La trama secreta del acuerdo con Irán

Aleardo Laría.

El juez Claudio Bonadio ha convocado a dar testimonio a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, presidentes de bloque y de las comisiones que puedan informar sobre la génesis del proyecto de ley que dio lugar a la aprobación parlamentaria del Memorándum con Irán. Coincidentemente, en estos días, se ha publicado el libro del periodista Daniel Berliner “Memorandum, la trama secreta del tratado con Irán” que aporta información muy relevante. Con esos datos  es posible hacer una reconstrucción más o menos plausible sobre las cuestiones vinculadas a la denuncia por encubrimiento formulada por el fiscal Alberto Nisman. El texto que sigue a continuación es inevitablemente largo porque tiene transcripciones textuales de diálogos y documentos como modo de ofrecerle al lector la posibilidad de que obtenga sus propias conclusiones.

. Sobre la autoría   

En julio de 1994 un atentado destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires y dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Existe un hilo conductor que vincula la investigación del atentado contra la AMIA con el Memorándum con Irán –firmado el 27 de enero de 2013- y la denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Kirchner efectuada por  el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. La muerte del fiscal, aún si la consideramos  fruto de un suicidio, como dictaminaron los forenses de la Corte Suprema, introduce una nota de intenso dramatismo en esta trama. Por consiguiente, el libro de Daniel Berliner, Memorandum, la trama secreta del acuerdo con Irán (Editorial Sudamericana), escrito por un periodista estrechamente vinculado a la comunidad judía argentina, es muy oportuno porque incorpora piezas que permiten armar el puzle de los intereses políticos y geoestratégicos que operan detrás de la escena. 

            Los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel han atribuido siempre la responsabilidad de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA a la organización libanesa Hezbolláh. Como esta organización, -considerada terrorista por ambos países y algunos otros de la Unión Europea- fue apoyada en su constitución por la República Islámica de Irán, se acusa a este Estado como “autor ideológico”, sin que existan pruebas directas de autoría. Según relata Berliner, Benjamín Netanyahu le reiteró en una entrevista personal lo que había expuesto en su discurso ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos: “Irán voló la Embajada israelí en Buenos Aires y la AMIA”. De modo que para el gobierno de Israel y los sectores afines a su política, la autoría de Irán es una verdad revelada que no se discute. Por ejemplo, para Pilar Rahola, redactora del prólogo al libro de Berliner, “las pruebas reunidas por la justicia determinaron las responsabilidades de la organización terrorista Hezbollah, como ejecutora, y del gobierno iraní, como instigador. Y pasaron más años todavía para que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un acto de traición a las víctimas y sus familiares, firmara con ese país el Memorándum de Entendimiento”.

            A priori no podría descartarse la responsabilidad de Hezbollah en los atentados de Buenos Aires, dada la lista enorme de atentados que se han atribuido a esta organización paramilitar. Itzhak Aviran, el ex embajador israelí en la Argentina, hizo unas explosivas declaraciones en enero de 2014 cuando aseguró que fuerzas de su país habían liquidado a los responsables del atentado a la AMIA. Se refería a la ejecución del  ex jefe de Inteligencia política de Hezbollah, Imad Mughniyah, quien murió por la explosión de un coche bomba en Damasco, el 12 de febrero de 2008, en un atentado atribuido por el diario The Washington Post a una acción conjunta del Mossad y la CIA. Sin embargo, lo cierto es que no existen pruebas inequívocas de la autoría de Hezbollah y menos aún de la participación de la embajada de Irán en el atentado de la AMIA.  Son sólo indicios aportados por los servicios de información de EEUU e Israel. Como dato a tener en cuenta, debe considerarse el resultado del pedido de extradición formulado por Argentina cuando se detuvo en Londres en septiembre de 2003 al ex embajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour. El Reino Unido rechazó su extradición a la Argentina y dejó en libertad al diplomático por considerar que las pruebas aportadas por  los jueces argentinos carecían de toda consistencia.

En la entrevista con Netanyahu, Daniel Berliner añade que “tal como hicieron sus predecesores, el líder israelí siempre sostuvo uno de los pilares fundacionales del Estado Judío: Israel es responsable de la vida de todos los judíos del mundo”. Por consiguiente, para Israel, el atentado contra la AMIA es considerado también como un atentado contra el Estado de Israel. Esta posición la reitera Itzhak Shoham, quien fue director de la Cancillería israelí para América Latina durante la firma del Memorándum entre Argentina e Irán. “Nosotros nos metemos cuando hay algún problema con alguna comunidad judía, vemos en esto nuestro derecho y nuestra obligación de intervenir y lo hemos hecho no solamente con la Argentina cuando firmó su acuerdo con Irán y en la época del Proceso, sino en otras partes del mundo como Entebbe y Etiopía. Cuando las comunidades judías en el mundo son atacadas, están en peligro o en problemas, es nuestro deber y nuestra obligación intervenir, y el atentado a la AMIA, particularmente, es un tema que nos toca tanto como el atentado a la Embajada de Israel en 1992”.

Esta interpretación fue uno de los motivos que dieron lugar a duros enfrentamientos con el canciller argentino Héctor Timerman. Según la opinión del ex embajador argentino en Israel (2003-2010), Atilio Molteni, “los Timerman tienen una mala historia en Israel porque el padre, al que le salvaron la vida, llega a Israel puteando al gobierno israelí y escribe un libro (“Israel, la guerra más larga”, Muchnik, 1983) en donde hace una severa crítica a la actuación de Ariel Sharon en la matanza de Sabra y Chatila”. El periodista Jacobo Timerman fue torturado y mantenido desaparecido en los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar en la Argentina. Tras su liberación, se exilió en Israel, donde vivía uno de sus hijos. Por su parte, su otro hijo, Héctor Timerman, se exilió en Estados Unidos con 24 años y allí recibió el apoyo de la colectividad judía norteamericana. De modo que cuando en  su calidad de canciller argentino buscó un acuerdo con Irán, principal enemigo estratégico para el gobierno del Estado de Israel, su gesto fue visto como una traición. Según señala Berliner, “para muchos de los miembros de la comunidad, su conducta fue igual a la de aquellos judíos colaboracionistas de los nazis en los campos de exterminio, un judenrat. Fue Elisa Carrió quien en el Congreso Nacional ante el plenario de comisiones mostró conocer el ADN del pueblo judío cuando públicamente lo acusó de “entregador de su pueblo”.

. Timerman y la comunidad judía argentina 

La relación entre  Timerman y la comunidad judía argentina atravesó  por períodos de acercamiento y distanciamiento  durante el tiempo que se desempeñó como canciller. El periodista Pepe Eliaschev, en un informe publicado en marzo de 2011 en el diario Perfil, denunció que la Argentina negociaba en secreto un pacto con Irán. Señalaba que la Argentina había decidido cambiar su política con Irán, tras el viaje oficial de Héctor Timerman a Siria en enero de 2011, donde se habría reunido secretamente con el canciller iraní. Según la nota de Eliaschev, “el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner estaría dispuesto a suspender de hecho la investigación de los dos ataques terroristas que sufrió este país en 1992 y 1994, en los que fueron destruidas las sedes de la Embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires, según revela un documento hasta hora secreto, recientemente entregado por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Alí Akbar Salehi, al presidente Mahmoud Ahmadinejad”, sostenía el periodista. Cabe aquí señalar que en  opinión del embajador Atilio Molteni –recogida en el ensayo de Berliner- fue el Mossad quien le filtró ese documento,  a Eliaschev. Al estar escrito en inglés, no en farsi, era evidente que se trataba de una transcripción, no del documento original.

Héctor Timerman siempre ha asegurado que su viaje a Siria fue público y solo se reunió en Alepo con el canciller y el presidente de Siria. De modo que la nota de Eliaschev no solo provocó la indignación del canciller Héctor Timerman, sino también la del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien despachó seis misiones policiales a la casa del periodista y a su oficina exigiéndole que se presentara en fecha y hora ordenadas para aportarle todas las “pruebas” publicadas en el artículo de Perfil. Preguntado por un periodista si consideraba que había habido un cambio en la política exterior argentina, Nisman dio la siguiente respuesta: —“De ninguna manera, nada ha cambiado. Soy un convencido, y me consta, de todos los esfuerzos que han hecho este gobierno y el anterior en pos del esclarecimiento del atentado”. Timerman, en una entrevista con Berliner, aclara lo que le dijo en aquella ocasión al presidente Assad: ‘-Mire, yo vine a hablar con el canciller(sirio) porque estuvimos hablando de esto en septiembre, y yo creo que sería muy importante que Irán entienda que no hay vuelta atrás del juicio; como en la Argentina no puede ser porque si la persona no está presente no se puede hacer un juicio, la Argentina ofrece que sea algo internacional como lo de Lockerbie, que se haga en un tercer país o en varios países, en algún organismo internacional de justicia, con todas las garantías, pero algo tiene que haber’”.

A continuación Berliner transcribe la opinión de Nisman en aquellos años sobre si existía alguna posibilidad jurídica de paralizar la causa AMIA. Su respuesta es notable y justifica una transcripción textual porque con sus palabras le quita todo rigor a la denuncia que formuló años después, por encubrimiento, contra la presidenta CFK. Preguntado sobre si la  investigación podía suspenderse o quedar sin efecto, Nisman sostuvo en aquella ocasión: —Es absolutamente descabellado, absurdo y hasta de imposible cumplimiento. Con todo respeto, la verdad es que hacía tiempo que no leía un disparate semejante. La información que usted me refiere surgiría de una opinión de funcionarios diplomáticos iraníes vertida en un cable, y al respecto le digo que, a juzgar por las posturas, actitudes y respuestas de los funcionarios iraníes en la causa AMIA, nada de lo que ellos hacen resulta creíble, y mucho menos lo que dicen. Es más, han sostenido cosas aún más graves, pero ellos deben creer, como me lo hicieron saber en una oportunidad en una de las reuniones en Interpol antes de las votaciones, que en su país bastaba una orden del líder supremo para que los distintos organismos obedecieran sin chistar. Me parecía muy obvio, pero debí explicarles que en la Argentina el régimen constitucional tenía bastantes diferencias con la Constitución iraní en cuanto hace al funcionamiento de las instituciones democráticas. Pero es tan disparatado el contenido de esa nota que, supongamos por vía de hipótesis, o mejor dicho, del absurdo, que el gobierno quisiera, por determinado motivo, dejar sin efecto la investigación, ¿usted cree que es posible frenar una investigación por una manifestación de voluntad o porque así lo desee una persona o un gobierno? ¿Usted cree que este fiscal, o el Juez, vamos a dejar de investigar porque eventualmente alguien nos lo pida? ¿Usted imagina que es posible que los pedidos de captura y las circulares rojas o máximas prioridades de búsqueda desaparezcan de un día para otro, luego de las afirmaciones por escrito de Interpol sobre la seriedad del trabajo de investigación en esta nueva etapa que comenzó en el 2005, con la creación de la Fiscalía Especial y de una votación donde la Argentina arrasó con las cantidad de votos que obtuvo? Realmente me llama la atención que un periodista como el autor de la nota pueda creer algo tan incoherente, tan irrazonable, aun con el alto grado de desconocimiento que pudiera tener sobre la causa AMIA —repitió Nisman una y otra vez como tratando de convencer a todos de algo que en este mundo del revés podía ser parte de la realidad—. Esa nota es, a mi entender, de una gran irresponsabilidad, porque por resultar falsa y de imposible cumplimiento la conclusión a la que arriba, ha generado en los primeros momentos una gran preocupación e incertidumbre en mucha gente, entre ellos familiares de las víctimas que no están al tanto de los vaivenes diarios del expediente. Una mera consulta o llamado telefónico del autor de la nota con este fiscal (como sí lo hizo un colega del mismo medio una vez aparecida la nota) me hubiera permitido aclararle, con toda humildad pero con gran firmeza, muchas de sus inexactitudes, lógicas por otra parte en quien no resulta un estudioso ni un experto en la cuestión del terrorismo fundamentalista islámico ni un seguidor, cuanto menos espaciado, de la causa”.

Un capítulo aparte lo constituyen la revelación de Eliaschev y sus repercusiones en la comunidad judía argentina. Aparentemente, el canciller argentino había conseguido seducir a parte de la comunidad y esto había desencadenado la furia de los sectores más afines con la política exterior de Israel. Tras la difusión de su informe en marzo de 2011, Eliaschev había declarado: “Las instituciones judías de Buenos Aires reaccionaron en esta oportunidad como casi siempre, pese a que soy socio de la AMIA hace veintisiete años, desde que volví del exilio: con mucho temor y sin vuelo estratégico. El saliente presidente de la AMIA, Guillermo Borger (famoso por haber acuñado la repelente idea de que hay judíos “legítimos”, él y sus amigos ultra religiosos, y quienes no lo serían, tal como opinó en su primera declaración al asumir el cargo), reaccionó contra mi artículo como si él fuera el ministro de propaganda del gobierno. En lugar de exigir ratificación o desmentida, me exigió groseramente que le dijera cuáles eran mis fuentes, y también emplazó a Jorge Fontevecchia. Lo mismo dijo el pequeño Centro Simon Wiesenthal, que no representa a nadie en la Argentina, salvo a [Sergio Wider,] su director… ”[…] Asombra que sectores de la dirigencia judía consideren natural buscar ‘la verdad’ en Teherán. Las explicaciones que balbucean dirigentes de la DAIA son increíbles y pedestres. Entrevistado por Julio Blanck en TN, Julio Schlosser, el titular de la DAIA, alineado con el gobierno, se defendió infantilmente: ‘¿Con quién quieren que me siente a negociar, con Suecia? ¿De qué me sirve?’. La Argentina no saldrá indemne de esta aventura y los responsables, comunitarios y nacionales, de este fraude algún día deberán dar explicaciones”. 

. El nacimiento del Memorándum 

            La idea de buscar una salida que destrabara la causa AMIA no fue una iniciativa improvisada sino que venía siendo analizada en la cancillería argentina desde hacía tiempo. Berliner transcribe una conversación con Rafael Eldad, -embajador de Israel en Buenos Aires entre 2004 y 2009- en la que el ex embajador recuerda que cuando llegó a la Argentina en 2004, estaba Rafael Bielsa como canciller, quien ya tenía la idea de llevar el tema a un tribunal internacional fuera del país. El discurso que la presidenta pronunció en el año 2010 en la Asamblea General de la ONU se centró en proponerle a la República Islámica de Irán que accediera a “elegir de común acuerdo un tercer país donde considere que están dadas las garantías para llevar a juicio lo que constituye un terrible atentado”. La iniciativa estaba inspirada en el caso Lockerbie, el atentado contra un avión norteamericano de Pan American en 1988, en el que murieron doscientas setenta personas. El juicio contra los acusados de nacionalidad libia se llevó a cabo en Holanda entre 2000 y 2002. “No es una construcción jurídica caprichosa ni fantasiosa, es el caso Lockerbie, tenemos antecedentes a nivel mundial del juicio desarrollado en un tercer país neutral, que permita garantizar a aquellos que tienen temor a no ser juzgados con imparcialidad. Yo quiero aclarar que en este aspecto la República Argentina no busca culpables, la República Argentina lo único que demanda es justicia, y que finalmente si alguien ha cometido un delito de esta magnitud sea castigado”, sostuvo la presidenta en la ONU. Según relata Berliner, las palabras de la presidenta en 2010 fueron muy bien recibidas por los dirigentes judíos y por los familiares. Desde Buenos Aires, Guillermo Borger, presidente de la AMIA, aseguró: “Me sorprendió el discurso en cuanto a lo reiterado, porque en realidad el mensaje es una propuesta que se había hecho hace varios años y que el fiscal Alberto Nisman llevó a cabo en 2009. En su momento Irán expresó su desagrado y no acompañamiento. […] Ojalá funcione en este momento”, agregó el dirigente comunitario, y remarcó la importancia de que “este pedido fue hecho personalmente por la presidenta. […] Esto me genera una lucecita de esperanza que espero que se interprete como un pedido más oficial para que la gente de Irán pueda acceder a presentarse ante el juzgado de un tercer país y demostrar su supuesta inocencia. […] Queremos que se presenten y tener un avance positivo. Esperemos que la propuesta sea considerada”. Por su parte, según comenta Berliner en su ensayo, la DAIA también se dio por satisfecha con el discurso.

            La referencia a la posición favorable que el fiscal Alberto Nisman había adoptado frente a un posible acuerdo con Irán se puso de manifiesto con la amable acogida que dispensó a una iniciativa que provino de Interpol. La secretaría general de Interpol propuso en 2008 la formación de una Comité Jurídico Mixto argentino-iraní “que pudiera resolver las ambigüedades y malos entendidos que rodean la instrucción de la causa. Tal Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la resolución del caso”. La propuesta fue trasladada al fiscal Alberto Nisman quien contestó “que toda medida que implique cooperación que tenga por finalidad materializar y dar respuesta eficaz a los requerimientos, la recibe esta Unidad Fiscal con beneplácito y la encuentra altamente positiva”. El 1º de abril de 2008 la iniciativa es recogida por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino que le envía a Nisman una comunicación oficial dando precisiones sobre el diálogo mantenido en Irán por la representación diplomática argentina en Teherán. Se le informa al fiscal que “Irán pregunta por la disponibilidad argentina para constituir “un Comité Mixto” de juristas. Ese Comité podría trazar una hoja de ruta o acordar la firma de un “Memorándum de Entendimiento” que podría avanzar concretamente en la resolución del caso”. La nota está firmada por la directora de asistencia jurídica de la Cancillería, María Seoane de Chiodi. Además, se acompaña un texto del Encargado de Negocios de Argentina en Irán, Mario Quinteros, quien detalla que las autoridades de Teherán proponen la visita del juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Nisman y la defensora oficial para que se avance en las tratativas. Nisman vuelve a contestar el 8 de abril de 2008 con un oficio muy similar al anterior. Toda iniciativa de cooperación es “recibida con beneplácito y resulta altamente constructiva”.

Probablemente por ese motivo, cuando finalmente el Memorándum de Entendimiento se firmó con la República Islámica de Irán en  enero de 2013 la iniciativa contó con el apoyo inicial de la AMIA y una posición más ambigua de la DAIA. Posteriormente ambas instituciones cambiaron de opinión y  emitieron un comunicado conjunto rechazando el Memorándum. Aparentemente el tema más controvertido del Memorándum era la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales que tendrían la misión de analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales argentinas e iraníes y se encontrarían en Teherán  -junto con los fiscales argentinos- para proceder a interrogar a aquellas personas sobre las cuales Interpol había emitido una notificación de alerta roja. Pero como luego se entenderá, en el fondo, la oposición obedecía a la influencia del gobierno de Israel en un momento donde se presionaba al gobierno norteamericano de Barack Obama para que no llegara a un acuerdo con Irán en materia nuclear.

Cuando se anunció la firma del Memorándum,  tanto el presidente de la AMIA como de la DAIA estuvieron presentes en una conferencia de prensa ofrecida por el canciller Timerman en la sede de la AMIA, rodeados de familiares de las víctimas. En aquella ocasión Timerman señaló que “este Memorándum […] tiene el respaldo de los familiares y tiene el respaldo de las instituciones. Y yo me comprometo a seguir trabajando con la AMIA, con la DAIA y con los familiares, […] a venir todos los días que hagan falta, para aclarar y seguir trabajando. Es un equipo, nosotros en equipo con las instituciones y con los familiares”. Olga Degtiar, madre de una de las víctimas e integrante de la Asociación 18-J,  consideró en aquella ocasión que el Memorándum “es la única y la última posibilidad de que se indague a los acusados”. En recientes declaraciones, Sergio Burstein, en representación de la Asociación 18-J, ha reiterado su opinión de apoyo al Memorándum: “Todo lo que ayude para saber la verdad, bienvenido, yo no voy a agotar ninguna posibilidad. Está plenamente demostrado que ni siquiera se pudo comprobar, respecto de la denuncia de Alberto Nisman, que las alertas rojas nunca se cayeron. Nada de lo que se dijo se pudo comprobar. Lo que se pudo comprobar es que todos aquellos que se opusieron, y hoy vuelvo a insistir, es porque no quieren saber la verdad, le tienen miedo a la verdad, tienen miedo de que no sean los iraníes, tienen miedo de que los iraníes se puedan presentar y que hablen…A los que se oponen al Memorándum lo que menos les importa es saber la verdad. Lo que necesitan es que sean los iraníes, y lo que necesitamos los familiares es la verdad verdadera, y si fueron los iraníes, que paguen por lo que hicieron y que sea la justicia quien lo determine”.

Aquella primera relación de entendimiento entre el gobierno kirchnerista y la AMIA, se quebró cuando en febrero de 2013 Cristina Kirchner descargó en varios tuits todo su enojo contra Guillermo Borger. Por aquellos días, la tinta del Memorándum con Irán estaba fresca todavía, y en ese contexto el presidente de la asociación había declarado: “El pacto con Irán impulsado por el gobierno deja la puerta abierta a un tercer atentado y puede ser un paso al precipicio”. Con su mejor estilo, Cristina lo desafió: “¿Qué es lo que sabe para hacer una afirmación tan terrible? Dos días después, AMIA y DAIA emitieron un comunicado conjunto con la firma de los presidentes y los secretarios generales: “La Comunidad Judía Argentina reitera que el pretendido acuerdo con Irán implica un grave retroceso en la búsqueda de justicia por los atentados perpetrados en nuestro país. En ese sentido manifiesta su enfático rechazo a ese pacto”. Según el relato de Berliner, cuando se firmó el Memorándum, las dos instituciones judías estaban presididas por hombres afines al gobierno de Cristina Kirchner —Julio Schlosser y Guillermo Borger—, y fueron las segundas líneas dirigenciales las que encabezaron la pelea puertas adentro. En la AMIA lo hicieron el rabino Sergio Bergman y sus seguidores, y en muchas oportunidades también los hombres de la propia yeshivá del rabino Samuel Levin. En la DAIA, Wolff y Knoblovits discutían diariamente con su presidente para sostener una posición más crítica respecto del Memorándum. Finalmente, aquel lunes 28 de enero de 2013, la AMIA y la DAIA, con la firma de sus presidentes Guillermo Borger y Julio Schlosser, respectivamente, divulgaron el comunicado conjunto en rechazo del Memorándum.

A diferencia de la primera posición de las instituciones judías argentinas, favorable al acuerdo con Irán, el gobierno de Israel reacción de otro modo apenas se conoció la firma del Memorándum. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí citó inmediatamente al embajador argentino para expresarle su decepción e indignación por lo firmado y también para pedirle explicaciones sobre la Comisión de la Verdad que investigaría el atentado de 1994 contra la AMIA. Timerman montó en cólera y convocó a la embajadora israelí en Argentina, Doris Shavit, quien en la entrevista casi no pudo pronunciar palabra. Según Berliner, el canciller argentino la había interrumpido repetidas veces y había concluido diciendo: “Israel no habla en nombre del pueblo judío y no lo representa. Los judíos que quisieran o quieren vivir en Israel se mudan allí y son sus ciudadanos, aquellos que viven en la Argentina son ciudadanos argentinos”. Añadió que: ‘Como ningún israelí murió ni fue herido en el atentado a la AMIA, Israel no tiene derecho a pedir explicaciones’.

. La posición argentina frente al conflicto palestino 

Otro elemento que ha pesado en la relación del gobierno de Cristina Kirchner con el gobierno de Israel se vincula con la posición adoptada por Argentina en el conflicto israelí-palestino. En septiembre de 2011 la presidenta Cristina Kirchner, improvisó –como arriesgadamente solía hacer- su discurso ante la Asamblea de la ONU. En su intervención se pronunció a favor de un Estado palestino, empleando las siguientes palabras: “El último discurso en el que intervine aquí creo haberlo terminado pidiendo que me gustaría mucho que este año Palestina tuviera el lugar número 194 en el concierto de Naciones Unidas. Mi país, la Argentina, como la mayoría de los países de la América del Sur, ha reconocido al Estado de Palestina. Yo creo sinceramente que impedir el ingreso de Palestina puede ser visto tal vez por algunos como algo beneficioso para el Estado de Israel, pero déjenme decirles, desde la autoridad que nos da ser un país que ha sufrido el flagelo del terrorismo internacional, que impedir que Palestina forme parte de esta Asamblea es seguir dándoles coartadas a los que ejercen el terrorismo a nivel internacional y que encuentran en este desconocimiento precisamente una de sus falsas argumentaciones para incurrir en sus crímenes. Creo que la no inclusión de Palestina en este año, lejos de dar mayor seguridad y estabilidad al mundo, va a crear mayor inseguridad y condiciones absolutamente desfavorables para lo que debe ser el prestigio de un cuerpo que debe representar los intereses de todos los ciudadanos globales”. La presidenta había reclamado, en otra parte de su discurso, que “la República Islámica de Irán se someta a la jurisdicción y permita precisamente que quienes están acusados de haber intervenido, con algún grado de participación en el atentado de la AMIA, puedan someterse a la Justicia”. Si el reclamo sobre Palestina molestó a la dirigencia judía, el anuncio que hizo Cristina Kirchner sobre Irán rebalsó su paciencia: “El gobierno argentino ha recibido el día 16 de julio un mensaje de la Cancillería iraní que expresa su intención de cooperar e iniciar un diálogo constructivo con la Argentina para ayudar a llegar a la verdad en relación con el brutal atentado cometido contra la mutual israelita el 18 de julio de 1994; se trata de un ofrecimiento de diálogo que la Argentina no puede ni debe rechazar, por eso creemos que ese diálogo debe ser constructivo, que debe ser un diálogo sincero y que debe tener resultados para poder ser creíble y, por lo tanto, no ser entendido simplemente como una maniobra dilatoria o distractiva”. De esta manera Cristina Kirchner hacía público el inicio del diálogo con Irán; una nueva etapa que desembocaría finalmente en la firma del Memorándum de Entendimiento. Ese año, a diferencia de lo acontecido en años anteriores, el embajador argentino Jorge Argüello permaneció en su asiento escuchando al presidente iraní.  Así se lo había solicitado la presidenta, como una señal de buena voluntad, luego de que  en su discurso ante la Asamblea, Cristina Kirchner aceptara la oferta de Teherán de iniciar un diálogo entre ambos países para destrabar la estancada vía judicial y] se pueda avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables del atentado de 1994.

El discurso de Cristina Kirchner provocó un enorme malestar en la dirigencia judía argentina, pero la indignación de las instituciones judías estadounidenses fue mayor y  solicitaron mantener una reunión urgente con el canciller Héctor Timerman aprovechando su estadía en la ONU. En la reunión estuvieron la B’nai B’rith; el Congreso Judío Mundial; Dina Siegel Vann, por el Comité Judío Americano; el presidente de la Conferencia de Organizaciones Judías Norteamericanas, Peter Stone, y el presidente de la Liga Antidifamación (ADL)  Abraham Foxman. Según Evelyn Sommer,  presidenta de la sección norteamericana del Congreso Judío Mundial, en la reunión “rechazamos por completo la posición argentina, donde claramente su gobierno apoya el establecimiento de un Estado palestino, todo esto sin pensar qué es lo que va a pasar al día siguiente con Israel, pero Israel sí tiene que pensar en lo que va a pasar el día después”. Para la dirigente, “el gobierno argentino apoyó el Estado palestino sin tomar en cuenta las necesidades de seguridad del Estado de Israel”. La posición del canciller argentino fue muy firme y sorprendió a los dirigentes judíos: “Primero, lo que quiere el gobierno de la Argentina es la paz entre Israel y los palestinos, y consideramos que para que haya paz el Estado palestino tiene que ser absolutamente reconocido como tal en forma inmediata. En segundo término, consideramos que es el momento y la oportunidad y no tiene por qué haber ninguna negociación, simplemente acá en las Naciones Unidas tenemos todos que votar que el Estado palestino tenga plenos derechos, y la Argentina ha decidido que va a votar esta propuesta. En tercer término, la Argentina no está sola, Latinoamérica está apoyando y la mayoría de los países de Latinoamérica lo van a votar, y, en cuarto término, es un tema que anunció la presidenta porque el gobierno argentino ya venía preparado para hacer este anuncio, está absolutamente de acuerdo con gobiernos como el de Brasil y otros, ni que hablar con otros gobiernos de Europa”… “Me parece que esta no es la forma de hablarme, soy el canciller de la Argentina, yo soy argentino y como canciller y funcionario tengo la obligación de defender la posición de mi gobierno, y, por otra parte, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi gobierno”, completó. “El tema es muy simple, ustedes los judíos se creen que siempre tienen la verdad, ustedes los judíos y las organizaciones judías se creen que siempre tienen la verdad y el Estado de Israel toda la verdad. No es así, no tienen toda la verdad y nosotros no estamos de acuerdo con su verdad, como la mayoría de los Estados de la Asamblea General. Por eso se va a reconocer al Estado palestino, ustedes con su opinión y la Argentina con una distinta, y no va a cambiar por más que me digan de todo, en lo personal y en lo institucional”, concluyó.

De modo que para estas organizaciones judías norteamericanas, que generalmente son representativas de las posiciones del gobierno de Israel, tanto el acuerdo con Irán como la posición argentina sobre el problema palestino, aparecían fundidas como un conjunto inaceptable.  Esa actitud fue luego interiorizada por la corriente afín de la comunidad judía local que aumentó la presión sobre las propias instituciones para que se distanciaran de las iniciativas del gobierno argentino.

. Cambios en el contexto internacional

Un cambio importante en las relaciones exteriores de Irán se produjo cuando el 3 de agosto de 2013 Hasán Rouhaní asumió como presidente, derrotando a los sectores más radicalizados. Este acontecimiento permitió pensar en una reinserción de Irán en el mundo y la apertura de un nuevo ciclo político. Rohani, después de recibirse de abogado  en Teherán, continuó sus estudios jurídicos en el Reino Unido, obteniendo un título en Derecho y un doctorado en Derecho Constitucional por la Glasgow Caledonian University. ​Además  estuvo varios años en la Agencia Internacional de Energía en Viena. Por este motivo fue visto  como un occidental cultivado y preparado para las nuevas responsabilidades que asumía. Fue elegido tras una campaña política en la que presentó su propuesta como «el gobierno de la prudencia y la esperanza» centrando su atención en la reactivación económica, la creación de una «declaración de derechos de ciudadanía» y la adopción de una diplomacia más efectiva en la resolución de la crisis en torno al programa nuclear iraní. Fue reelegido presidente el 20 de mayo de 2017 con el 57 % de los votos.

En el año 2015, EE UU, Irán y otras cinco potencias mundiales (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China) pactaron poner fin al programa nuclear iraní —más bien suspenderlo durante diez años— a cambio del levantamiento de las duras sanciones económicas que llevaban décadas ahogando a los más de 80 millones de ciudadanos del régimen de los ayatolás. Sin embargo ese acuerdo peligra actualmente debido a las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de retirarse del acuerdo. En campaña, lo calificó como “el peor acuerdo del mundo” y prometió que acabaría con él en cuanto pudiese. Una vez en el poder, la presión de los otros firmantes y el propio peso de la realidad, han amortiguado sus impulsos, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajó a la reunión de la ONU en Nueva York con el objetivo de convencer a Donald Trump de que ponga fin o modifique sustancialmente el pacto nuclear con Irán. Netanyahu considera a Irán su gran enemigo zonal y sostiene que lo suscrito, lejos de terminar con su peligrosidad, le da un respiro. “Es malo y debe abandonarse o cambiar de raíz”, ha declarado el primer ministro israelí. La política de la derecha israelí ha influido en la colectividad judía argentina, que ha visto en el Memorándum con Irán un acercamiento estratégico inadmisible.

. La denuncia de Nisman 

Como es sabido, el famoso Memorándum con Irán fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema, de modo que no tuvo mucho recorrido. Sin embargo, el miércoles 14 de enero de 2015,  el fiscal Alberto Nisman sorprendió a la opinión pública al presentar una denuncia de casi 300 páginas, en la cual afirmaba que la presidenta argentina Cristina Kirchner  había  formado parte de una “confabulación criminal” para “desvincular en forma definitiva” a la República Islámica del ataque terrorista que asesinó a 85 personas el 18 de julio de 1994. Desde 2004, designado por el entonces presidente Néstor Kirchner, Nisman estaba a cargo de la Unidad Fiscal, UFI AMIA, para actuar en la investigación del atentado a la mutual judía. Se le había otorgado un presupuesto especial que solo el fiscal controlaba y del cual, según se pudo constatar luego, disponía generosamente habiendo designado en la unidad especial a amigos y allegados. Según Berliner, Nisman presentó la denuncia “intuyendo o sabiendo que sus días como fiscal de la UFI AMIA estaban contados; lo iban a echar y no quería irse a su casa sin meter la carpeta contra la presidenta y el canciller”. Esto puede explicar porqué el fiscal interrumpió el viaje a Europa cuyo regreso estaba programado para el 24 de enero. En su ensayo, Berliner relata que las autoridades de la AMIA ya sospechaban que en una programada entrevista con la presidente Cristina Kirchner -que finalmente no se concretó- se les iba a comunicar el cese del fiscal.

La relación de Nisman con los servicios de información de EEUU y el Mossad es un punto aún no suficientemente aclarado. En las transcripciones de los cables de la embajada norteamericana en Buenos Aires, dados a conocer por el wikileaks, el fiscal aparece informando puntualmente de todos los pasos judiciales en el caso AMIA. Según el cable del 22 de mayo de 2008, “los oficiales [estadounidenses] de nuestra Oficina Legal [el FBI] le han recomendado al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación. […] Nisman nuevamente se disculpó [por no haber avisado a la embajada previamente su decisión] y se ofreció a sentarse con el embajador [Earl Anthony Wayne] para discutir los próximos pasos”. Como un dato llamativo, Daniel Berliner cuenta que en febrero de 2016, en un viaje a Israel, cenó con un diplomático israelí, quien lo sorprendió con un comentario que hizo en voz baja: “A Nisman lo mataron, porque él tenía un teléfono rojo para comunicarse ante cualquier urgencia y no lo usó”. En realidad, el hecho que tuviera un teléfono especial para comunicarse con el Mossad –o con el periodista David Patcher que rondaba su domicilio- no prueba que lo hubieran asesinado sino más bien lo contrario. Es difícil pensar que Nisman no hubiera comunicado cualquier movimiento extraño en su domicilio a sus protectores. Por otra parte la relación estrecha que Nisman aparentemente tenía con los servicios israelíes aparece confirmada por los datos publicados de los ingresos en su cuenta corriente en el ex Banco Merrill Lynch. Según el diario Perfil, “las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en el ex Merrill Lynch “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.

El día anterior a que Nisman fuera encontrado muerto en su departamento, mantuvo una conversación con Daniel Berliner que el periodista transcribe textualmente en su ensayo. Es interesante la lectura del diálogo porque permite constatar que el fiscal no estaba muy seguro del paso que había dado: – Alberto Nisman: Sabía que tenía que hacerlo. Varias veces te he dado —con esto no quiero justificarme, sino simplemente comentarte— siempre alguna notita, algo. Vos sabías que yo venía trabajando en todo esto y que en algún momento iba a salir. Te imaginás que esto no sale de un día para otro, y menos por la decisión de un tipo, menos de [Jaime] Stiuso, y menos como soy yo. Si me equivoco o no, quiero tener la posibilidad de decir que lo decidí yo el momento. Uno presenta las cosas como ahora, cuando están terminadas. Fui un boludo porque no analicé la cuestión políticamente y tendría que haber esperado. Con esta decisión voy a seguir adelante; no es que duplico la apuesta, voy a mostrar todo lo que tengo”. Debe recordarse aquí que lo que para Nisman era ahora un delito de encubrimiento había sido, en ocasión de su polémica con Eliaschev, una fantasía acuñada por el periodista, dado que era jurídicamente imposible condicionar a la justicia argentina.

La denuncia de Nisman atravesó por diversos avatares. Fue archivada por el juez Daniel Rafecas por entender que al haber sido declarada la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán y no haber tenido vigencia alguna, carecía de sentido invocar la existencia de un delito de encubrimiento en grado de tentativa. El fallo de Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal con los votos de los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler y finalmente revocado por la Cámara de Casación que decidió abrir una investigación. Por su parte la DAIA se presentó en el juzgado de Claudio Bonadío para sumarse a una denuncia por “traición a la Patria” formulada por dos familiares de las víctimas  contra Cristina Fernández y Héctor Timerman, por haber impulsado el famoso Memorándum. Para el periodista Rogelio Alaniz, “Timerman en ese sentido cumplió la hazaña de adquirir el título de traidor por partida doble: traidor a los judíos y traidor a la Argentina”. De algún modo se reconocía así que la Patria a la que Timerman habría supuestamente traicionado, y por la cual está siendo actualmente investigado, no era exactamente la Argentina.

. Las inconsistencias de la denuncia de Nisman 

            Ya hemos señalado que el fiscal Alberto Nisman, consultado por la Cancillería, se  expresó favorablemente acerca de las gestiones que se venían haciendo con la República Islámica de Irán para alcanzar un acuerdo que destrabara la causa AMIA. Por otra parte, en las declaraciones que formuló tras la denuncia de Eliaschev, señaló con contundencia que cualquier acuerdo con Irán no podía tener el efecto jurídico de paralizar la causa como presumía el periodista. Por consiguiente, al presentar la denuncia por encubrimiento en enero de 2015 incurre en una falta de coherencia lógica con las afirmaciones que había formulado en 2011. Parece ilógico considerar delictiva una iniciativa diplomática que había contado con su aprobación y que –según sus mismas palabras- carecía de mayores consecuencias jurídicas en lo relativo a la situación de los procesados en la causa.

Tampoco de la lectura de la denuncia se desprende ningún elemento que pueda llevar a una conclusión diferente. En su escrito el fiscal sostenía  que la presidenta y el canciller habían ideado un plan delictivo  destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa AMIA “con el objeto de permitirles eludir la investigación y facilitar que se sustraigan a la acción de la justicia argentina”. Si bien el escrito de denuncia era un texto bien armado, con numerosas citas de opiniones de periodistas y especialistas que habían abordado esta materia, lo que en realidad hacía era describir la errática política exterior argentina, con sus enormes contradicciones y el fracaso final que tuvo el  Memorando de Entendimiento firmado con la República de Irán. Sin embargo, al tratarse de una denuncia penal, era exigible algo más: la descripción del accionar delictivo y el valor de las pruebas que avalaran esas deducciones. En nuestra opinión, el escrito no resulta convincente en ese terreno puesto que traslada al plano penal lo que son cuestionamientos políticos derivados de los enredos diplomáticos en que incurrió el canciller Timerman.  La hipótesis de que existió en el Gobierno un deseo de regularizar las relaciones diplomáticas con Irán y buscar una salida a un conflicto jurídico que trababa esa posibilidad, ha sido proclamada por los propios autores de estas iniciativas, de modo que de ello no hay dudas. Pero determinar si  esto conllevaba el propósito de “destrabar” la investigación judicial –tesis del gobierno- o era un modo de conseguir “impunidad” para sus autores –tesis del fiscal- queda más en el terreno de las elucubraciones políticas que en el judicial.

La viga maestra que sustentaba la denuncia de Nisman era la cuestión de las “alertas rojas”. Sostiene el fiscal en su escrito que el Memorando de Entendimiento “fue la excusa que esgrimieron las partes para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas”. Más adelante agrega que Timerman no cumplió con lo pactado con los iraníes “no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió”. Añade que el canciller “volvió a la carga en septiembre y noviembre de 2013 con claras intenciones de convencer a Roland Noble (secretario  de Interpol en aquel momento) para que autorice el cese de las notificaciones rojas…pero por fortuna tampoco pudo lograr su cometido”. Estas afirmaciones quedaron rotundamente desvirtuadas con la comunicación que el propio Roland Noble envió a la cancillería y que Timerman leyó el viernes 16 de enero. Allí  Noble afirma lo siguiente: “En cada ocasión que usted y yo hablamos o nos vimos, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes.” Estas opiniones se veían reforzadas por la carta de 15 de febrero de 2013, cuyo facsímil Timerman adelantó a Página 12, en la que el canciller menciona que cualquier cambio en las capturas internacionales solo podía ser decidido por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, de modo que la forma del memorándum no producía cambios en el “estatus de los requerimientos”. La intervención de Roland Noble no quedó allí. Al día siguiente, domingo 18 de enero, Página 12 publicó una entrevista que había mantenido con el ex secretario de Interpol en la que afirma: “Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojos contra los funcionarios iraníes.” Y luego añadía, en tono admonitorio hacia Nisman: “En los últimos dos días  me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí.” Es muy probable que las palabras de su amigo o conocido Noble afectaran el ánimo del fiscal Nisman. Los partidarios de la tesis del suicidio pueden ver aquí una motivación para la adopción de una medida extrema. Nisman no solo perdía el principal argumento de su acusación, sino que también era puesto en ridículo por uno de los jefes del espionaje norteamericano, con los que le unían una estrecha amistad, como ha quedado demostrado con la develación de los wikilikis.

En la denuncia formulada por Nisman se afirma textualmente que “la Dra. Fernández, junto a su canciller, Héctor Timerman, orquestaron y ejecutaron un plan delictivo destinado a garantizar la impunidad definitiva de los acusados iraníes (en la causa AMIA) desvinculándolos fraudulentamente de la pesquisa, y redireccionando la investigación hacia una pista falsa, con otros imputados. Para ello, mantuvieron negociaciones ocultas con representantes iraníes, por más de un año y medio, a los que se sumaron otros cuatro meses de negociaciones oficiales. Estas tratativas culminaron en la firma del “Memorando de Entendimiento”, suscripto en enero de 2013, una pieza central del plan criminal, dado que sus disposiciones contienen distintos recursos y mecanismos aptos para viabilizar el encubrimiento, con la apariencia de legalidad que la maniobra requiere para ser efectiva”. Obsérvese de la lectura del texto anterior las palabras que hemos subrayado. Para Nisman la “pieza central” del plan criminal de encubrimiento era la firma del “Memorando de Entendimiento”. Resulta francamente increíble pensar que  los actos materiales que conllevan la firma de un tratado internacional –negociaciones previas, en ocasiones reservadas; suscripción del texto;  presentación al Congreso; debate parlamentario y ratificación- pueden considerarse el iter criminis  de un hecho delictivo. No se escapará a nadie que la pretensión de convertir un tratado internacional aprobado por el Congreso en la “pieza central del plan criminal” constituye una arriesgada pretensión jurídica, de la que no se registra antecedente jurisprudencial alguno.                                                               

Que la tesis jurídica defendida por Nisman era sumamente osada, da cuenta el propio escrito del fiscal cuando reconoce que  “naturalmente, la decisión de la presidente Fernández de restablecer relaciones con la República Islámica de Irán no es cuestionable judicialmente. Aquí no se denuncia ni es materia de crítica el cambio en el enfoque político de una cuestión por parte del gobierno o sus funcionarios, ni tampoco el giro en el modo de relacionarse internacionalmente ante un conflicto y/o con otros estados. Ni siquiera se denuncia ni mucho menos se cuestiona el mero hecho de entablar negociaciones con la República Islámica de Irán en particular, ya sean comerciales o aún respecto a la causa AMIA. Está claro que todas estas cuestiones y acciones corresponden al ámbito exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo que, por ejercer la jefatura suprema de la Nación, la jefatura de gobierno y la administración general del país, cuenta con la potestad constitucional de concluir y firmar tratados y celebrar negociaciones para el mantenimiento de las buenas relaciones con naciones extranjeras (art. 99 inc. 1 y 11 de la Constitución Nacional). Nada de esto está en discusión”. En la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema se menciona la “zona de reserva política” que es la que permite al gobernante buscar una solución entre varias alternativas, valorando la necesidad, oportunidad, conveniencia y eficacia de la decisión que se piensa tomar. “Según una inveterada doctrina de la Corte Suprema, escapa a la competencia del Poder Judicial controlar el modo como los poderes políticos ejercitan las facultades que la Constitución Nacional les ha otorgado privativamente (facultades privativas)” (“El control de constitucionalidad, Ricardo Haro, pág.190). No está en discusión si el Memorando de Entendimiento era o no eficaz a los fines que el gobierno le atribuía. Probablemente no lo era. Pero la impugnación política de ese tratado, que se recogió profusamente en el debate parlamentario, no lo reconvierte en la “pieza central” de un plan criminal. La política exterior de un país, por arbitraria y ocurrente que sea, queda fuera del escrutinio de los tribunales penales.

. Conclusiones 

            Este informe, construido en parte con los materiales aportados por el ensayo de Daniel Berliner, permite extraer algunas breves conclusiones  de orden político:

– En primer lugar, que las derivaciones judiciales en el terreno penal que ha tenido el Memorándum firmado con Irán, a partir de la denuncia de Nisman y la posterior de la DAIA, muestra de modo inequívoco la forma en que los conflictos internacionales se cuelan en la política interna. Aparentemente algunos dirigentes de la comunidad judía argentina enfrentan un conflicto de lealtades cuando la política exterior de Argentina no coincide con la del Estado de Israel. Esto explica que puedan pasar de un extremo al otro. Determinadas iniciativas, enmarcadas en el incuestionable derecho de Argentina a definir los lineamientos de su política exterior, aprobadas en su momento por las propias organizaciones judías argentinas y por el Congreso argentino, se han considerado luego, sin solución de continuidad,  configurativas de un delito de “traición a la Patria” simplemente por interpretarse que representaban un cambio radical en la política exterior argentina.

– Por otro lado, sorprende la extrema frivolidad con la que se acude al uso interesado del derecho penal en Argentina, para dirimir los conflictos políticos. En este uso abusivo del derecho, se hace visible la falta de independencia de los jueces federales llamados a entender en estas contiendas, que terminan cediendo a la presión de los grupos de interés o a las exigencias del gobierno de turno. En un contexto político de esta naturaleza, resulta muy difícil argumentar a favor de la posibilidad, necesidad y conveniencia de actuaciones imparciales e independientes de los jueces. Pero justamente, en eso consiste la división de poderes en una democracia, cuando los jueces asumen comportamientos de imparcialidad, competencia y rigor profesional, aumentando así  la calidad del entramado institucional de un país. La proliferación de causas judiciales inconsistentes demuestra a las claras la distancia que nos separa aún de ese ideal todavía no alcanzado de contar con instituciones judiciales autónomas e imparciales.

– Si hay jueces que ceden a la presión política y mediática es consecuencia también de que no se sienten suficientemente respaldados frente a las embestidas de los poderes fácticos o de las que provienen de nuestro presidencialismo hegemónico. Aunque es un tema que merecería un tratamiento más extenso, debe registrarse aquí la importancia que tiene en el Estado de derecho la presencia de un Consejo de la Magistratura equilibrado que impida el uso arbitrario de sus facultades para disciplinar políticamente a los jueces.

-Los actos de gobierno pueden y deben ser sometidos a la crítica política, pero nunca debieran ser llevados a los tribunales penales. De otro modo, el derecho penal se estaría usando aviesamente para inferir castigos políticos a los adversarios. Judicializar la política tiene elevados riesgos, entre ellos, que los precedentes sirvan luego para atrapar en sus redes, en el futuro, a quienes han alentado semejantes desatinos.-                 

AFL (6.10.2017)

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