LAS CRÍTICAS A LA CORTE

Aleardo Laría.

A diferencia de mucha gente que la admira, no guardo por CFK especial devoción. Creo que ha cometido y sigue cometiendo graves errores políticos. El último ha sido la fratricida presión dirigida a provocar la renuncia de un miembro de su Gobierno, el ministro de Economía Martín Guzmán. Una inquina inexplicable hacia una persona que estaba transitando por un complicado y estrecho desfiladero que no ofrecía alternativas, como lo prueba que la sucesora está recorriendo el mismo sendero. Claro, tampoco participo del odio patológico que le dispensan los sectores que en el lenguaje popular han sido calificados de “gorilas”. Pero en relación con la dura acusación que ha vertido contra la Corte Suprema de Justicia creo que es justificada. Como víctima principal del furioso ensañamiento que ha sufrido por parte de jueces conservadores de derecha,  Cristina tiene todo el derecho a defenderse.

En primer lugar, analicemos el contexto. No pueden existir dudas de que el Poder Judicial en Argentina está muy politizado y tan dividido como la sociedad. Esa politización es tan evidente que es posible conocer con anticipación el signo de las resoluciones que algunos jueces adoptarán. El fenómeno de la politización de la Justicia es un problema bastante generalizado en las democracias modernas. No hace falta remitirse a la doctrina del lawfare y basta simplemente señalar la inocultable pérdida de la independencia judicial.  En una reciente nota publicada en el diario El País, la jueza española Natalia Velilla afirma que “es creciente la sensación de progresiva injerencia de intereses políticos y económicos en la justicia. El ejemplo de Estados Unidos y su reciente sentencia derogando la doctrina Roe contra Wade (1973) sobre el aborto solo es una muestra más de la crisis global de muchas de las democracias occidentales en materia de justicia”. Solo cabe añadir que además de los intereses políticos y económicos, es notable la influencia de los poderes mediáticos por la capacidad que tienen para armar juicios paralelos o guardar silencio  frente a los desafueros de los jueces considerados “amigos”. En definitiva, que la grieta que divide a la sociedad política, también se traslada a los medios de prensa y algunos utilizan ese poder mediático para influir en las decisiones judiciales.

Que Cristina Fernández de Kirchner ha sido objeto de persecución por parte de algunos jueces, no cabe duda alguna. Los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadío en las causas denominadas Memorandum y Banco Central,  que han sido tardíamente anuladas por los tribunales de alzada, es la evidencia más clara dado que se pretendía someter a juicio de los tribunales  decisiones políticas. Luego, el resto de causas incoadas por el juez Bonadío, que parecía tener fuero de atracción sobre las causas de CFK, quedan todas bajo el manto de la sospecha, dado el carácter autoritario y desaprensivo de este juez. También la denominada “causa Vialidad” está bajo sospechas dado que el juez instructor ha sido Julián Ercolini, un émulo de Bonadío, que entre otras cosas  ha hecho todo lo posible para retrasar la investigación del suicidio del fiscal Nisman y alentar la tesis de que fue asesinado. La muerte de Nisman se produjo el 18 de enero de 2015, es decir que han transcurrido más de 7 años y medio sin que el caso haya sido aún resuelto, lo que prueba que se lo quiere mantener indefinidamente abierto para no afrontar las consecuencias de la verdad. Este juez es también autor de la peregrina tesis de que los sobornos pagados en Venezuela por Techint, fueron consecuencia de un “estado de necesidad” para evitar daños al personal de la empresa.   Otra medida clamorosamente arbitraria del juez Ercolini fue la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa con el argumento de que habían tenido un «comportamiento hostil» frente a las medidas cautelares dispuestas por el juzgado.

Otra elocuente manifestación de politización de los jueces federales han sido las escandalosas decisiones adoptadas por la Cámara Federal dirigidas a desvincular de los procesos de espionaje a los responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Adoptadas, no por casualidad,  por los jueces que fueron promocionados ilegalmente durante el gobierno de Mauricio Macri.  Es evidente que son muchas otras las decisiones judiciales que podrían ser tildadas de arbitrarias, pero queremos solo ejemplificar con aquellas que no dejan duda alguna bajo la mirada de un observador imparcial. De modo que a las vista de estos antecedentes, ¿cómo poner en duda la politización extrema de los tribunales federales de Comodoro Py y la intencionalidad política de ciertos procesos?

Esta politización de la Justicia es enormemente perjudicial para el funcionamiento de la democracia. Es evidente que los procesos incoados arbitrariamente operan sobre el electorado, que influenciado por los juicios mediáticos paralelos, declaran a los dirigentes políticos culpables antes de esperar el pronunciamiento de un tribunal. De manera que esta colusión entre jueces prevaricadores y medios de comunicación que practican el periodismo de guerra, provocan una verdadera distorsión de los procesos electorales. Cuando las elecciones se ganan con la ayuda de una información distorsionada mediáticamente,  los gobernantes electos pierden legitimidad, como lo muestra el caso de Donald Trump en Estados Unidos. De este modo las sociedades quedan divididas y enfrentadas, y se hace muy difícil obtener un mínimo de consensos que permitan el funcionamiento normal de la democracia.

Ha sido Pierre Rosanvallon (“La legitimidad democrática”, Ed. Paidós) el intelectual que en su obra ha prestado máxima relevancia al fenómeno de la imparcialidad como elemento sustancial para obtener la legitimidad democrática. Parte del presupuesto realista de que el peso de los intereses especiales y de los grupos de presión ha aumentado estructuralmente en las sociedades modernas.  Para limitar su influencia, cada vez más amenazante, sostiene que hay que crear instancias que protejan a la democracia de esas influencias negativas. “La categoría de la imparcialidad no se refiere, a partir de ahora, solo al orden judicial. Se impuso en el orden político como el vector de una aspiración a la formación de un espacio público más argumentado y transparente”. Nadie niega que en una democracia  debe respetarse el inevitable campo de la lucha política confrontativa. Pero al mismo tiempo, hay que abrir el juego a una política de la imparcialidad, lo que se traduce en un doble compromiso. Por un lado, el respeto de las reglas del derecho y la preservación de los principios republicanos. Por el otro, una política de la imparcialidad debe velar por el tratamiento equitativo de todos los individuos, luchando contra todo tipo de discriminaciones.

Es curioso, pero en Argentina aquellos que proclaman la defensa de los  principios republicanos son los que más han contribuido a violarlos. En el pasado, ha sido la dictadura militar la que trató de legitimarse invocando la necesidad de crear un orden nuevo. En la actualidad más reciente, ha sido el gobierno de “Propuesta Republicana” (PRO) el que ha utilizado los servicios de inteligencia del Estado para espiar a los opositores y a los rivales internos y ha llevado a cabo una práctica de apoyarse en jueces amigos para incoar procesos penales contra los opositores.

Este juego perverso ha sido enormemente perjudicial para todos, incluyendo a los grupos económicos más concentrados que han prestado apoyo a ese gobierno. Esto explica que un fenómeno tan dañino como la inflación no pueda ser abordado seriamente porque no existen condiciones políticas que permitan una suerte de Pacto de la Moncloa, para ordenar la macroeconomía. De modo que la inexistencia de condiciones mínimas para encarar políticas de Estado a largo plazo, explica el fenómeno de deterioro creciente de todos los indicadores, sin negar la influencia de factores naturales, como la pandemia, o externos como la guerra en Ucrania. Como señala Rosanvallon, la democracia debe dar vida a dos procesos paralelos: por un lado debe habilitar la posibilidad que a través de elecciones, los ciudadanos puedan optar entre personas y programas fuertemente diferenciados. Por el otro, debe facilitarse la presencia de instituciones o instancias reflexivas e imparciales que procuren alcanzar el interés general. Son dos esferas tan necesarias del acontecer democrático que cuando falta la segunda, la democracia tambalea, como lo prueba la sensación que experimentan tantos ciudadanos de que seguimos danzando en la cubierta del Titanic.    

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