Aleardo Laría.
Las declaraciones de Susana Malcorra, la excanciller del actual Gobierno presidido por Mauricio Macri, denunciando el uso arbitrario de la prisión preventiva por parte de algunos jueces, tienen gran relevancia porque emanan de alguien que nunca podría ser acusado de “kirchnerista”. Es un gesto de enorme valor simbólico que recuerda el olvidado compromiso de los intelectuales con la verdad, con independencia de que esa verdad afecte el prestigio de los amigos políticos. Por otra parte, dejan en evidencia a muchos intelectuales argentinos que presumían de “republicanos”, pero que ahora guardan un estruendoso silencio antes las flagrantes violaciones a los derechos humanos que salpican algunas actuaciones del Poder Judicial.
En una entrevista que concedió a Radio Cooperativa, la excanciller del gobierno de Cambiemos dijo que era preocupante y peligroso el uso permanente de la prisión preventiva por parte de algunos jueces en la Argentina. Añadió que «el abuso de esa figura es muy peligroso» y que «está muy cuestionado desde la óptica de las organizaciones de los derechos humanos y desde las Naciones Unidas».»Es preocupante que se la use de manera permanente como en muchos casos se está haciendo», advirtió Malcorra.
En verdad la denuncia de Susana Malcorra cubre solo un aspecto de las maniobras que se vienen urdiendo desde el Gobierno para reconducir al Poder Judicial hacia posiciones de ultraderecha similar a la que Jair Bolsonaro predica abiertamente en Brasil. Arquitecta principal de esta estrategia es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ha sido una adelantada de estas posiciones al salir en defensa de policías que habían hecho uso del “gatillo fácil” para abatir a delincuentes que intentaban huir luego de cometer algún robo. Al recibir a estos policías en su despacho, pretende legitimar ante la sociedad este tipo de prácticas que se entroncan con las coordenadas ideológicas del electo presidente de Brasil.
Estas políticas de seguridad tienen su correlato con la actuación de algunos jueces y fiscales federales que llevados por un antikirchnerismo visceral –una forma estilizada del viejo antiperonismo del 55- no trepidan en sumarse a las estrategias diseñadas desde la Agencia Federal de Inteligencia. De modo que asistimos a claras maniobras de un sector del Poder Judicial dirigidas a involucrar a CFK en delitos de corrupción y así socavar las posibilidades electorales del Frente para la Victoria. Estos jueces y fiscales actúan como punta de lanza de una “liga” informal que tiene un fuerte apoyo mediático de algunos periodistas y, en especial, de los diarios “Clarín” y “La Nación” que filtran permanentemente las noticias suministradas por los servicios de inteligencia del Estado. El periodista y escritor Jorge Asís ha denominado a esta coalición informal “la mafia del bien” porque si bien utilizan la forma descentralizada de los grupos mafiosos clandestinos lo hacen en defensa de la “República”, para impedir el regreso del aborrecido populismo al poder.
Las intervenciones de esta liga secreta de jueces, operadores judiciales del servicio de inteligencia del Estado y periodistas, ha provocado el desplazamiento de jueces considerados “kirchneristas”; en la adjudicación arbitraria de las causas de la justicia federal a los jueces considerados afines a la coalición; en la modificación de la jurisprudencia tradicional que protegía el derecho a la presunción de inocencia; en el uso abusivo de la prisión preventiva; en la manipulación escandalosa de las declaraciones de los “arrepentidos”; en la persecución sistemática desde el Consejo de la Magistratura de los jueces que dictan resolución que no son del agrado de la coalición con lo cual consiguen disciplinar al resto de los jueces que ven atemorizados lo que puede suceder si sacan los pies del plato. Los jueces que dictan resoluciones contrarias a los deseos de la “liga” son objeto de una ofensiva mediática en la que salen a relucir informaciones guardadas en las carpetas de los servicios de información, no siempre ajustadas a la verdad.
Esta manipulación política del Poder Judicial no se inició con la reciente “causa de los cuadernos”, sino que tuvo su origen mucho antes, en la extravagante denuncia por “encubrimiento del terrorismo” del fiscal Alberto Nisman. Al tratarse de una denuncia carente del menor rigor jurídico, fue archivada en dos instancias judiciales y luego reabierta mediante tortuosas maniobras judiciales en las que desempeñó un rol estelar el juez federal Claudio Bonadío que hizo un uso audaz de su imaginación. Para reabrir esta causa cerrada, el juez no tuvo el menor reparo en considerar que la ex presidenta Cristina Fernández habría incurrido en un delito de “traición a la Patria” por haber impulsado un acuerdo con la República de Irán que, según el juez, habría librado una supuesta guerra no declarada contra Argentina. La reciente investigación del periodista Pablo Duggan -recogida en el ensayo “¿Quién mató a Nisman?”- permite ahora conocer documentos y pruebas que fueron silenciadas por los grandes medios, y que acreditan que la denuncia de Nisman fue en realidad un acto desesperado dirigido a protegerse frente a un despido inminente.
El citado trabajo de Duggan deja también en ridículo la trama urdida desde la “liga” secreta para convertir el suicidio del fiscal en un magnicidio. Cualquier observador objetivo de la investigación sobre la muerte del fiscal, podía arribar sin esfuerzos a la convicción de que el suicidio era la hipótesis más plausible desde el momento en que el propio fiscal había solicitado un arma a su asistente informático Diego Lagomarsino y no había rastros que permitieran suponer que extraños hubieran fracturado el cerrado departamento de Nisman situado en el piso 13 de un edificio supervigilado. La rigurosa investigación periodística de Duggan basada en los datos recogidos en el expediente judicial permite ahora conocer la cantidad de evidencias que fueron ocultadas a la opinión pública para hacer digerible la audaz hipótesis del magnicidio.
La prueba pericial pedida por el juez federal Julián Ercolini a la Gendarmería –cuando ya existía un informe forense del prestigioso Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia- ha puesto de manifiesto la enorme temeridad política de la ministra de Seguridad para torcer investigaciones judiciales. Dos pericias recientes, emitidas por fuerzas de seguridad -una en el caso del policía Luis Chocobar y otra aportada en el juicio del gendarme Arsenio Narvay- evidencian una estrategia común dirigida a suministrar a los tribunales pruebas manipuladas para conseguir sentencias absolutorias de miembros de las fuerzas de seguridad comprometidos en casos de “gatillo fácil”. En el caso de Chocobar, un nuevo peritaje de la Policía Federal sostiene que la bala que mató a Pablo Kukoc rebotó primero en el piso antes de incrustarse en la espalda del delincuente abatido. Esta coartada de la bala itinerante tiene una larga historia en la criminalística argentina, puesto que ha sido invocada centenares de veces por los abogados defensores de los policías acusados por haber hecho uso del “gatillo fácil”.
Por lo expuesto, no debe causar sorpresa alguna que la ministra Bullricch reciba en su despacho a Carla Céspedes, policía de la ciudad que abatió a un joven que huía tras haber asaltado un supermercado chino en la zona de Parque Centenario en diciembre de 2016, absuelta en el juicio oral que tuvo lugar recientemente. En el mismo acto la ministra recibió también al gendarme Arsenio Narvay quien había sido asaltado en la madrugada del 27 de agosto de 2017 cuando esperaba un colectivo en Rincon de Milberg para dirigirse a tomar servicio. El gendarme mató a uno de los atacantes con su arma reglamentario e hirió al cómplice. Por el hecho estuvo más de un año preso pero ahora el Tribunal Oral N° 5 de San Isidro dispuso su absolución. También el prefecto Daniel Acosta, acusado de matar a Damián Cutrera tras una breve discusión de tránsito en una cabina de peaje, acaba de ser reincorporado por la Prefectura como si nada hubiera ocurrido.
La ministra Bullrich ha declarado que el Gobierno “se siente muy conforme con las resoluciones judiciales y convencidos que esto sienta las bases para un nuevo paradigma con respecto al accionar policial: aquellos que actúen en el marco de la ley serán defendidos. Desde el primer día seguimos los casos, porque tenemos el compromiso de cuidar a quienes nos cuidan», apuntó la funcionaria. El nuevo paradigma que defiende la ministra Bullrich no difiere del que sustenta el recientemente designado presidente de Brasil quien considera que los policías que matan delincuentes deberían recibir una condecoración en vez de ser sometidos a juicio. “A ese tipo de gente (los criminales) no puede tratársele como si fuera un ser humano normal. No podemos permitir que los policías sigan muriendo a manos de esos tipos”, declaró Bolsonaro en el principal programa noticioso nocturno de TV Globo. El paradigma de matar al grupo considerado «enemigo», que hoy une a la Bullrich con Bolsonaro, no es novedoso dado que fue aplicado en los años setenta por la dictadura militar argentina con el resultado conocido. Avala la teoría del acontecer histórico del filósofo napolitano Giambattista Vico, para quien la historia no avanza en forma lineal hacia el progreso sino en forma de ciclos que se repiten, –corsi y ricorsi– en avances y retrocesos.
