Aleardo Laría.
En una novela policial, ¿cuál sería la novedad que arruinaría la trama para hacerla implausible?: la aparición con vida de la supuesta víctima. Con la causa de los cuadernos sucede algo similar. La “aparición con vida” de los cuadernos que supuestamente habían sido pasto de las llamas, convierte en implausible la versión oficial sobre su origen y, a partir de allí, sin esa viga maestra, la mayor parte de la investigación del juez Bonadío corre serio riesgo de derrumbe.
Es casi una labor inútil opinar sobre algunas causas judiciales muy politizadas en Argentina -tales como el caso Nisman o la causa de los cuadernos- por el riesgo de no ser entendido. Sin embargo, existen una serie de elementos que no pueden ser ignorados y permiten esbozar algunas hipótesis que se formulan desde una mirada más jurídica que política. Naturalmente, con toda la prudencia que exige una opinión basada en las notas de prensa dado que no se ha tenido acceso al expediente judicial.
Sobre la causa de los cuadernos siempre ha existido la sospecha de que se estaba ante una iniciativa de los servicios de información del Estado, es decir de la AFI dirigida por Gustavo Arribas, un amigo del presidente Mauricio Macri que ocupa ese puesto de responsabilidad por –Macri dixit- “su conocimiento de las trampas”. Los indicios que apuntan en esa dirección son varios: 1) La minuciosa recopilación del ex sargento del Ejército, Oscar Centeno, con indicación precisa de las matrículas de los vehículos y de las direcciones visitadas, tomando fotografías y videos, que no parece ser la obra de un prolífico escritor amateur sino la labor informativa desplegada por un colaborador remunerado por los servicios de información del Estado. No es temerario presumir que los servicios del información del Estado se nutren de colaboradores que suelen ser oficiales retirados de las fuerzas de seguridad. 2) El rol jugado en la primera aparición de los cuadernos por Jorge Bacigalupo, otro remisero y ex suboficial de la Policía Federal. 3) El extraño recorrido de los cuadernos originales, que son “prestados” por varios meses al periodista Diego Cabot que luego de obtener copias digitales los devuelve sabiendo que serían una prueba relevante de un supuesto accionar delictivo lo que, según el artículo 277 del Código Penal podría entrañar una delito de encubrimiento (“el que ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer”). 4) La elección arbitraria del fiscal Carlos Stornelli como receptor de las copias digitalizadas, lo que hace sospechar que existía un diseño previo para que la investigación terminara en manos de este fiscal y del juez Carlos Bonadío. 5) El tiempo que se dejó transcurrir –cuatro meses- entre la declaración de Cabot en la fiscalía (10 de abril) y el allanamiento de la vivienda de Centeno (3 de agosto) en busca de los famosos cuadernos. 6) La extraordinaria capacidad de Centeno para calcular con ojo clínico el importe exacto de los millones de dólares que se encontraban en el interior de los bolsos sin disponer ni de tiempo ni de posibilidad de abrirlos.
La aparición ahora de seis de los ocho cuadernos originales, lejos de confirmar el valor probatorio de estos cuadernos, como opina Joaquín Morales Solá en su nota del 23 de octubre en La Nación (“Importantísimo para las instituciones”), lo que demuestra es que esos cuadernos estaban y estuvieron en manos de una organización integrada presumiblemente por los jefes de Oscar Centeno y Jorge Bacigalupo con capacidad para preservarlos y hacerlos aparecer en el momento que consideraron conveniente, por motivos que aún ignoramos. Nuevamente, todos los indicios apuntan a la AFI, dado que no es imaginable que exista en nuestro país otra organización capaz de guardar y operar de este modo con una prueba judicial. Por otra parte, como solo han aparecido seis de los ochos cuadernos, continúa la intriga por saber el motivo del ocultamiento de los otros dos cuadernos. ¿Tal vez para ocultar la manipulación de la que fueron objeto? Si este fuera el caso, convengamos que cualquier prueba debe ser analizada en su integridad y carecen de valor probatorio los gajos separados arbitrariamente por un actor desconocido.
Si los cuadernos fueron consecuencia de una labor de espionaje interior, prohibido por la Ley de Inteligencia Nacional, es evidente que el resultado de esa tarea carece de valor jurídico como prueba legítima en una investigación judicial, ya sea por la aplicación de la teoría del “fruto del árbol envenenado”, ya sea porque en un Estado de Derecho, en el que rige la división de poderes, es inadmisible que una investigación judicial quede al albur de la entrega selectiva de pruebas por otro órgano del Estado que depende del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, como lo señala la constante jurisprudencia de los tribunales, carecen de valor jurídico las pruebas obtenidas de modo irregular, con independencia de que reflejen actos realmente acontecidos o no. Es una situación similar a la que resultaría de una declaración obtenida por medio de torturas. Los hechos pueden ser reales, pero la prueba carece de valor para ser incorporados en un expediente judicial.
La dificultad de aceptar como prueba válida el contenido de los cuadernos, se ve agravada por las numerosas arbitrariedades cometidas por el juez Claudio Bonadío a lo largo de su cuestionada instrucción, usando la prisión preventiva como recurso para obtener confesiones de los encartados. Las declaraciones de los “arrepentidos” no fueron registradas en la forma requerida por la ley y, lo que es más importante, esas declaraciones son insuficientes para acreditar hechos si no son confirmadas por otros elementos de prueba, según lo señala claramente la Ley del Arrepentido.
La precipitación de Bonadío por cerrar la causa y elevarla a juicio oral no ha permitido completar la investigación de un modo riguroso, con el dato más relevante en una causa de sobornos: la “ruta del dinero”, es decir la trazabilidad de los fondos supuestamente obtenidos como consecuencia de los favores irregularmente concedidos por parte de los funcionarios públicos implicados. Esta labor de trazabilidad solo fue completada en el caso de los pagos recibidos por el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, donde parece inobjetable que los bienes inmuebles adquiridos en Estados Unidos fueron el resultado de exacciones ilegales. Pero esa causa fue desgajada por Bonadío de la “causa madre” y no permite extender la responsabilidad más allá de los familiares y colaboradores de Muñoz que ocultaron esos bienes mal habidos.
Nuestra impresión –y aquí nuestra opinión es política, más que jurídica- es que la investigación de Bonadío no fue realizada con rigor jurídico suficiente porque desde el primer momento estaba basada en el interés político de suministrar datos a los medios de comunicación más que en investigar los hechos. Se intentó, con evidente éxito, construir mediáticamente una causa paralela a la judicial, para que la opinión pública contara con “culpables” antes de que una sentencia judicial firme estableciera dentro de diez o veinte años los términos jurídicos de la verdadera responsabilidad penal.
Si en algún momento, más adelante, se confirmara que la causa de los cuadernos ha sido objeto de manipulación por los servicios de información del Estado, quedaría en evidencia que en este tiempo no ha habido voluntad política de emprender un verdadero combate contra la corrupción. Al prevalecer el interés por obtener réditos electorales se habría causado un grave daño al prestigio de la Justicia y al legítimo deseo de la opinión ciudadana de reducir los efectos de un grave problema estructural que afecta a la Argentina. En un Estado de derecho, el uso partidista de las causas judiciales, es decir la politización de la justicia, es un hecho muy grave y evidencia la estulticia de los que se envuelven con banderas republicanas pero toleran estas prácticas antidemocráticas.
