Aleardo Laría.
La idea de verdad ha sido siempre problemática. En términos cotidianos, entendemos por verdad la coincidencia entre una afirmación y un hecho. Pero si avanzamos en terrenos menos fácticos, nos encontramos con verdades subjetivas y objetivas, con verdades absolutas y relativas, o con el escepticismo absoluto acerca de la posibilidad de alcanzar la verdad. También abunda el propósito político de ocultar la verdad. Justamente, el libro del abogado y periodista Pablo Duggan, “¿Quién mató a Nisman?” es un invalorable esfuerzo por dejar al desnudo la estrategia política dirigida a ocultar la verdad en la muerte del fiscal que tuvo la audacia de elevar una acusación por “encubrimiento del terrorismo” contra la presidente porque, -como afirma Duggan- “creyó que así se blindaba contra un posible despido”.
En cuestiones relativas a las ciencias criminalísticas el encuentro con la verdad requiere esfuerzos pero es un objetivo que está siempre al alcance de los expertos que aplican criterios científicos en su búsqueda. Se entiende por criminalística la disciplina científica que aplica los métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible relacionado con el hecho con la finalidad determinar si se cometió o no un delito y, en su caso, reconstruirlo para entender cómo se llevó a cabo y determinar quien lo realizó. Esta labor, como tantas novelas policiales lo han puesto de manifiesto, es un trabajo de investigación científica donde son relevantes los indicios que aporta el uso de ciencias auxiliares como la medicina forense, la balística, la dactiloscopia, la genética, la hematología, la toxicología, la entomología, etc.
Los avances de estas ciencias auxiliares han sido tan espectaculares en los últimos tiempos que determinar, por ejemplo, si una persona se ha suicidado o ha muerto como consecuencia de la intervención de terceros, es algo que se puede dilucidar en un plazo no mayor a una semana. Esto sucede en todos los países del mundo menos en Argentina, donde la investigación sobre las causas de la muerte del fiscal Nisman está a punto de cumplir cuatro años y aún sigue abierta. El libro de Duggan, basado en el análisis riguroso de las evidencias acumuladas en el expediente judicial gracias a los aportes de las ciencias auxiliares de la criminalística, llega a la conclusión de que el fiscal se suicidó y si ese dato no ha sido aún receptado por el Poder Judicial se debe exclusivamente a la intervención de la política.
La polarización política en Argentina es tan elevada, la pérdida de imparcialidad de los actores políticos es tan marcada, que todo vale con tal de desgastar al adversario político. En ese “todo vale” entra también convertir un suicidio en un asesinato, simplemente para alimentar la sospecha de que el gobierno de turno estuvo implicado en el hecho. Es francamente desalentador contemplar la cantidad de fiscales, jueces, periodistas e intelectuales que no han tenido el menor reparo en apuntarse y alentar una hipótesis absurda y disparatada, con el único afán de endilgarle a Cristina Fernández de Kirchner la responsabilidad intelectual del supuesto “magnicidio”.
Desde luego, la responsabilidad mayor por esta manipulación, la tiene el Poder Judicial, y en este caso particular el juez Ercolini, que no ha trepidado en habilitar una hipótesis fantasiosa, que no resiste el menor análisis lógico. La lectura de la resolución por la que incrimina al informático Diego Lagomarsino y a los suboficiales de la Policía Federal que prestaban el servicio de choferes del fiscal, atribuyéndoles la responsabilidad por “instalar la tesis del suicidio” es tan rocambolesca que merece un lugar destacado en la antología de los disparates judiciales. El hecho incontrastable de que el fiscal pidió el arma que acabó con su vida es tan elocuente que el juez tiene que hacer malabares para introducir la tesis de que el arma fue introducida clandestinamente por Lagomarsino, para prestarse a la estrategia de los supuestos criminales que necesitaban un “arma amiga” para hacer aparecer el crimen como un suicidio. El único modo de sortear estos obstáculos es suponer que al pedir el arma el propio fiscal se prestó a simular su asesinato, tesis que no parece nada plausible.
Que dirigentes políticos y medios de comunicación en Argentina se presten a alentar condenas mediáticas antes de que los procesos judiciales hayan arribado a su fin, es algo que ya está muy instalado en nuestra cultura política. Lo grave es que esta politización extrema haya contaminado a un sector del Poder Judicial –en especial a los jueces federales- que aparecen operar como extensiones de los largos brazos de los servicios de información del Estado, fenómeno que el filósofo italiano Norberto Bobbio ha descripto como propio del “sottogoverno”. Lamentablemente, la baja calidad de nuestras instituciones, lejos de haber sido afrontada por el gobierno del presidente Mauricio Macri, ha alcanzado niveles impensables de una coalición que ha utilizado hasta la extenuación –evidentemente, con meros efectos propagandísticos- su propósito de “recuperar la República”.
Frente al pesimismo de la realidad, solo resta el optimismo de la voluntad. La labor de periodistas independientes, realizada con rigor y sin concesiones a la política, como la llevada a cabo por Duggan, nos deja un resto de esperanza en que todavía es posible rescatar a esa verdad que aparece tan maltratada por el sectarismo político. No por tantas veces invocada sigue siendo sabia la reflexión de Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.
