Presuntos abusos a niños del jardín de infantes en 25 de Mayo: el miércoles se lee el fallo

Mariana Benítez

El miércoles 1 de febrero a las 12 del mediodía la Justicia de Santa Rosa, La Pampa, deberá dar un fallo que indefectiblemente afectará la vida de la localidad de 25 de Mayo. La ciudad entera espera la sentencia como una respuesta a su angustia.

“Los chicos no mienten”. La frase “tan políticamente correcta” es repetida tanto por unos como por otros. Y entre ellos, la sociedad de 25 de Mayo: los que creen firmemente en la acusación; los que no pueden creer; los que no creen, pero no se animan a decir; los que creen firmemente que no ha existido el delito.

Los hechos

Todo comenzó el 18 de mayo de 2015 cuando un padre llevó a su hijo de cinco años al hospital local Jorge Ahuad y, tras encontrarse “lesiones físicas compatibles con situaciones de abuso”, se realizó la primer denuncia ante la Unidad Regional IV.

Tras esa primera presentación se continuaron decenas más. Poco a poco, muchos de los padres de niños que concurrían a las salitas de 4 y 5 años de los Jardines Infantiles Nucleados N° 12, que funcionaban en el edificio de la Escuela Especial Nº 10, fueron acercándose a presentar su denuncia.

Mientras los pasillos se llenaban de padres desesperados, afuera de Fiscalía las familias se quedaban, se reunían, compartían sus vivencias, comenzaban a pedir justicia. “Entre todos nos vamos apoyando y dando contención para que nadie se desborde. Estamos convencidos de que no podemos apostar a la violencia. Esta mañana llegaron a hacer sus denuncias otros dos padres de chicos que fueron a ese Jardín el año pasado. Esta gente destruyó el futuro de 25 de Mayo pero el pueblo es nuestro, no lo vamos a romper. Tenemos que buscar el medio de la justicia”, decía uno de los padres.

Una de las marchas. Foto TN

Los niños de los primeros ocho casos denunciados fueron llevados a la localidad de General Acha, a unos 300 kilómetros de Veinticinco, donde se les realizó por primera vez la Cámara Gessell para escucharlos.

Inmediatamente fueron arrestadas dos personas: Marcelo Tatavitto Roade, secretario de la Coordinación de Colegios Secundarios de la zona, y María José Tello, docente de una salita de 4 años del JIN Nº 12.

Las denuncias comenzaban a trascender: señalaban que los niños habrían sido abusados en el baño de Coordinación y llevados a una chacra cercana donde eran abusados y fotografiados en ropa interior. Cabe aquí recordar que en ese momento el JIN N° 12, que debía contener a todos los niños de 5 y de 4 años de la localidad, no tenía aulas suficientes y es por esto que las salitas de 4, de ambos turnos, funcionaban en la Escuela Especial N° 10. Allí también había una oficina donde funcionaba el centro de Designaciones de Secundario (donde había una empleada) y otra donde estaba ubicada la mencionada Coordinación (donde se podía encontrar a la Coordinadora, su secretario y el equipo de gestión, en total, unas 8 personas).

El 22 de mayo, el por entonces gobernador pampeano Oscar Jorge dispuso por decreto la intervención del Jardín de Infantes Nucleado Nº 12, la Escuela Especial Nº10 y la Coordinación de Área II Zona Sur de Nivel Secundario.

El 27 de mayo, el pueblo salió a la calle en una de las primeras marchas multitudinarias que se produjo en esta pequeña comunidad. Nadie recordaba momentos en los que el pueblo estuviera tan unido tras un lema, salvo hace 10 años cuando la comunidad entera se levantó y consiguió que las empresas petroleras comenzaran a contratar mano de obra local.

El 11 de junio fue arrestada una segunda docente, Gabriela Bastías, y en septiembre, el director del Colegio Secundario Armando Alfageme, Oscar López.

El JIN 12. Foto TN

A los cuatro se les inició sumario administrativo y se les retiene el sueldo. Las dos mujeres, por tener niños pequeños a su cargo, se encuentran con prisión domiciliaria en departamentos alquilados por ellas mismas en Santa Rosa. López, por tener problemas de salud, también se encuentra con prisión domiciliaria. Tatavitto fue encerrado en una prisión estatal. Tanto él como Bastías aseguran que fueron golpeados en prisión.

Lo mismo… (pero todo lo contrario)

El 27 de mayo, medios regionales publicaban que el abogado Sebastián País Rojo, quien por entonces representaba a varios de los padres de niños, afirmaba que los delitos denunciados “no pueden haber pasado desapercibidos a 23 personas mayores. Estamos hablando de algunas que pueden estar involucradas y de otras que, claramente, no”.

En la vereda de enfrente, ese mismo día, el abogado Omar Gebruers, representante de tres de los cuatro acusados, comentaba a un medio: “Es todo inverosímil, no hay posibilidad material de que hayan podido retirar a los chicos del establecimiento sin que nadie haya notado nada”.

Así comenzó una de las características más llamativas de este caso y que seguramente ha hecho tan difícil la situación para esta comunidad pampeana: Los mismos hechos son analizados de manera absolutamente contraria según quien los refiera. Las cámaras Gesell, las lesiones, las pericias psiquiátricas, las pericias a computadoras, tablets, celulares, autos y hasta a casas de los imputados, todo fue interpretado por los actores de manera completamente antagónica.

En una entrevista al diario La Arena, Tatavitto interpretaba que la acusación en su contra podía tener un condimento político: “Los temas políticos están detrás. En 25 de Mayo, hace rato que hay una efervescencia social y una persecución política muy direccionada. Este año ya empezó con la pobre chiquita a la que le quemaron el pie, donde hubo una movilización muy orquestada contra el Ministerio de Salud. Yo pertenezco al Ministerio de Educación y calculo que en mi persona, junto a las dos maestras, encuentran una forma de castigar a otra de las carteras de la provincia”.

Días después, el abogado Armando Agüero, en representación de los padres, respondía por la prensa: “Es ridículo que los padres van a exponer a sus hijos con una denuncia de este tipo para beneficiar o perjudicar políticamente a alguien”.

La cola del remolino

Tras las denuncias por supuestos abusos en el JIN, otros padres, de otras instituciones, se agruparon en la puerta de esos otros colegios a hacer denuncias públicas.

Las hubo en el Colegio Secundario José Armando Alfageme donde se denunciaba ante los medios y ante las autoridades educativas supuestos abusos cometidos en ese colegio.

También en la escuela N° 110 Río Colorado donde se denunciaron abusos de autoridad y maltrato por parte de la directora hacia los empleados, el permitir el ingreso de personas ajenas a la institución, hacer trámites personales en horarios de trabajo y desconocer la realidad edilicia de la escuela.

El Ministerio de Educación de la provincia decidió separar del cargo a todos los docentes que fueron acusados públicamente y comenzar a realizar investigaciones administrativas sobre las denuncias. Entre ellos se encontraban la directora del JIN, la directora de la Escuela 110 y el director del Colegio Alfageme. En total fueron más de 20 los docentes separados de sus cargos.

El 11 de agosto de 2015, el día en que se reiniciaron las clases de los jardines de 4 años en un edificio nuevo, el Plenario de Secretarios Generales de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa respaldaba a los docentes separados de sus cargos, anunciaba el levantamiento de la separación y agregaba: «Seguimos insistiendo en que el Ministerio (de Educación) se apresuró en la separación de los docentes en sus respectivos cargos, usando inadecuadas apreciaciones y juzgamientos por la máxima autoridad de la cartera ministerial, debiendo saber que en un país de Derecho como el nuestro, nadie es culpable hasta que se lo demuestre».

«En la misma bolsa»

Un año y medio después Bibiana Cesaretti, directora hasta mayo de 2015 de la Escuela N° 110, fue sobreseída por la Fiscalía Administrativa del Ministerio de Educación de todos los cargos que se le habían imputado. Pidió la palabra en Radio Municipal para decir: “Se nos metió en una misma bolsa a todos los docentes y se nos realizaban distintos tipos de denuncias que ya no tenían que ver con los supuestos abusos de menores”. Esta docente no fue la única sobreseída formalmente, pero sí la única que lo hizo público.

“Lo que aquí pasó fue un golpe de estado a las instituciones educativas por parte de un grupo de padres y principalmente del ministerio de Educación –interpretó Cesaretti-. Porque fueron casi todas las escuelas primarias y algunas secundarias que recibieron acusaciones principalmente a los directivos pero también a algunos docentes. Cuál fue el móvil, yo lo desconozco”.

En marzo de 2016, cuando comenzaba un nuevo ciclo lectivo de jardín de infantes se enfatizó en la importancia de reconstruir el vínculo entre padres y docentes. Y lo cierto es que tanto muchos padres como muchos docentes “desconfiaban” o “temían”.

Emocionalmente destruidos

“Esto me creó una situación emocional bastante desagradable”, decía Cesaretti en la radio intentando sintetizar sus sentimientos luego de la denuncia en su contra. Y lo cierto es que esto generó una situación emocional dolorosa para muchos de los integrantes de esta comunidad. Hubo docentes que ya no pudieron volver a sus puestos de trabajo. Otros decidieron irse de la ciudad para vivir en otro lado. Hubo padres que hicieron lo mismo. La única médica pediátrica que residía en 25 y que tenía un hijo en el JIN, no pudo vivir más aquí.

Los familiares denunciantes tuvieron que realizar tratamientos psicológicos para sobreponerse a la situación, sus niños también, y debían ser atendidos en Neuquén ya que en la ciudad no había profesionales, recorriendo unos 180 kilómetros cada semana. Viajar se convirtió para ellos en una obligación ya que 25 de Mayo se encuentra a 300 kilómetros de la sede judicial más cercana.

Los familiares de los acusados ya no salieron a la calle por miedo a represalias, al igual que empleados que trabajaban en el edificio de la Escuela Especial y que no fueron acusados.

A poco más de una semana de que se conociera el fallo, una de las madres que actuó de “vocera” del grupo afirmaba: “Para nosotros son días de mucha angustia y pasamos noches sin dormir pensando qué es lo que van a dictar los jueces, a pesar de que nosotros tenemos bien en claro que las pruebas están presentadas y demás, pero son ellos los que deciden”.

El juicio

El 23 de noviembre de 2016, un año y medio después de las denuncias, comenzó finalmente el juicio oral a los imputados. Fue a puertas cerradas en la Sala de Audiencias 7 del Centro Judicial de Santa Rosa.

En el juicio. Foto PlanB

El Tribunal de Audiencia estuvo integrado por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín.

En el proceso intervinieron el fiscal general de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Marcelo Amado; el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez; la asesora de Menores de General Acha, María Agostina Pensa; los defensores Omar Gebruers, en representación de Tatavitto, Tello y Bastías; y César Augusto Rodríguez y Juan Ricardo Veneri, en nombre de López; y los querellantes particulares Armando Agüero, por los padres de los cinco alumnos, y Vanesa Ranocchia Onargo por los padres del sexto niño.

Sólo pudieron estar presentes en las audiencias los padres de los seis niños por cuyos casos se realizó este juicio.

También estuvieron allí los cuatro acusados.

Afuera del edificio se congregaron el resto de padres denunciantes, por un lado, y familiares y amigos de los acusados, por otro.

La información de lo que allí pasaba fue provista por Prensa de la Justicia provincial que brindaba datos sobre quiénes habían atestiguado y quiénes preguntado pero no el contenido de los testimonios. Fuera de eso, los medios recurrieron a entrevistas a los abogados y familiares de ambas partes.

Fueron dos semanas de audiencias de hasta 14 horas diarias en las que declararon 120 testigos: 48 requeridos por Gebruers, 30 en forma conjunta por la fiscalía, las querellas y las defensas, 23 por la fiscalía y las querellas, siete por ambas defensas, cinco por pedido de Rodríguez y Veneri, y dos por Ranocchia Ongaro.

La denuncia consta de dos partes: en una, la acusación fiscal afirma que Tatavitto habría abusado en 2015 de tres alumnos del JIN N° 12, turno mañana, en el baño de Coordinación; y en 2014 de otros dos en el mismo lugar y en la chacra. En estos casos Tello es acusada de ser facilitadora o entregadora para que se cometa el delito ya que era la docente que estaba a cargo de los niños y las agresiones se habrían producido en horario escolar.

Según la segunda parte de la acusación Tatavitto y López habrían abusado de un menor en la chacra de Tatavitto, durante el horario escolar de la tarde, y Bastías sería facilitadora del delito.

A Tatavitto se le imputa el delito de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas por sus circunstancias de realización, en concurso real, en cinco oportunidades, agravándose solo en relación al hecho cometido en perjuicio de uno de los menores por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima; en concurso ideal con el delito de promoción de la corrupción de menores agravado respecto a esa víctima. Y en el segundo hecho, ser coautor de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por sus circunstancias de realización, en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores agravado respecto de un menor.

Tello está imputada por el mismo delito que Tatavitto en el primer hecho, aunque como partícipe necesaria, concursando los abusos en forma ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo mismo se le atribuye a Bastías en el segundo hecho.

López está inculpado como coautor de abuso sexual con sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima por sus circunstancias de realización, en concurso ideal con el delito de promoción de corrupción de menores agravado respecto de un menor.

La Fiscalía pidió condenas de 25 años de prisión para Marcelo Tatavitto Roade, 22 para María José Tello y 10 para Oscar Aníbal López y Gabriela Bastías. Las querellas adhirieron a esas penas y las defensas, en cambio, plantearon que todos ellos deben ser absueltos.

Lo que viene

El 26 de diciembre, el abogado Armando Agüero comentaba que el juicio fue “un desafío enorme para el sistema judicial. Yo no necesito contarle a nadie las dificultades que tiene la justicia de 25 de Mayo, todos las saben: Desde no contar con un juez, de tener un fiscal a la distancia, de tener un sistema que no estaba preparado para semejante cantidad de denuncias, las dificultades de tener que tramitar todo esto en Acha, de tener un juicio en Santa Rosa. Ha sido todo un desafío para el sistema judicial. Se ha tenido que reacomodar todo el camino, para los papás, para todo el sistema ha sido un desafío”.

Y aquí es válido comentar a quien no conozca la zona que 25 de Mayo se encuentra a 300 kilómetros de General Acha y a 400 de Santa Rosa, la capital de la provincia. Entendiendo esta distancia es que los padres habían solicitado que el juicio se realizara en 25 pero los jueces consideraron que no estaban brindadas las condiciones edilicias y de seguridad necesarias para garantizar la normal realización del proceso.

Tanto padres como abogados defensores hablan de que, según la sentencia, esta podría ser sólo una primer etapa.

“Nosotros lo que le pedimos a la justicia es que la condena sea ejemplar, queremos que la pena sea la máxima prevista por la ley”, decía una madre a un medio provincial pocos días antes de que comenzara el juicio. “¿Hasta cuándo vamos a seguir?… No vamos a parar, aun teniendo la pena máxima de la justicia, no vamos a parar hasta que las leyes cambien y que las personas que abusen de niños tengan cadena perpetua como condena. Es nuestro objetivo final, estamos unidos a grupo de padres de Cipolletti, de Barda del Medio (Río Negro) que están en una lucha similar a la nuestra… No queremos que ningún adulto más toque a nuestros hijos”.

Por su parte, en representación de tres de los acusados, Gebruers afirmaba: “El sostenimiento irresponsable de la Fiscalía de este juicio, y haber llegado a esta instancia sin haber dictado el sobreseimiento mucho tiempo antes, lo único que hace es perjudicar a los imputados porque los mantiene privados de su libertad, han perjudicado a sus familias, los han perjudicado económicamente, emocionalmente, los han privado de los ingresos salariales, de obra social, de atención médica, de escolarización de los niños de las docentes, hay una serie de perjuicios por los que hemos incorporado a la abogada Ana María Herren, especialista en Derecho Internacional, para controlar todos los incumplimientos de la Constitución y los tratados internacionales que se han dado y se siguen dando en este juicio. Todo esto va a ser parte del reclamo pertinente en su oportunidad”.

“Si hay un resultado que no sea una decisión independiente e imparcial tendremos cómo atacarlo e iremos a instancias superiores y estamos ya previendo la posibilidad de concurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante las Naciones Unidas”, concluyó.

Lo cierto es que el miércoles termina la primera etapa de este juicio. Muchos temen que haya episodios de violencia en Santa Rosa, donde se hará la lectura del fallo, o en 25 de Mayo, aunque hasta aquí cada parte ha sabido llevar lo que ha vivido con entereza y no se han tenido que lamentar hechos violentos.

Así, como detenida, la comunidad entera espera al miércoles a las 12 del mediodía.

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