Aleardo Laría.
Como señala Yuval Harari, “la historia no es una narración única, sino miles de narraciones alternativas. Siempre que decidimos contar una, también decidimos silenciar otras”. Esa labor corresponde, en principio a los historiadores, que realizan un trabajo de interpretación del pasado con la ilusión de ayudar a las sociedades a no repetirlo. Ello obliga a una revisión permanente del pasado, que resulta iluminado por las nuevas necesidades del presente. Por consiguiente resulta absurdo el intento de fijar el pasado, y menos hacerlo a través de una ley.
La provincia de Buenos Aires ha establecido por ley que, entre 1976 y 1983, la dictadura cívico militar produjo 30.000 desaparecidos. La decisión, que obliga al Estado provincial, tiene el valor jurídico de toda una declaración de principios. Sin embargo, determinar el número exacto de desaparecidos entre 1976 y 1983, como cualquier investigación criminológica, es una labor más científica que histórica. Supone compulsar registros, abrir fosas comunes y otras labores guiadas por las ciencias físico-naturales. A partir de los hechos determinados a través de esos procedimientos, podrán luego los historiadores elaborar sus interpretaciones.
Hasta ahora, los registros públicos arrojan como resultado que los desaparecidos entre 1976 y 1983 rondan los 9.000. De modo que si bien futuras investigaciones pueden incrementar ese número, parece difícil que luego de 40 años de estudios se pueda alcanzar un número demasiado distante del que consignan los registros oficiales. La distancia entre el número verificado y el de 30.000 es muy grande, y no se alcanza a entender el motivo por el que algunos organismos de derechos humanos han hecho de esta cuestión un desiderátum. La tragedia vivida por los desaparecidos y sus familias no varía sensiblemente porque aumentemos artificialmente el número, y parece francamente pueril que queramos resolver la diferencia interpretativa dictando una ley que diga “son 30.000 y sanseacabó”.
El prestigioso historiador Luis Alberto Romero, en una nota publicada en Clarín, aborda este tema para desgranarlos con su habitual agudeza. Señala que en cuanto a los “30.000 desaparecidos”, algunos aceptan que son una expresión simbólica de principios y valores, pero la mayoría quiere que sea tomado literalmente. Se trata de una “verdad de fe”, tan irrefutable como el misterio de la Santísima Trinidad o la superioridad de la raza aria. Las opiniones son libres; esas y las contrarias. Pero no pueden convertirse en verdades del Estado. Sobre ese tipo de verdades de fe se constituyeron los estados confesionales, que llevaron a los herejes a la hoguera y obligaron a Galileo a retractarse”.
