La guerra jurídica en el Cono Sur

Aleardo Laría.

Sorprende la similitud que registran las estrategias de “guerra jurídica” desplegadas en Brasil y Argentina. Esta semejanza se convierte en un argumento muy potente contra los medios del establishment que vienen practicando un cerrado negacionismo.

            Una mayoría garantista de la Corte Suprema de Justicia de Brasil acaba de autorizar, a petición de la defensa del expresidente Lula da Silva, la difusión de las conversaciones mantenidas entre el juez de la causa del Lava Jato,  Sergio Moro y el fiscal de la causa, Delta Dallagnol. En opinión del diario “El País”, los nuevos textos conocidos podrían “llegar a anular los juicios contra Lula en Brasil” y corroboran los mensajes que habían sido revelados parcialmente por el medio digital The Intercept Brasil en junio de 2019, bajo la denominación Vaza Jato, una expresión que podría traducirse como las filtraciones del Lava Jato.  En estas 50 páginas de mensajes que se han conocido ahora se verifica que el juez Moro -que legalmente estaba obligado a adoptar una actitud de imparcialidad en una investigación impulsada por los fiscales- sugiere una serie de iniciativas colaborando en la investigación. El fiscal Dallagnol les informa a sus subordinados que “el material que nos ha pasado Moro es genial. Si es cierto, es una pala de cal para el “9” y se merece una medalla”. El “9” es la forma despectiva que utilizaban los fiscales para referirse a Lula que había perdido un dedo en un accidente de trabajo.

            En otros mensajes el juez Moro pide reuniones reservadas con algunos miembros del equipo de investigación y les da consejos sobre el mejor modo de comunicarse con la prensa. Por consiguiente los mensajes dejan al descubierto una trama de complicidad entre el juez del caso  y  unos fiscales que buscaban afanosamente pruebas para tratar de impedir la presentación de Lula a una nueva elección. De hecho, esas pruebas sirvieron para sustentar la condena a Lula que le impidió presentarse a las elecciones de 2018, por aplicación de lo dispuesto en la Ley Ficha Limpia que no permitía presentarse a cargos públicos electivos a quienes habían sido condenados por algún delito. Las conversaciones entre los fiscales fueron  obtenidas tras una operación policial que desbarató una red de hackers que habían entrado en los móviles de los fiscales  y en los archivos de mensajes intercambiados con la aplicación Telegram. El juez Moro se ha amparado en que el acceso a esos materiales ha sido efectuado de modo ilegal para negarles valor probatorio. No obstante, si bien pueden surgir dudas de  que pruebas obtenidas por estos medios pudieran ser empleadas para sustentar una acusación penal, nada impide que puedan ser utilizados como medios de la defensa para acreditar notorias irregularidades procesales.

            A la vista de las nuevas evidencias que echan luz sobre el modo en que se dirigió la investigación contra Lula da Silva, es posible hacer ahora un relevamiento de las notables coincidencias con los procesamientos incoados en Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández. Un balance somero de estas semejanzas arrojaría el siguiente resultado:

1) En ambos países la “guerra judicial” fue utilizada por jueces que abandonando el rol de imparcialidad que les viene impuesto por mandato legal, se dedicaron a reunir pruebas en abierta coordinación con los fiscales, vulnerando principios básicos que se derivan del ejercicio de la magistratura. Tanto el juez Moro en Brasil como el juez Bonadío en Argentina, abandonaron el rol de terceros imparciales para convertirse en inquisidores dispuestos a violentar las normas del proceso para alcanzar sus fines políticos. Sería largo enumerar la cadena interminable de vulneraciones del derecho de defensa cometidas por Bonadío en ocho procesos que llegaron a su juzgado de modo irregular. El último de todos, la “causa de los cuadernos”, se le asignó por la colaboración de un periodista y de un fiscal que siguieron un itinerario que tiene toda la pinta de haber sido diseñado desde la AFI.

2) En ambos países el lawfare ha consistido en el aprovechamiento de casos reales de corrupción para involucrar de un modo forzado a los ex presidentes. En Brasil, las pruebas de una extensa red de corrupción urdida por el Grupo Odebrecht son incuestionables y han dado lugar a justificadas condenas de políticos y empresarios corruptos. En Argentina, las propiedades y bienes incautados a familiares de Daniel Muñoz en Estados Unidos, son evidencias de que en Argentina también existió una red de corrupción vinculada a la adjudicación de la obra pública. Pero en los procesos penales, además de develar la red, hay que probar la participación singular de cada uno de los acusados. En el periodismo norteamericano se ha popularizado la expresión “pistola humeante” (smoking gun) para referirse a aquella prueba concluyente que permite resolver un caso más allá de toda duda. En los delitos de cohecho la prueba de cargo más relevante,  es sin duda la tenencia de bienes o dinero cuyo origen no puede justificarse. En el caso de José López,  smoking gun son los bolsos conteniendo dinero arrojados tras los muros de un convento. De allí la importancia que tiene en este tipo de investigaciones seguir la trazabilidad del dinero y determinar el destino final de esos fondos. Ninguna investigación está terminada si no se alcanza ese resultado.

            En el caso del Lava Jato, frente a las decenas de millones de dólares que aparecieron en cuentas de políticos y ex presidentes de otros países como Perú, a Lula solo se le pudo adjudicar  -sin pruebas directas y solo por inferencias- la supuesta posesión de un “lujoso triplex de 250 metros” en un edificio de departamentos en la playa de Guarujá. La acusación se basaba en la declaración de un directivo de la empresa OAS que gracias a su delación premiada logró rebajar su condena de ocho a cinco años de prisión. Lo cierto es que no se encontró ningún documento que probara que Lula fuera el propietario del tríplex en el cual nunca había residido y del que tampoco tenía las llaves. Solo se probó que la esposa de Lula, fallecida en 2017, había entregado en el 2005 un anticipo de 50.000 dólares por otro departamento del mismo edificio, que solo tenía 85 metros,  y que esa operación quedó en stand by por los problemas financieros de la cooperativa Bancoop que promovía el proyecto. En el año 2019 un juez  civil condenó a la promotora OAS, sucesora de Bancoop, a que devolviera a Lula el dinero que había abonado su esposa, lo que en opinión de los abogados de Lula demuestra que el ex presidente “nunca recibió ninguna ventaja indebida de OAS”. En las conversaciones que ahora se conocen entre los fiscales del caso, es el propio  fiscal general Delta Dallagnol quien duda de la consistencia de las pruebas indiciarias que sirvieron para condenar a Lula. 

            Si ahora cambiamos de escenario y nos situamos en Argentina, comprobaremos que también las causas que afectan a Cristina están teñidas de similares inconsistencias. Naturalmente, en un Estado de derecho la culpabilidad o inocencia tiene que establecerse a través de un juicio celebrado con todas las garantías de la ley. Pero eso no impide adelantar una opinión jurídica basada en una valoración de las bases argumentales que sustentan las acusaciones. Por ejemplo, no hace falta conocer las pruebas para comprobar que procesos como el incoado a raíz de la denuncia de Nisman por la firma del Memorándum con Irán o la causa del Banco Central son imputaciones forzadas a partir de actos de gobierno, que son decisiones políticas que escapan al control de los jueces. La causa vinculada a la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz, considerando que se trata de decisiones presupuestarias aprobadas por el Congreso, parece difícil que pueda dar lugar a un reproche penal de la ex presidenta. En la causa de los cuadernos, la más espectacular de todas, el juez Bonadío ha reconocido en la resolución de elevación de la causa a juicio de que no existen pruebas de la recepción de dinero por parte de CFK –no hay smoking gun- y que la base de su acusación descansa en la subjetiva inferencia de que la ex presidenta “no podía ignorar” la existencia del tráfico que aparentemente tuvo lugar (y cuya dimensión real todavía se desconoce porque solo se basa en anotaciones de un cuaderno). En definitiva, a pesar de los centenares de páginas que la prensa ha dedicado a estos casos, la impresión que se tiene es que solo la politización de la justicia puede explicar que estas causas hayan avanzado hasta la etapa de juicio oral.

3) En ambos países las investigaciones se basaron fundamentalmente en pruebas obtenidas mediante la aplicación de las nuevas leyes de delación premiada, combinada con el uso abusivo de la prisión preventiva. La arbitrariedad en el uso conjunto de ambas leyes ha sido tan manifiesta, que es fácil predecir que estamos ante nulidades insalvables que no podrán superar una prueba de control de legalidad efectuada por un tribunal imparcial. Como ha señalado la camarista Ana Figueroa, en un fallo donde se abordó el tema, “tanto la amenaza de prisión preventiva inmediata para aquel imputado que llega en libertad a declarar, o bien la continuidad de la detención cautelar para aquel que ya se encuentra detenido preventivamente, operando como “incentivo” para acogerse a la figura del arrepentido -y en tales condiciones en última instancia en manos del juzgador- constituye una compulsión moral sobre la voluntad del imputado, una coerción inaceptable, que se encuentra reñida con la vigencia de las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación, presunción de inocencia y la ética que nunca debe abandonar el Estado de Derecho”.

4) En ambos países los servicios de información del Estado se utilizaron profusamente  para obtener pruebas, espiar opositores e interceptar las comunicaciones entre los abogados y los políticos imputados. En el caso de Lula está probado que los fiscales del caso recibían periódica información de los agentes de la policía federal que estaban a cargo de las interceptación de las comunicaciones entre Lula y sus abogados lo que les permitía diseñar planes y buscar pruebas para neutralizar las estrategias de la defensa. En Argentina, con infantiles pretextos, jueces federales autorizaron la interceptación de las comunicaciones entre Cristina y su secretario privado. Por otra parte, en las investigaciones que se llevan actualmente en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora se ha podido establecer la interceptación de las comunicaciones entre ex funcionarios detenidos y sus abogados, aunque el sistema de escuchas ha sido más amplio. Según lo señala el juez federal Juan Pablo Auge en una resolución “se utilizó la estructura de la AFI para practicar espionaje  político de un gran y variado número de personas, algunos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.

5) En ambos países las investigaciones fueron acompañadas por un coro mediático que hacía una selección interesada de las pruebas recabadas por los jueces.  En las conversaciones divulgadas por The Intercept Brasil se acredita la relación de los fiscales con la prensa adicta. Estos juicios mediáticos paralelos eran luego aprovechados por los partidos conservadores de derecha para organizar protestas callejeras. En ambos países la prensa también divulgó algunas conversaciones privadas entre los ex presidentes con sus colaboradores políticos con contenidos irrelevantes para la investigación pero que servían para estigmatizarlos públicamente. Lo que demuestra que en ambos países ha existido un “periodismo de cloacas” que bajo la cobertura de investigaciones periodísticas blanqueaba la información obtenida de modo ilegal por los aparatos clandestinos del Estado.

6) En ambos países se verifica también una estrategia de la prensa del establishment dirigida a sustraer a sus lectores las informaciones que dan cuenta del avance de las investigaciones que acreditan la existencia de las manipulaciones en los procesos judiciales del lawfare. También se constata una descalificación permanente de la labor de los jueces que, como Alejo Ramos Padilla, han conseguido develar algunas tramas del espionaje ilegal. Esa labor de atenuar los daños mediante la ocultación de información es una apuesta equivocada, que esos medios pagarán con un elevado costo de desprestigio, porque en el largo plazo resultará imposible encubrir la magnitud de la maniobra.

7) En ambos países la democracia ha sufrido un enorme daño institucional debido al uso del Poder Judicial para alcanzar objetivos políticos subalternos. Esta politización de la Justicia, que se ha producido por la actuación de algunos jueces que se prestaron a ejecutar maniobras urdidas desde el poder político, ha sido la causa principal de la profunda grieta que divide ahora a estas sociedades en espacios irreconciliables.  Por consiguiente, en ambos países las Cortes Supremas afrontan desafíos enormes, que pueden hundir su credibilidad y arrojarlas a un pozo insondable de desprestigio si convalidan estas irregularidades. Debe tenerse en cuenta que al estar detrás de todas estas operaciones las cloacas del Estado, son imprevisibles las evidencias que todavía no han salido a la luz pero que más  pronto o más tarde emergerán. Basta recordar el fracaso de la dictadura militar argentina en el intento de ocultar sus crímenes, para  comprender la envergadura del riesgo que están asumiendo ahora algunos jueces y periodistas.

            La independencia del Poder Judicial es una exigencia institucional que se deriva del principio de división de poderes. Pero la independencia de los jueces debe ser acompañada por su actuación  imparcial, que es una exigencia que compete a la persona del juez. Ambas exigencias deben ser preservadas y así lo vienen exigiendo los tribunales internacionales cuando anulan sentencias por los comportamientos adoptados por los jueces cuando polemizan con un investigado o manifiestan estar convencido de su culpabilidad. De manera que la imparcialidad es una exigencia que debe ser fiscalizada y protegida por las instancias superiores. Ese control no se hizo o fue políticamente ignorado en los casos que afectaron a la ex presidenta Cristina Fernández en Argentina y a Lula en Brasil. Si alguna instancia institucional no corrige esas desviaciones, seguiremos empantanados en un terreno cenagoso de imprevisibles consecuencias políticas e institucionales.

(Esta nota ha salido publicada en El Cohete a la Luna)

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