Aleardo Laría.
El Presidente Alberto Fernández anunció su decisión de someter a estudio de una comisión de expertos la eventual ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De inmediato surgieron voces opositoras, entre ellas la del diputado radical Martín Berhongaray, quien en una nota periodística afirmó, a modo de mandato bíblico, que “la Corte Suprema no se toca”. La recalcitrante oposición a cualquier reforma institucional, por mínima que sea, es una constante de los sectores conservadores en Argentina que temen que cualquier proceso de modernización derive en una pérdida de eventuales privilegios. Sin embargo, parece difícil aferrarse a posiciones inmovilistas cuando es evidente que el casco institucional está averiado y necesita inevitables operaciones de calafateado.
En el tema puntual de la ampliación del número de jueces de la Corte y atendiendo exclusivamente a la mejorara en la eficiencia del funcionamiento del Poder judicial, es indudable que el aumento del número de jueces y la división de tareas en salas especializadas sería lo más conveniente. El actual número de cinco miembros es francamente exiguo si tomamos como referencia lo que acontece en otros países. Por otra parte, al no existir un Tribunal Constitucional, la Corte argentina debe cumplir también las labores de máximo intérprete de la Constitución, lo que suma demasiadas tareas para sólo cinco jueces.
En los países europeos, bajo el sistema parlamentario, donde generalmente el Tribunal Supremo convive con un Tribunal Constitucional, el número de jueces es muy superior al de Argentina. Por ejemplo en España el Tribunal Supremo está dividido en cinco salas (civil, penal, social, contencioso-administrativo y militar) atendidas por un total de 74 magistrados. Paralelamente, en forma autónoma, actúa un Tribunal Constitucional, integrado por doce miembros, quienes tienen a su cargo la interpretación de los preceptos constitucionales y atiende las demandas de amparo constitucional formuladas por los particulares. De esos doce miembros, cuatro son nombrados a propuestas del Congreso de los Diputados, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno nacional y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Por consiguiente tenemos que España, con una población de 47 millones de habitantes, destina un total de 86 altos magistrados para atender los asuntos judiciales y constitucionales más relevantes. En cambio Argentina, con una población de 45 millones de habitantes, destina solo cinco jueces para abordar una labor semejante. Es evidente que existe una notoria desproporción de altos magistrados entre ambos países. La consecuencia de esta insuficiencia de jueces en Argentina se traduce luego en que la mayoría de los expedientes en la Corte Suprema deben esperar decenas de años para obtener una resolución.
Sería ingenuo suponer que simplemente con el aumento del número de jueces de la Corte Suprema se resolverían los problemas de la exasperante lentitud de los procesos judiciales en nuestro país. Sería necesario, además, actualizar los códigos de procedimiento; informatizar los trámites judiciales; mejorar el funcionamiento de la oficina judicial; etc. Es decir hace falta llevar a cabo una profunda reforma judicial. Pero una contribución importante sería, sin duda, que los asuntos más relevantes no se acumulen indefinidamente en la cúspide del Poder Judicial.
Cabe todavía formular alguna otra consideración sobre la reticencia de los sectores conservadores a aceptar políticas de reforma en un momento en que más visible se ha hecho la necesidad de emprender una camino de modernización. La crisis generada por la pandemia del corona virus ha dejado al descubierto la notoria debilidad de nuestra estructura productiva y la falencia de nuestro Estado de bienestar. Con un 40 % de los trabajadores en la informalidad y un 45 % de pobres, parece evidente que se hace necesario cambiar el rumbo para obtener mejores resultados.
Como ha señalado Douglass North “las instituciones son la clave para entender la interrelación entre la política y la economía y las consecuencias que esa interrelación tiene para el crecimiento económico (o para el estancamiento y la declinación)”. Se hace difícil aceptar hoy la enorme desigualdad que existe entre los países cuando la tecnología está prácticamente al alcance de todos. Si la estructura institucional es determinante para avanzar en procesos de desarrollo y no viene impuesta desde afuera, corresponde endógenamente a los países buscar una actualización permanente de esa estructura. El quietismo institucional, la permanencia en la misma senda institucional que probadamente ha fracasado, equivale a abandonar toda ilusión de mejora y progreso.
