El espionaje político

Aleardo Laría.

En España, en estos días, se está llevando a cabo una investigación judicial sobre espionaje político ilegal similar a la que entretiene en Argentina al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Existen similitudes y diferencias que conviene analizar para conocer cuál es el estado del Poder Judicial en Argentina. Según reconoció el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial, se debe “superar la crisis de legitimidad de la Justicia” en obvia referencia a la desconfianza de los argentinos por las decisiones que adoptan algunos jueces. A diferencia de España, en nuestro país hay demasiados jueces que por ideología, por conveniencias personales, o por temor, actúan al dictado del gobierno de turno.

Las investigaciones de la justicia española han permitido comprobar la existencia de una denominada “policía patriótica” que operaba en el ámbito del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, durante la presidencia de Mariano Rajoy. Este reducido grupo de policías intentó en el año 2014 llevar a cabo una labor dirigida a desacreditar al recién formado partido Podemos liderado por Pablo Iglesias. Manipulando declaraciones testificales de personas que afirmaban tener información sensible, trataban de influir sobre fiscales y jueces para vincular la financiación de Podemos con el narcotráfico, el grupo libanés Hezbolá o señalar al ex presidente de Venezuela Hugo Chávez como el promotor de la nueva formación política.

El primer intento de abrir una investigación judicial se produjo al acercar documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El fiscal que dirigía esa unidad pidió que fuera una unidad de la policía judicial la que presentara esa documentación para darle carácter oficial y luego se negó a abrir diligencia de investigación por la escasa credibilidad que tenían esos testimonios. Ante ese fracaso, la “brigada patriótica” consiguió el concurso de un sindicato policial que presentó una querella contra Pablo Iglesias ante el Tribunal Supremo por financiación ilegal de su partido. Los policías intentaron contactar con los jueces para convencerles de la importancia de su denuncia pero no solo no fueron atendidos sino que la querella fue rechazada ab initio por falta de pruebas. Actualmente, la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción investigan a los autores y responsables de esa labor de espionaje parapolicial.

Analicemos ahora lo que acontece en Argentina, a través de algunos pocos casos que poco a poco van saliendo a la luz. El juez Luis Carzoglio ha declarado que recibió en su despacho la visita de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stefano y Fernando Di Pascuale, quienes le manifestaron al juez que el presidente Macri estaba interesado en que se dictara la prisión preventiva de Hugo y Pablo Moyano en una causa por asociación ilícita en el Club Independiente, a cargo del citado magistrado. El juez de garantías rechazó en octubre pasado el pedido de detención de los sindicalistas y como represalia, en enero, el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense dispuso el apartamiento preventivo por 90 días del juez. La medida fue adoptada utilizando como pretexto tres antiguas denuncias por mal desempeño en sus funciones, pero todo el mundo sabe cual es el verdadero motivo de la suspensión.

No ha sido muy diferente el escándalo que se suscitó hace un año a raíz de la decisión de la Cámara Federal de otorgar la libertad provisional al empresario Cristóbal López. Una decisión garantista, basada en la aplicación razonada del Derecho, dio lugar a una cruzada mediática y a la acusación no probada de supuestos sobornos. Las presiones y amenazas fueron tantas que llevaron a la desintegración del tribunal mediante el pedido de traslado voluntario del juez Eduardo Farah y la jubilación forzosa del juez Jorge Ballesteros.

El uso de información suministrada por la red de espionaje ilegal que investiga Ramos Padilla ha sido utilizada al menos en dos procedimientos criminales para urdir pruebas incriminatorias, con la aparente complicidad de jueces y fiscales. Ahora se está investigando la participación del falso abogado Marcelo D’Alessio en la reapertura de la denominada causa del “gas licuado” que está a cargo del  juez Carlos Bonadío y su fiel escudero, el fiscal Carlos Stornelli. La Cámara había revocado la prisión preventiva de Julio de Vido y Roberto Baratta porque la decisión del juez de incriminarlos se basaba en un informe pericial que se demostró absolutamente falso. Gracias al testimonio posterior que prestó en esa causa Marcelo D’Alessio, el juez Bonadío dispuso la reapertura del caso y volvió a dictar la prisión preventiva de los ex funcionarios kirchneristas procesados, ampliando de paso la imputación contra Cristina Fernández de Kirchner.

Otra causa en la que prima facie se utilizaron los testimonios del valijero Leonardo Fariñas para implicar injustificadamente a la ex presidenta CFK ha sido la que tiene en prisión preventiva a Lázaro Báez desde hace más de tres años. Según Giselle Robles, ex abogada de Fariñas, el periodista Luis Majul concertó una reunión de Fariñas y su abogada con el ministro de Justicia Germán Garavano. Robles habría presentado al juez Ramos Padilla los mails que recibía Fariña en los primeros meses del 2016, -antes de declarar como testigo protegido en la causa conocida como la ruta del dinero K- que luego reprodujo textualmente en su declaración ante la justicia. Robles sostiene que los mails venían de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde le dieron “lineamientos” a Fariñas para ampliar la declaración brindando nuevos nombres y cargos de funcionarios para poder llegar a acusar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las diferencias entre la actitud de jueces y fiscales españoles y la notoria complicidad de jueces y fiscales argentinos con los pedidos que formula el gobierno a través de la AFI, son evidentes. El problema reside en la falta de autonomía intelectual y política de jueces y fiscales que admiten pasivamente las presiones del Poder Ejecutivo. Si esas intervenciones se producen para obtener ascensos u otras prebendas, son también una forma de corrupción.
En las democracias modernas, la exigencia de autonomía funcional no es solo un principio constitucional que protege al Poder Judicial sino que se amplía paulatinamente y alcanza a otras agencias que operan incluso en la esfera de influencia del Poder Ejecutivo. Esto explica, por ejemplo, que la Fiscalía Anticorrupción lleve a cabo con éxito la investigación por corrupción contra el yerno del Rey de España; o que la policía israelí investigue los presuntos actos de corrupción del Primer Ministro Benjamín Netanyahu; o que los fiscales norteamericanos investiguen si el presidente de EEUU Donald Trump utilizó los servicios rusos para beneficiarse electoralmente.

La independencia del Poder Judicial es crucial en una democracia. Si el Poder Judicial no cumple con su labor, que consiste básicamente en aplicar la ley con objetividad e imparcialidad, los ciudadanos quedan indefensos frente a cualquier abuso del poder. Cuando los jueces tienen a su cargo la investigación de causas que afectan a determinados partidos políticos deben ser aún más escrupulosos porque su labor va a ser inevitablemente objeto de severo escrutinio. Si utilizan elementos probatorios suministrados por los servicios de espionaje, su labor queda absolutamente deslegitimada. En España, ha sido justamente el celo de los jueces en la defensa de su independencia la que ha permitido neutralizar los intentos de socavar el correcto juego institucional. Las instituciones que ponen límites al ejercicio del poder, como la Justicia, son las que resguardan la distribución pluralista del poder político. Son la base del Estado de Derecho, y si ceden frente a los intentos de ponerlo al servicio de un subconjunto, el resultado es la eutanasia de la democracia.

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