Aleardo Laría.
Karl von Clausewitz (1780-1831) ha sido el comentarista militar que describió con mayor crudeza, sin acudir a eufemismos, la esencia de las guerras. En su conocida obra De la guerra (Ed. Labor) sostiene que la guerra constituye un conflicto de grandes intereses solucionado de manera sangrienta, “un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario”. Consideraba que la violencia armada no interviene más que como un último recurso para cortar el nudo de los conflictos insolubles. Reconocía que cuando se busca quebrar la voluntad de lucha del adversario se cae indefectiblemente en una dinámica por la que se procura infligir el mayor daño posible al rival, actuando sin contemplaciones para producir el mayor sufrimiento. Añadía que “como el uso máximo de la fuerza física no excluye en modo alguno la cooperación de la inteligencia, el que usa esta fuerza con crueldad, sin retroceder ante el derramamiento de sangre por grande que sea, obtiene una ventaja sobre el adversario, siempre que éste no haga lo mismo”. A la vista del comportamiento que adoptan los actores en los conflictos actuales que se libran en Ucrania y en Palestina, resulta difícil poner en duda las agudas observaciones de Clausewitz.
El Derecho Internacional
A pesar del pesimismo antropológico de Clausewitz, lo cierto es que frente a los horrores de las dos guerras mundiales libradas en el siglo XX, la comunidad internacional ha venido haciendo esfuerzos en dos direcciones paralelas. Por una parte, el intento de eliminar progresivamente el empleo de la fuerza en las relaciones internacionales que culmina con la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza (ius contra bellum) salvo en el caso de legítima defensa individual o colectiva como respuesta a un ataque armado actual. Esta prohibición da lugar posteriormente a una excepción en relación con las llamadas guerras coloniales debido a la mención que hace la Carta de la ONU sobre “la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”. Por tanto, se considera que el mantenimiento de una dominación colonial constituye una agresión permanente y que los movimientos de liberación nacional pueden emplear, en ejercicio de su derecho de legítima defensa, todos los medios a su alcance.
Por otra parte, se han actualizado las normas que regulan el ejercicio de la guerra (ius ad bellum) estableciendo algunos límites al uso de la fuerza. Es decir que de modo pragmático se intenta que cuando la guerra no ha podido ser evitada, discurra al menos por unos cauces que eviten el sufrimiento innecesario, tanto de quienes participan en ella como de quienes son víctimas involuntarias de la acción armada. En la Conferencia de Ginebra de 1949 se adoptaron cuatro convenios: 1) para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas en campaña, 2) para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos civiles, 3) relativo al tratamiento de los prisioneros de guerra y 4) relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra. Estas normas internacionales se han ido ampliando, como por ejemplo la Convención de 1980 sobre prohibición del uso de ciertas armas consideradas excesivamente nocivas (minas antipersonales). Resulta de interés, por la actualidad que tiene, el Protocolo I de Ginebra que amplía la protección de la población y bienes civiles al establecer como obligación de las partes en un conflicto de dirigir sus ataques solo contra objetivos militares (art. 48). Define como objetivos militares “aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar” y presume que no lo son los lugares de culto religioso, las viviendas particulares, las escuelas y los hospitales. La prohibición del castigo colectivo en el derecho internacional humanitario se basa en uno de los principios más antiguos y más básicos del derecho penal, el principio de la responsabilidad individual. En el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra se establece que «ninguna persona protegida puede ser castigada por un delito que no haya cometido personalmente. Las sanciones colectivas y, asimismo, todas las medidas de intimidación o de terrorismo están prohibidas».
Los castigos a la población
Si observamos ahora, a la luz del Derecho Internacional, los enfrentamientos armados que se han producido en Gaza e Israel es fácil comprobar que tanto Hamás como el Estado de Israel han cometido y continúan cometiendo excesos que vulneran el derecho humanitario. Por parte de Hamás, se ha producido el ametrallamiento de civiles desarmados que participaban de un festival rave que había reunido a unas 3.000 personas en el desierto del Neguev a unos 25 kilómetros de la frontera. Otro ataque ha tenido lugar en el kibutz Kfar Aza, situado a sólo dos kilómetros de la frontera. En estos lugares se ha producido el secuestro de numerosos civiles que fueron llevados por la fuerza a Gaza en calidad de rehenes, de modo que todos estos actos constituyen formas de castigo ejercidas sobre población civil que son claras vulneraciones del derecho internacional humanitario.
Por su parte, el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha respondido bombardeando barrios enteros de Gaza, destruyendo las viviendas de la población civil, con el pretexto de “golpear a las bases de Hamas”. El ex Jefe del Ejército, Gadi Eizenkot, recientemente incorporado al gabinete de unidad nacional, es el creador de Doctrina Dahiya, que propone un uso de la fuerza desproporcionada contra el enemigo, sin distinción entre la población civil y militar, lo que va en sintonía con la promesa de tierra arrasada que hizo Netanyahu el día que se sufrió el ataque de Hamás. Los usuarios de youtube han podido ver la demolición con misiles de un edificio de viviendas de once plantas en el centro de Gaza. Sus habitantes huyeron momentos antes al notar el impacto de un proyectil sin carga explosiva con el que los militares israelíes avisaron de que el edificio sería destruido en pocos minutos. Pero otros ataques han tenido menos testigos, como el que tuvo lugar en la localidad sureña de Khan Yunis, donde nueve niños de la misma familia murieron por la destrucción de su casa por un avión israelí. Según las autoridades de Gaza, el resultado hasta el día que se redactó esta nota ha sido de más de 22.000 viviendas destruidas, más 10 centros médicos y 48 escuelas dañados. Las bombas caen sobre una franja de 40 kilómetros de largo por 10 de ancho donde viven más de 2,3 millones de personas lo que provoca miles de desplazados en un lugar en el que no hay adónde ir. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada en Palestina (UNRWA) el lunes 9 de octubre, segundo día de bombardeos en Gaza, más de 400 civiles fueron víctimas de los bombardeos, entre ellos 78 niños. “Estamos imponiendo un asedio total a Gaza (…) ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado”, dijo el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en un video, refiriéndose a la población de este enclave palestino. “Estamos combatiendo contra animales humanos y actuamos en consecuencia”, agregó Gallant.
Es evidente que el propósito buscado tanto por Hamás como por el Estado de Israel es provocar un castigo colectivo actuando sobre la población civil del otro bando con la idea de que el enorme sufrimiento provocado restará el apoyo político con el que cuentan actualmente las partes enfrentadas. En el caso del Estado de Israel, las dificultades para localizar a los insurgentes responsables de las llamadas “acciones terroristas”, le han llevado a utilizar el castigo colectivo con la esperanza de reprimir la resistencia y garantizar la obediencia voluntaria de las poblaciones ocupadas. Amnistía Internacional (AI) alertó que civiles de “ambos lados pagan el precio de una escalada sin precedentes de las hostilidades entre Israel y Gaza” y la organización exhortó a las partes a que “hagan todo esfuerzo posible por evitar más derramamiento de sangre entre la población civil” y por cumplir con los principios del derecho internacional humanitario.
El contexto
Según el gobierno israelí, luego del ataque, quedaron en Israel los cuerpos sin vida de 1400 milicianos palestinos que habían decidido entregar sus vidas con tal de inferir algún daño a sus enemigos. Un rápido recuento de las acciones desplegadas por Israel sobre Gaza permite comprender -palabra que no es sinónimo de justificar- el motivo de tanto rencor. El primer dato que se debe tener en cuenta es que en la Guerra de los Seis Días de 1967 Israel ocupó ilegalmente –con condena de varias resoluciones de Naciones Unidas– Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán sirios y el Sinaí egipcio. Al día de hoy, y a pesar de su ilegalidad, habiendo transcurrido 56 años, mantiene esa ocupación, excepto en el Sinaí, devuelto a Egipto en 1979, tras la firma de los acuerdos de paz de Camp David. Esta ocupación impide de facto la creación del Estado palestino asignado por Naciones Unidas a los palestinos en 1948.
Poco después de la victoria de Hamás en las elecciones legislativas palestinas de 2006, Israel declaró la franja de Gaza «territorio hostil» imponiendo una serie de sanciones económicas con el fin de aislar a Hamás y castigar a la población por el ejercicio de sus derechos políticos. Israel impuso un bloqueo naval que limitó las zonas de pesca en alta mar y dispuso el cierre de los pasos fronterizos para personas, bienes y servicios. Desde entonces controla el registro de población de Gaza y decide arbitrariamente quién entra y sale de la prisión al aire libre más grande del mundo. Gaza sigue dependiendo de Israel para sus servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios públicos. Estas medidas han tenido un impacto devastador en los niveles de vida y han destruido cualquier perspectiva de desarrollo económico independiente.
En diciembre de 2008 Israel llevó a cabo una ofensiva aérea y terrestre en Gaza que denominó “Operación Plomo Fundido”, nombre por demás revelador de las intenciones de sus autores. Cuando terminó la operación, dos semanas después, más de 800 civiles habían sido muertos, incluidos los que perdieron la vida buscando refugio en los complejos de la ONU que fueron blanco de Israel. En lo que se convertiría en una estrategia similar en futuros ataques, Israel destruyó hogares, edificios universitarios, escuelas, fábricas e infraestructura describiéndolos como parte de la «red de apoyo» de Hamás.
En 2014 Israel emprendió otro ataque desde el aire contra Gaza en respuesta a los misiles artesanales que periódicamente se lanzaban desde la franja. Según un informe de las Naciones Unidas «la magnitud de la devastación no tenía precedentes” contabilizando más de 6.000 ataques aéreos. Cuando finalizaron las hostilidades, Naciones Unidas informó que 2.310 civiles palestinos habían resultado muertos, incluidos 551 niños y 299 mujeres. Decenas de fábricas fueron destruidas, al igual que la única central eléctrica y las principales tuberías de alcantarillado en Gaza.
En 2018, convocados por diversas organizaciones sociales, los palestinos se dirigieron desarmados a la valla fronteriza con Israel para exigir sus derechos en la denominada Marcha del Retorno. Fueron recibidos con fuego real lo que provocó la muerte de 223 palestinos y heridas a un número indeterminado.
En mayo de 2021, en respuesta a los cohetes de Hamás, la aviación israelí volvió a bombardear numerosos edificios de viviendas y, entre ellos, el edificio que contenía bibliotecas y centros educativos de la Universidad Islámica. En todos los enfrentamientos que hemos descrito se verifica el mismo patrón de comportamiento: frente al lanzamiento de cohetes, Israel responde castigando colectivamente a la sociedad civil de Gaza y destruyendo sus edificios e infraestructuras.
Las bases de la paz
El escritor israelí Amos Oz escribió un breve opúsculo en septiembre de 2003 titulado Contra el fanatismo (Ed. Siruela) en el que expresa que el largo conflicto instalado en los territorios de Israel y Palestina se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo. Considera que una de las cosas que hacen especialmente dificultoso el conflicto palestino-israelí es que la Europa que colonizó el mundo árabe, explotándolo y humillándolo, es la misma Europa que discriminó a los judíos, los persiguió para terminar asesinándolos en masa en un crimen genocida sin precedentes. Considera que el movimiento nacional palestino debería comprender que la moderna Israel no es producto de empresa colonialista alguna. De igual modo, critica a las generaciones de israelíes sionistas que son incapaces de imaginar que hay un pueblo palestino, un pueblo real, con derechos legítimos y reales. Por ese motivo, afirma, tenemos “palestinos diariamente oprimidos, asediados, humillados, que pasan hambre y privaciones a causa del cruel gobierno militar israelí”. Amos Oz sostiene que el primer paso para resolver el conflicto tendría que ser la creación de dos Estados. Otros analistas piensan que ya es demasiado tarde para esa iniciativa porque la ocupación de Cisjordania por colonos israelíes difícilmente sea reversible. Por tanto sostienen que habría que apuntar a un solo Estado binacional, acabando con el régimen de apartheid que actualmente considera a los árabes habitantes de segunda clase. Es arriesgado en estos momentos hacer conjeturas sobre una solución política que los últimos acontecimientos han alejado en el tiempo. Sin embargo, debe quedar en pie una única certeza: no existe ninguna solución basada en la imposición militar y solo desde el reconocimiento recíproco y el respeto al derecho internacional se puede abrigar alguna esperanza de alcanzar una paz justa basada en la más estricta igualdad jurídica.
