Aleardo Laría.
Los ciudadanos que se sienten ideológicamente identificados con las posiciones de centro izquierda no pueden ver menos que con agrado las medidas progresistas que en materia de derechos humanos está aplicando el gobierno de Alberto Fernández. En realidad, son los criterios que imperan en los países europeos, -los más avanzados en materia de respeto a los derechos humanos-, unos estándares que se perdieron durante la presidencia de Mauricio Macri cuando se impusieron las coordenadas ideológicas de extrema derecha de la ministra Patricia Bullrich. Este retorno a la cultura que impera en las democracias más avanzadas, debe ser apuntado como un éxito incuestionable del flamante gobierno.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ha dispuesto la derogación del reglamento para el empleo de las armas de fuego dictado por la ministra Bullrich que permitía el uso de armas letales sin necesidad de dar la voz de alto y sin que se registrase agresión directa previa. En un país donde impera la cultura del “gatillo fácil”, el reglamento de la Bullrich era una invitación a continuar transitando una senda que ha privado de la vida a centenares de jóvenes delincuentes, a los que en la práctica se les aplicaba una pena de muerte en el acto, sin juicio previo, por delitos menores. En la resolución firmada por Frederic se afirma que en la base conceptual del reglamento derogado subyacía una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa que excedía los límites impuestos por la ONU para el uso de armas letales por el personal de las fuerzas de seguridad.
También se ha derogado el reglamento para el uso de armas electrónicas no letales, -las popularmente conocidas pistolas Taser implantadas por la ministra Bullrich- por considerarlo impreciso al no establecer criterio alguno para el uso de tales armas. Al mismo tiempo se han derogado dos programas promocionados por Bullrich:, el servicio cívico voluntario y el plan “ofensores en trenes”. En este último caso se argumenta que la exhibición obligatoria del DNI del programa “criminalizaba a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados en abierta contradicción con los estándares internacionales de Derechos Humanos”.
En relación con el caso Santiago Maldonado, la ministra ha manifestado que si bien la investigación está subjudice, el Gobierno revisará la actuación de Gendarmería dado que las decisiones que se tomaron durante el procedimiento fueron desacertadas y exceden los protocolos. Frederic manifestó que el Ministerio a su cargo va a colaborar con la investigación judicial y que hará una revisión de las responsabilidades en toda la cadena de mando que participó del operativo que culminó con la muerte de Maldonado y también en la del joven Rafael Nahuel. “Estos tipos de episodios no suelen tener consecuencias disciplinarias ni operativas, y tienen que ser una fuente de aprendizaje hacia dentro de la fuerza y hacia la sociedad», afirmó.
Otra decisión de enorme calado ha sido la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Debe, en primer lugar, celebrarse que esa responsabilidad haya recaído en la persona de Cristina Caamaño, una fiscal de prestigiosa trayectoria, y que no es elegida por su amistad con el presidente, como aconteció con la designación de Gustavo Arribas, el amigo de Macri. Esta, tal vez sea, la forma más directa de hacer realidad el compromiso de Alberto Fernández, expuesto en su discurso de asunción, cuando manifestó que “nunca más una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”. Frente al uso que hizo Macri de los servicios secretos para influir, presionar y mediatizar las resoluciones de los jueces federales -en una muestra de absoluto desprecio por los valores democráticos- parece indudable la voluntad política de Alberto Fernández de acabar con esas prácticas anti republicanas cometidas por los proclamados defensores de la República.
La izquierda progresista debe erigirse en la máxima defensora de los derechos humanos y del Estado de Derecho en tiempos en que la derecha conservadora utiliza los servicios secretos y las cloacas de la democracia para acabar con los gobiernos populares. En esta lucha por el sentido común, es necesario reforzar los mecanismos democráticos y hacer cada vez más transparente la labor del Gobierno para que sea el pueblo soberano quien pueda realizar la labor de control democrático que le compete.
Como señalan los profesores norteamericanos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en el ensayo publicado bajo el título “Como mueren las democracias”, en la actualidad las democracias no terminan con un golpe militar sino mediante el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales. “Los nuevos autócratas electos subvierten la democracia llenando de personas afines las instituciones del Estado y otros organismos neutrales; reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra del adversario; o instrumentalizando a los tribunales de justicia”. El gobierno de Mauricio Macri no ha dudado un momento en utilizar todos estos recursos para conservar el poder, aunque finalmente sus esfuerzos resultaron vanos. Es necesario tomar debida nota de esos desvaríos del poder para erradicarlos definitivamente de nuestra azarosa cultura política democrática.
