Pornografía mediática

Aleardo Laría.

La absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa Oil Combustibles, ha provocado indisimulada indignación en los medios del establishment. El Tribunal  Federal Oral N° 3 ha dado a publicidad el veredicto, pero los fundamentos del fallo recién se conocerán dentro de tres meses, de modo que resulta muy precipitado hacer una valoración jurídica o política de la decisión sin tener a la vista los argumentos utilizados por los jueces para alcanzar esta solución. Esta circunstancia no ha sido un impedimento para que Joaquín Morales Solá afirmara en La Nación que “después de tantas certezas en este juicio, algunos jueces con los ojos vendados bascularon otra vez entre la obscenidad y la pornografía cuando les tocó decidir”. Añade que los dos jueces que se han pronunciado por la absolución podrían haber cometido un delito de prevaricato. En realidad lo verdaderamente pornográfico del asunto es la arrogancia de unos medios que no trepidan en desatar una campaña de acoso y derribo contra los jueces que no se pliegan a su peculiar y sesgada manera de analizar los hechos. Si hay algo inequívocamente pornográfico en este asunto ha sido la feroz campaña política y mediática que se lanzó contra los integrantes de la Cámara Federal que en el año 2018 revocaron la prisión preventiva dispuesta contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. No se puede ignorar que debido a esa decisión injusta han estado en prisión durante casi dos años por la comisión de un supuesto delito que ahora se comprueba no habían cometido. No puede haber nada más obsceno y pornográfico en una democracia que por motivaciones políticas se mantenga injustamente en prisión a dos ciudadanos y que tamaña aberración sea saludada desde una tribuna periodística que alienta ese tipo de comportamientos.  

Los antecedentes del caso

La absolución de los empresarios del Grupo Indalo tiene repercusiones políticas porque deja en evidencia las consecuencias siniestras que en la vida y libertad de dos ciudadanos han tenido las actuaciones arbitrarias del juez Julián Ercolini. Como se recordará, el 13 de marzo de 2016, con la firma de Hugo Alconada Mon, se publicó una nota en La Nación en virtud de la cual se acusaba a la empresa insignia del Grupo Indalo, Oil Combustibles, de haber cometido una evasión impositiva de 8.000 millones de pesos. A continuación la ex diputada Elisa Carrió  presentó un escrito en el juzgado de Julián Ercolini, acompañada del recorte periodístico, sosteniendo que lo publicado formaba parte de la asociación ilícita conformada por Néstor y Cristina Kirchner que ella había denunciado ocho años antes en el 2008 y que dormía plácidamente en los cajones del escritorio de Ercolini. Solícito, Ercolini abrió la investigación sin enviarla a sorteo, y al año siguiente, en diciembre de 2017, de forma sorpresiva, dispuso la prisión preventiva de López y De Sousa con el argumento que habían tratado de eludir una medida de inhibición de bienes dispuesta por el juzgado. En realidad lo único que los empresarios habían hecho era solicitar al juzgado una autorización para vender una empresa del grupo y afrontar los problemas financieros que el grupo atravesaba, de modo que la imputación era inequívocamente arbitraria. Así lo consideró la Cámara Federal que con los votos de los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah -y la disidencia del ascendido irregularmente Leopoldo Bruglia- resolvió dejar en libertad a Cristóbal López y Fabián De Sousa por considerar que su libertad no ponía en riesgo la investigación.  La prensa del establishment desató una campaña mediática contra los camaristas y al poco tiempo la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto favorable de Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, y la disidencia de Ana M. Figueroa revocó el fallo de la Cámara Federal en una decisión muy controvertida dado que según el art. 457 del Código Procesal de la Nación no corresponde admitir un recurso contra decisiones que no son equiparables a las definitivas.

De modo que a diferencia de lo que opina Hugo Alconada Mon, que considera que “la Justicia desechó la existencia de un lawfare en perjuicio de Echegaray, López o De Sousa” la absolución de los empresarios  prueba justamente todo lo contrario. Es cierto también que la condena a Ricardo Etchegaray señala la existencia de un presunto delito de defraudación a la administración pública por parte del ex funcionario. Pero la famosa nota titulada  “Cristóbal López financió su compra de Petrobras con impuestos impagos”, presentado el hecho como un delito de evasión tributaria, no parece haber quedado confirmada. Según la información del periodista Hernán Cappiello, que parece tener línea directa con al menos uno de los jueces del TOF dado que La Nación informó la absolución de los empresarios el día anterior al veredicto, la condena a Echegaray se basa en que como administrador de la AFIP tenía la máxima atribución jurídica para aplicar los planes especiales y planes generales que favorecían a los contribuyentes y que en ejercicio de esas funciones habría implementado un mecanismo global y generalizado que se habría traducido en graves perjuicios para el fisco. Si este fuera el argumento, podríamos estar nuevamente ante la judicialización de decisiones políticas, porque como es conocido entre los criterios consolidados de la Corte Suprema, “no incumbe a los tribunales el examen de la oportunidad, conveniencia, acierto o eficacia del criterio adoptado por los poderes legislativos y ejecutivos en el ámbito de sus propias atribuciones”.

En lo que se refiere a la figura penal aplicable, al parecer los jueces que se han inclinado por la absolución consideran que la falta de pago de un impuesto podrá dar lugar eventualmente a un delito de evasión tributaria, pero nunca podría encajar en la figura de administración fraudulenta en contra de la administración pública porque quien no paga impuestos no malversa caudales públicos dado que no los sustrae al Estado porque nunca ingresaron en las arcas públicas. Este tema había dado lugar a la furia periodística cuando la Cámara Federal, integrada por Ballesteros y Farah, cambió la calificación del delito por el que se investigaba a Cristóbal López y su socio considerando que se estaba ante un delito de evasión tributaria y no ante un delito de administración fraudulenta. Ricardo Gil Lavedra, que entonces oficiaba de abogado  de la AFIP especialmente contratado para llevar la acusación en este caso, sostuvo que el fallo de la Cámara era un retroceso en la causa porque «se trata de una arquitectura que se pergeñó desde AFIP para que Cristóbal López, a través de Oil (Combustibles), no pagara nunca en planes generales o particulares, cuando estos lo alcanzaban, para no ingresar nunca el impuesto”. Como la medida favoreció a 1649 contribuyentes, si se quería trasladar la responsabilidad a los empresarios habría que haber acreditado el tratamiento diferencial, que es justamente lo que aparentemente la mayoría del TOF2 considera que no se ha probado.

Otra repercusión del caso

La decisión adoptada por el TOF N°2 tiene también repercusión en la causa Hotesur-Los Sauces en la que los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del TOF N° 5, dispusieron la absolución de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por un supuesto delito de lavado de dinero. Según la acusación fiscal, los alquileres pagados por Báez y López eran una forma de lavar fondos que provenían de operaciones ilícitas que se estaban investigando en el caso Oil Combustibles y en el caso de la Obra Pública de la provincia de Santa Cruz. Para que se configure el delito autónomo de lavado de dinero hace falta que se acredite la existencia de un delito precedente. Si se  supone que la operación de lavado engloba una coima y esta se investiga en otra causa, parece difícil avanzar en el juzgamiento del lavado sin haber dilucidado la cuestión precedente. De modo que frente a la inexistencia del delito precedente –al menos en lo que se refiere a los alquileres abonados por el Grupo Indalo- la acusación fiscal en Hotesur-Los Sauces queda desvalida de sustento. Si eventualmente otro tanto aconteciera con la causa de la Obra Pública en Santa Cruz –lo que no es nada improbable dada las pruebas recabadas en este tiempo- la causa Hotesur-Los Sauces se derrumbaría definitivamente. Circunstancias que habilitan pensar que la admisión del lavado como delito autónomo, sin que se haya acreditado definitivamente la existencia de un delito precedente, entraña un error en el diseño del tipo penal.

La exasperación de la derecha mediática

Esta cadena de absoluciones producidas en un corto período de tiempo tiene sumamente exasperada a la derecha mediática que en juicios paralelos se había arriesgado a declarar la culpabilidad de los acusados. La Corte Suprema, en el caso Stancanelli había advertido ya los riesgos de que se adelantaran opiniones sin esperar la conclusión de los juicios. Señalaba la Corte que “resulta necesario llamar a la reflexión a los señores jueces y fiscales de las instancias inferiores intervinientes en causas de significativa repercusión sobre la necesidad, frente a una opinión pública –sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación- particularmente sensible ante hechos, reales o supuestos, de corrupción administrativa, de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos imputados a funcionarios o ex funcionarios. Pues resulta irreparable el daño producido por la ligereza en la apreciación de tales hechos al crear expectativas públicas de punición que, en caso de quedar luego desvirtuadas, alimentan sospechas o interpretaciones retorcidas o aún malévolas sobre la intención de los órganos judiciales que en definitiva hacen respetar el ordenamiento jurídico. Nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento. Demasiados problemas han ocasionado a la república las represiones ilegales del pasado para que ahora se intente la represión de los delitos contra la administración o que perjudiquen al erario público por caminos aparentemente revestidos de legalidad pero en definitiva ilegales…No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción administrativa sino de aplicar rigurosamente el ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho a aquellos que lo violan”.  Las manifestaciones de la Corte han sido premonitorias y se describen acertadamente el espectáculo mediático que ahora presenciamos. Como señala el proverbio popular, de aquellos polvos vienen estos lodos. 

(Nota publicada en el portal online El Cohete a la Luna)

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