Aleardo Laría.
La reforma judicial que el presidente Alberto Fernández se propone llevar a cabo ha dado lugar a una intensa campaña política y mediática de descrédito. Conviene analizar los argumentos que sostienen los opositores a la reforma para indagar si tanta exasperación guarda alguna relación con la sustancia de las iniciativas gubernamentales. También para examinar si existen otras razones no explícitas detrás de esa fuerte oposición.
Lo primero a tener en cuenta es que la reforma ha sido presentada bajo dos formatos diferentes. Una primera formulación se limita a un proyecto de ley que busca introducir cambios en la organización de la Justicia Federal de un modo más o menos rápido. El nuevo estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandaba pasar a la ciudad competencias ordinarias que estaban en la Justicia Federal. Por ese motivo, durante el gobierno de Macri, el ministro de Justicia Germán Garavano había preparado un proyecto con ese objetivo que ha sido incorporado en la nueva iniciativa. El proyecto de Alberto Fernández es más amplio porque supone un reordenamiento general de todo el sistema de Justicia Federal en el país y no solo en la capital. Si bien el contenido de esta parte de la reforma es más bien técnico, es evidente la carga política que tiene disolver el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py.
La otra presentación de la reforma es muy embrionaria y se ha limitado a la designación por el Poder Ejecutivo de un Consejo Consultivo de 11 miembros para que eleven una propuesta de reforma que aborde cuatro temas: Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, Ministerio Fiscal y juicio por jurados. El Consejo carece de poder decisorio, es meramente consultivo, de modo que cualquiera que sea su dictamen, el presidente tendrá inevitablemente que recogerlo en un proyecto de ley que debería luego ser elevado al Congreso para seguir el recorrido de cualquier trámite ordinario.
En general, quienes se han manifestado en contra de la reforma, comienzan sus exposiciones reconociendo la necesidad de una reforma judicial dado el mal funcionamiento de la Justicia en Argentina y el desprestigio que por variados motivos soportan los jueces ante la opinión pública. Pero afirman a continuación que no están de acuerdo con esta reforma acudiendo a diversos argumentos que, apretadamente, son los siguientes:
Falta de oportunidad de la reforma: Se afirma que en el marco de la pandemia no se dan las condiciones para un debate sereno como el que requiere una reforma judicial de esta envergadura. Si bien reconocen que nunca existe un momento especial, consideran que hay momentos mejores que otros. Bajo semejante premisa debería detenerse la actividad del Congreso durante todo el período que dure la pandemia –estimado al menos en dos años por la OMS- lo que parece poco razonable y contradictorio con la demanda que se venía formulando por la supuesta parálisis de las cámaras.
La presencia de Carlos Berardi en el Consejo Consultivo: Consideran que siendo Carlos Berardi abogado de Cristina Fernández de Kirchner, no debería estar en el Consejo Consultivo por existir un “conflicto de intereses”. Para los grandes medios, el Consejo Consultivo se ha convertido en la “comisión Berardi”. El argumento carece de consistencia jurídica puesto que no entra dentro de los objetivos del Consejo el estudio de las causas de CFK. Por otra parte, es notoria la doble vara de medir de los impugnantes. Durante el gobierno de Mauricio Macri también se impulsó un proyecto de reforma judicial denominado “Justicia 2020” y se designó como coordinador general al abogado Ricardo Gil Lavedra, quien era a la sazón abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti en el juicio penal que tuvo por el fajo de dólares encontrado en su domicilio. Nadie tuvo la disparatada ocurrencia de impugnar la presencia de Gil Lavedra por ese motivo.
La teoría de la sospecha: Para los “librepensadores” que se refugian en el Club Político Argentino toda iniciativa que provenga de un gobierno peronista es susceptible de sospecha. Bajo esa premisa, Alejandro Katz asegura que la reforma es un “intento de control sobre la Justicia y de búsqueda de impunidad”. Roberto Gargarella, más comedido, lo pone entre signos de interrogación: “Reforma judicial: ¿nueva impunidad?”. Sorprende tanta seguridad. ¿Cómo se pueden hacer estas afirmaciones de algo desconocido que ni siquiera ha conseguido la densidad de un texto escrito? El Consejo Consultivo apenas se ha reunido y no ha emitido ningún dictamen, de modo que es imposible, desde la racionalidad, adelantarse a dar una opinión. En cuanto a la ley de reforma de la justicia federal no afecta para nada los juicios que están en trámite ante los tribunales orales, de modo que es imposible atribuirle algún efecto colateral.
El contexto: Cuando una periodista le preguntó al constitucionalista Daniel Sabsay que le indicara los artículos de la ley presentada en el Congreso que podían interpretarse como destinados a conseguir la impunidad de CFK, dijo que en el texto no los había, pero que había que interpretar el contexto. Como es obvio, la invocación al contexto en Argentina es una invitación a escribir un tratado de sociología. Probablemente para Sabsay el contexto estaría dado por algunos conflictos con el Poder Judicial que tuvieron lugar durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Para otros, el contexto estaría signado por la estructura de espionaje ilegal montada durante el gobierno de Mauricio Macri y la intervención de la AFI en la manipulación de causas judiciales de Comodoro Py para conseguir el procesamiento de los dirigentes de la oposición. Es difícil ponerse de acuerdo en cual es el contexto más relevante.
El asalto al Poder Judicial: Según un editorial de La Nación “la reforma que se dispone a aprobar el Senado no es tal sino principalmente un aumento del número de juzgados para llenar con gente propia”. La presunción de que los nuevos jueces designados por concurso ante el Consejo de la Magistratura responderán agradecidos al gobierno que los designó revela justamente uno de los problemas que debe abordar la reforma. Es un argumento a favor de la necesidad de la reforma más que de lo contrario.
La cláusula Parrilli: Según el proyecto de la ley, los jueces que consideran que han recibido una presión de cualquier poder fáctico o mediático deben ponerlo en conocimiento del Consejo de la Magistratura. Se trata de una cláusula sobreabundante porque el cuidado y la preservación de la independencia judicial es una obligación implícita en el cometido del Consejo de la Magistratura. De modo que solo desde la desmesura se puede afirmar que esa cláusula “es un intento de acallar voces y limitar el debate democrático”.
La falta de consenso previo: Tal vez este sea el argumento más serio de todos los que se han invocado. Se afirma que en una democracia procedimental, las reglas de juego son muy importantes y los jueces son los árbitros de aplican esas reglas de juego. Por consiguiente, la alteración de las reglas de juego requiere de fuertes consensos para evitar que el terreno de juego quede desnivelado a favor de uno de los participantes. Por ese motivo cuando se trata de modificar reglas de juego o la propia Constitución, se exigen mayorías cualificadas. ¿Es este el caso? La verdad que no lo sabemos porque ignoramos el calado que tendrá la reforma Hasta ahora el presidente se ha limitado a pedirle opinión a un conjunto calificado de juristas para recién tener un esbozo de reforma que presentar ante el Congreso. Lo único cierto es que resulta difícil obtener consensos si no existe una propuesta previa. De modo que lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández es algo similar a lo que hizo Mauricio Macri cuando designó a Ricardo Gil Lavedra coordinador del proyecto Justicia 2020 y puso a trabajar en la iniciativa a un conjunto de juristas. Ningún editorialista salió entonces a reclamar que convocara a la oposición porque ese sería, en el mejor de los casos, un paso posterior, que se puede dar perfectamente en el terreno del Congreso convocando a todos los sectores de la sociedad civil, incluyendo a los religiosos como quiere el Club Político Argentino para reservarle un lugar a la DAIA.
Cabe ahora preguntarse: ¿por qué tanta alharaca?, ¿por qué tanto banderazo anticipado si no tenemos ni siquiera un proyecto escrito? No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta que tanto ruido mediático, tanta retórica quebrada al estilo Luis Brandoni, persigue un único objetivo político: detener la reforma, tal como lo ha exigido de modo contundente la presidenta de Pro, Patricia Bullrich. Ahora bien, dado que estamos en tiempos de la sospecha, cabe también presumir que con estos planteamientos lo que en el fondo se busca es que nada cambie para que todo siga como está: conservar el terreno favorable y amigo que consiguió Mauricio Macri trajinando la Justicia Federal de Comodoro Py, echando a jueces y camaristas díscolos y colocando en su reemplazo a otros más maleables. Ese sistema de jueces federales sensibles a los requerimientos de los poderes fácticos, capturados por los servicios de inteligencia y atenazados de miedo por el poder mediático, son los que la derecha conservadora quiere preservar y ningún cambio “sospechoso” debería venir a alterar la laboriosa tela de araña tejida a lo largo de cuatro años. La existencia de este sector del poder judicial, cooptado por una facción política, explica también la predilección que los procesados por causas vinculadas al espionaje ilegal tienen por Comodoro Py. Gustavo Arribas y Silvia Majdalani vienen haciendo denodados esfuerzos para que la causa del juez federal de Zárate pase a la CABA. El mismo empeño puso el fiscal Stornelli –hasta ahora sin suerte- para que la causa del falso abogado D’Álessio le fuera sustraída al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y pasara a Comodoro Py.
Resulta difícil conseguir un consenso si una de las partes se muestra recalcitrante a todo cambio. Un presupuesto de la política consensual es la voluntad de aceptar cambios y ceder posiciones. De lo contrario el consenso se convierte en un argumento de circunstancia para forzar el inmovilismo político. Ha sido Ricardo Alfonsín quien ha resumido acertadamente el quid de la cuestión: “La derecha cree que la democracia solo se respeta cuando se aceptan sus políticas”. Ninguna democracia auténtica puede funcionar bajo semejante premisa.
