causas de corrupción, ataques a la libertad de expresión, vulneraciones al derecho a la propiedad privada  y, en resumidas cuentas, sembrar dudas sobre su legitimidad democrática. El objetivo que persigue esta estrategia es elevar la tensión política incluso en temas de escasa significación. Se verifica así la presencia de rasgos comunicacionales que se caracterizan por: 1) La desmesura en la crítica, utilizando la descalificación permanente mediante el uso de adjetivos hiperbólicos o incluso las acusaciones más fantasiosas; 2) la tergiversación de meras opiniones que son polisémicas eligiendo la interpretación más sesgada en contra del emisor; 3) la magnificación de errores habituales en la acción de gobierno que, pese a su corrección, son traídos una y otra vez, como si no hubiesen sido rectificados; 4) la recuperación de archivos para descalificar a dirigentes que cometieron el imperdonable pecado de cambiar de  opinión sobre algún tema;  5) la atribución de responsabilidad al Gobierno por usurpaciones de propiedades que son iniciativas de actores privados (por ejemplo, en España se registran más de 9.000 usurpaciones al año pero nadie se la endosa al gobierno); 6) la distorsión lisa y llana de los hechos, descalificando actuaciones del gobierno no por sus resultados, sino por la intención perversa que se les atribuyen. Es curioso, pero para algunos dirigentes de la oposición basta invocar la mera sospecha para arrojar a la hoguera inquisitorial las iniciativas institucionales que pueden llegar a alterar el status quo. En el mundo no se registran muchos antecedentes en donde la oposición, para aventar sus subjetivas sospechas, exige al gobierno que aplique el programa de los que perdieron las elecciones.

            Esta crítica desmesurada busca menos el intercambio de opiniones que su traslado a los medios de comunicación, donde recibe el espaldarazo de los diarios del establishment que no  escatiman esfuerzos en sumarse a esta labor de desgaste permanente que practican los sectores más ultras. Todos los días las columnas de opinión de estos medios recogen las mismas voces con la misma martingala de interpretaciones sesgadas sin que se  ofrezca lugar a una opinión diferente. La virulencia de este esfuerzo obsesivo por denigrar al gobierno registra pocos antecedentes en la historia del mundo de la información, dado que este periodismo de guerra solo se manifesta en los casos de países que entran en conflictos bélicos.  

            Una muestra elocuente de esa pérdida del sentido de la ecuanimidad, que es un rasgo característico del buen periodismo, lo ha ofrecido el tratamiento informativo de la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla quien en una extensa y argumentada resolución elevó a juicio oral la comprobada existencia de una extensa red de espionaje paraestatal. Se trata del episodio de mayor gravedad institucional que registra la democracia desde su recuperación en el año 1983 porque pone al desnudo al “sottogoverno”, es decir el uso del aparato del Estado con fines partidistas para espiar, desprestigiar y armar causas judiciales contra los dirigentes de la oposición. En otro juzgado federal se sigue otra causa similar que afecta directamente a los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, de modo que es evidente que no estamos ante audaces elucubraciones de un juez “kirchnerista”. ¿Cuál es la atención mediática que ha recibido el caso en los medios del establishment?: Solo la estigmatización del juez porque ha tenido la audacia de incriminar a un periodista que aparece indiciariamente comprometido en las acciones desplegadas por la trama. La Academia Nacional del Periodismo se ha permitido afirmar que “en esta causa en particular, el procesamiento se asienta en suposiciones, datos falsos, inferencias indebidas y en una fuerte politización de las interpretaciones de los hechos”. Por su parte, el editorialista de La Nación no ha ahorrado adjetivos para considerar que la resolución del juez “constituye otro artero ataque a la libertad de expresión y de prensa, al igual que al derecho de acceso a la información, entre otras aberraciones que violentan las garantías del debido proceso judicial”. Es decir que estos celosos defensores de la división republicana de poderes se consideran autorizados para juzgar y proclamar anticipadamente la inocencia de un periodista solo en mérito a su excelsa profesión, reivindicando una suerte de bill de indemnidad para declararlo liberado de las leyes que se aplican al resto de los mortales.

            Es cierto y hasta inevitable que las sociedades modernas se vean atravesadas por inevitables desacuerdos consecuencia de los intereses divergentes de los grupos que forman la sociedad y las visiones ideológicas que confrontan sobre el modo de alcanzar el bien común. Sin embargo, al aceptar la democracia, existe un consenso explícito que pasa por el respeto a las reglas de juego que están diseñadas por el ordenamiento constitucional. A ese conjunto de leyes se deben añadir otras normas que, aunque no siempre adquieren forma escrita, están implícitas y son muy relevantes. Son aquellos códigos éticos que reglamentan los comportamientos de los ciudadanos y que se adquieren por la simple habituación en la vida en sociedad.  Entre esas virtudes sociales podemos mencionar la honradez, la buena fe, la capacidad de colaboración y un cierto sentido del deber hacia el conjunto de la sociedad.

            Steven Levitsky, en su conocido ensayo sobre Como mueren las democracias, ha insistido mucho en este tema. Afirma que las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas. Dos normas básicas han reforzado los mecanismos de control y equilibrio en las democracias consolidadas: la tolerancia mutua, consistente en el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos, y la contención, o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas institucionales. Añade que si algo se infiere del estudio de las quiebras democráticas en el transcurso de la historia es que la polarización extrema puede acabar con la democracia.

            Por su parte, Chantal Mouffe en La paradoja democrática, argumenta que una democracia que funcione correctamente tolera el vibrante enfrentamiento de las posiciones políticas democráticas. Pero una democracia pluralista  requiere también lealtad a los valores que constituyen sus principios éticos-políticos. El objetivo de la política democrática es construir de tal forma que el opositor deje de ser percibido como un enemigo a destruir y se conciba como un adversario, es  decir como alguien cuyas ideas combatimos pero cuyo derecho a defender dichas ideas no ponemos en duda. Es labor de la política domesticar la hostilidad e intentar atenuar el antagonismo potencial que existe en las relaciones humanas. Cuando los antagonismos políticos se formulan en términos de categorías morales, “los otros” solo pueden ser concebidos como enemigos. Frente a enemigos  considerados como seres perversos ningún debate democrático es posible y solo predomina el deseo de erradicarlos. Justamente, la dictadura militar argentina legitimó su accionar en la necesidad de aniquilar a la subversión, concebida como una suerte de virus maligno. Algunas personas  se abastecen aún de esas categorías morales. La creencia en la existencia de “enemigos absolutos” promueve los antagonismos sin tomar conciencia que la polarización extrema pone en riesgo al conjunto del sistema democrático. De este modo, no es el gobierno sino la democracia la que se ve asediada.

            Como advierte Steven Levitsky, este tipo de intensificación del conflicto político rara vez acaba bien. Si los partidarios de la democracia  no se esfuerzan por restaurar las normas de la tolerancia mutua y no se alcanza una cierta contención institucional, es probable que esta metodología enraíce en la sociedad y  el próximo presidente de un signo político opuesto afronte una oposición dispuesta a desplegar las mismas estrategias de crispación. Ninguna democracia puede sobrevivir al estrés provocado por estos enfrentamientos sucesivos.  La creación de un clima de tolerancia recíproca es una labor colectiva que solo es posible cuando una masa crítica de políticos, de intelectuales, de periodistas y de ciudadanos acepta las reglas no escritas de la democracia y descalifica el uso de estrategias dirigidas a la destrucción del adversario. No hace falta hurgar en la historia para darse cuenta que las palabras lanzadas como puños solo sirven para repetir amargas frustraciones.

            Frente a este cuadro desesperanzador, Cristina Fernández acaba de formular un llamamiento a la cordura e, implícitamente, al abandono de las posturas beligerantes. Su diagnóstico de que “sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina” no se puede resolver el grave problema de la economía bimonetaria,  solo puede ser leído como una invitación a  buscar  fuertes consensos en el subsistema económico para resolver problemas estructurales de larga data. Abordar el tema de la desconfianza en la moneda argentina es abrir el debate sobre un amplio abanico de cuestiones macroeconómicas como son la inflación, el déficit fiscal, el sistema impositivo y el ordenamiento del sector público. La mayoría de los países que consiguieron resolver el problema de la inflación lo lograron cuando se alcanzaron acuerdos políticos que respaldaban políticas públicas consensuadas que debían desplegarse a lo largo de una década.  Es un desafío político enorme, que difícilmente pueda ser emprendido si no se abandonan las estrategias de la confrontación sistemática. Si el tema se instala con fuerza en la agenda política y alcanza suficiente masa crítica, es posible que nos situemos en un escenario más optimista que el marcado por una democracia sometida al asedio de la intolerancia.

Esta nota ha sido publicada en «El cohete a la Luna» edición del 1.11.20.

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