Aleardo Laría.
El Gobierno español ha puesto en marcha un procedimiento para actuar contra las campañas deliberadas de desinformación a gran escala. Para hacer frente a la emergencia de este nuevo fenómeno se acaba de crear una Comisión Permanente contra la Desinformación cuyo objetivo es “establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España». En los fundamentos de la medida se señala que “uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas es la información veraz y diversa», por lo que consideran necesario enfrentar la amenaza que supone «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
Entre las medidas que contempla la norma figuran, según el nivel de actuación que se considere adecuado, la monitorización y vigilancia para la detección, alerta temprana, notificación y análisis de las informaciones tendenciosas; la adopción de decisiones de carácter político-estratégico con el objeto de hacer frente a cualquier campaña de desinformación y la gestión política en el marco del sistema de seguridad nacional. Se añade que el Ejecutivo podrá solicitar la colaboración del sector privado, esto es, medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y aquellas personas expertas, cuya contribución se considere relevante para llevar a cabo «acciones como la identificación y no contribución a la difusión de la desinformación, la promoción de actividades de concienciación y la formación o el desarrollo herramientas para su evitar su propagación en el entorno digital».
Al igual que aconteció en Argentina cuando se anunció el proyecto Nodio, los partidos y los medios de la derecha conservadora española salieron de inmediato a descalificar la iniciativa, considerando que se estaba ante burdos intentos de coartar la libertad de expresión. Según la periodista Pilar Rahola, “estos Nodios no nacen para proteger la verdad sino para crear una policía del pensamiento”. Por su parte Pablo Casado, el líder del Partido Popular, escribió en las redes sociales que “Pedro Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación. Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad”.
El PP amenazó con recurrir el plan ante la Comisión Europea: «Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa«. No hubo que esperar mucho tiempo, porque la propia Comisión Europea, a través del portavoz Johannes Bahrke, al día siguiente se encargó de avalar el protocolo del Gobierno español señalando que “el objetivo de la orden ministerial es garantizar la participación de España en el plan de acción de la Unión Europea contra la desinformación”. Bahrke añadió que la orden se limita a “actualizar el sistema nacional ya existente para prevenir, detectar y responder a las campañas de desinformación y establece las estructuras de coordinación”. En su opinión, el protocolo español “provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción de la Unión Europea (UE) contra la Desinformación de 2018”.
Desde 2014, cuando criticó las estrategias de guerra híbrida que Rusia utilizó cuando ocupó la península de Crimea, donde combinó la agresión militar con un bombardeo de informaciones falsas o manipuladas, la UE ha venido adoptando una serie de iniciativas contra las campañas sistemáticas de desinformación. Bruselas creó entonces una unidad destinada expresamente a rebatir las informaciones falsas y aprobó las líneas estratégicas del European Democracy Action Plan, con el «objetivo de atajar la desinformación y reforzar la resiliencia de las sociedades europea». El plan contempla, entre otras cosas, garantizar que los sistemas electorales sean libres y justos; fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel que desempeñan en la sociedad civil. El objetivo del mecanismo europeo es “facilitar que se compartan datos y valoraciones y coordinar la identificación del origen de las campañas de desinformación y la respuesta que se da”. El plan de la Comisión Europea se redobló para neutralizar la propagación de fake news durante las campañas de las elecciones al Parlamento Europeo en 2019 y actualmente para hacer frente a la intoxicación informativa que pretende deslegitimar las medidas adoptadas para atajar a la pandemia. Por su parte, en el mes de junio de 2020, el Parlamento Europeo aprobó la creación de una comisión sobre «interferencias extranjeras en los procesos democráticos en la UE, incluida la desinformación», con el propósito de «evaluar las investigaciones que apuntan a la vulneración de la legislación electoral y a las operaciones auspiciadas desde el extranjero para debilitar la democracia europea». «El objetivo es identificar potenciales medidas en el ámbito de las redes sociales, una estrategia coordinada frente a las amenazas híbridas y contrarrestar las campañas de comunicación que desde terceros países buscan socavar la UE»,
La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, ha sido la encargada de defender las medidas adoptadas, alegando que no tienen “absolutamente nada que ver con la libertad de prensa, ideológica y de expresión” y acusando a la derecha de falsear la verdad. «Hemos visto a grandes cadenas de televisión retirar en directo una información que consideraban que no era real para su población (en referencia a la interrupción de la emisión de la rueda de prensa de Trump en la que denunciaba un supuesto fraude electoral). Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional”, añadió Calvo.
Desde la izquierda española se han lanzado críticas contra los medios y asociaciones de prensa que se apresuraron a cuestionar la iniciativa contra la desinformación. Para el periodista Antonio Maestre, “las reacciones encendidas por parte de muchos medios de comunicación, las asociaciones de prensa y algunos periodistas estrella expresan que quieren tener en exclusividad el método de censura y represión que aplican por contar la verdad que no conviene para sus intereses políticos”. Por su parte, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una entrevista periodística ha declarado que “la mayor amenaza para nuestros sistemas democráticos es la ultraderecha golpista y el comportamiento de determinados poderes mediáticos que desprecian la verdad”. Cuestionando a los medios del establishment ha afirmado que “tienen una línea editorial que está determinada por la estructura de propiedad que hay detrás, pero hasta hace un tiempo había una pretensión de verosimilitud, de cierta deontología; hoy en día, los poderes mediáticos que trabajan junto a la ultraderecha asumen que es legítimo mentir”.
En el debate que se ha abierto sobre el problema de la desinformación causada por las fake news es necesario distinguir dos fenómenos que guardan estrecha relación, pero que deben ser abordados de distinta manera. Por un lado tenemos el lenguaje y los bulos que los participantes individuales utilizan en las redes sociales y que es una de las causas que han contribuido al fenómeno de la creciente polarización en las sociedades democráticas occidentales. Es evidente que en la formación de las grietas políticas operan causas estructurales, como la insatisfacción social generada por la deslocalización de empresas en el marco de la globalización y la creciente desigualdad social. Pero sería necio negar la contribución de las redes a crispar el enfrentamiento político. En tiempos pasados, la presencia de los partidos políticos y el juego parlamentario contribuyeron a suavizar las diferencias que básicamente se expresaban a través de la retórica florida de los dirigentes políticos. Pero las redes han acabado con los eufemismos, y utilizan un lenguaje cortante y áspero que contribuye a la demonización del adversario político convertido en un ser despreciable y malvado. El anonimato de los comentarios a las notas de opinión, mediante el uso de nicknames, ampara estos desbordes emocionales. Por otra parte, los clivajes ideológicos contribuyen a dar crédito a las teorías conspirativas y a las noticias que desacreditan a los “enemigos”. El fenómeno de los juicios paralelos se ha convertido en una poderosa arma de deslegitimación del adversario político y las condenas anticipadas, sin dar lugar al derecho de defensa, operan como linchamientos mediáticos. Los medios tradicionales se han contagiado de ese clima y paulatinamente, tal vez sin percibirlo, han ido perdiendo su anterior desvelo por cubrirse con una cierta pátina de imparcialidad. Este fenómeno ha venido para quedarse y es muy difícil imaginar modos de evitarlo. Sin embargo es posible pensar, siendo optimistas, que estamos ante algo pasajero y que, como aconteció con la pornografía y el “destape”, las sociedades se cansen de masticar basura y finalmente el buen periodismo desplace al malo.
Un fenómeno diferente, que tiene otra dimensión, es el de la producción programada a gran escala de fake news a través de las granjas de bots (robots) con el propósito deliberado de desprestigiar al rival político, alterar el resultado de una elección o incluso edulcorar agresiones bélicas. Las recientes elecciones norteamericanas han dado cuenta de algunas de las campañas de desinformación que ahora son posibles por la reunión espectacular de perfiles personales conseguidos a través de Facebook o Google, lo que permite segmentar las audiencias para hacer viable la publicidad dirigida. Una de estas campañas, por ejemplo, fue destinada a la población de color, tratando de propiciar la abstención, sembrando subliminalmente el escepticismo con argumentaciones sobre la inutilidad de la participación electoral. En otra, también dirigida a potenciales votantes del Partido Demócrata, se recomendaba acudir a votar cuando hubiera menos colas, es decir ¡al día siguiente de la cita electoral! Estas estrategias organizadas de desinformación no pueden ser admitidas y su uso debiera ser tipificado como delito electoral en las leyes penales, sus autores perseguidos y las redes desmanteladas de inmediato antes de que ocasionen mayor daño. Deberían prohibirse también las actividades de propaganda electoral basadas en la elaboración de perfiles electorales en redes sociales cuando sus destinatarios no sean informados sobre su finalidad, identidad del responsable o la entidad contratada para su realización y los criterios de selección. La democracia tiene que protegerse de estas nuevas estrategias que pretenden desvirtuar los resultados que arrojan las urnas y es legítimo que los Gobiernos no permanezcan impasibles ante semejante intentos de estafa electoral.
La libertad de expresión es una conquista invalorable de la sociedad democrática y debe ser preservada con el mayor cuidado. Pero sería demasiado ingenuo –o cínico- invocar la libertad de expresión para proteger a las bandas organizadas que pretenden saquear la credibilidad en las instituciones y en la política. En una democracia no existen libertades ilimitadas. Nuestros conspicuos liberales deberían recordar que como ya lo proclamara Kant en el siglo XVIII, sólo la mutua e igual limitación por parte del Estado de las diversas libertades de cada individuo garantiza un grado igual de libertad para todos.
Esta nota apareció publicada en el portal on line «El cohete a la Luna«.
